Alcalde afirma que la concejala no debe ser restituida

Tribunal restituye en su cargo a concejala obligada a dimitir

La Acobol sostiene que tiene todas las pruebas de las amenazas y la presión ejercida contra la concejala Magda Haase para que renuncie a su cargo en Tarvita.
sábado, 09 de noviembre de 2013 · 00:34
Nancy Vacaflor / La Paz
Más de dos años  transcurrieron para que la concejala Magda Haase (MAS)  obtenga la tutela del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y  le restituya sus derechos para que retorne a sus funciones en el Concejo Municipal de Tarvita, Chuquisaca.
El alcalde del municipio, Wilfredo Ipiña, cree que el Concejo Municipal debe ratificar la suspensión de la concejala.
"El Tribunal Constitucional me da la tutela, el Concejo tendría que emitir una nueva resolución con más argumentos y no en base a la calumnia y mentira. He enviado una nota al Concejo con la resolución que es de estricto cumplimiento”, declaró la concejala Haase a Página Siete.
Aunque la concejala se siente "más tranquila” con la Resolución del TCP, lamenta que el ente deliberante esta semana no haya sesionado para resolver su  caso y emitir una nueva resolución.
Haase recordó que el 11 de mayo de 2011 fue amenazada, presionada y secuestrada por más de 13 horas para que renuncie a su cargo. A partir de esa fecha   acudió a varias instancias para denunciar el acoso y violencia política de la que fue objeto, incluyendo                                                                         a la justicia.
El Tribunal rechazó la declaración de improcedencia que dictó el juzgado de Tarabuco. La concejala asegura que todas las acciones que asumió fueron de reivindicación para  otras mujeres autoridades electas que atraviesan por su misma situación.
Hasee sostiene que la arremetida del alcalde Ipiña es producto de la fiscalización que ella realizó a su gestión, cosa que continuará haciendo una vez que vuelva al ente deliberante.
Lamentó que el alcalde siga manejando el Concejo porque esta semana debía tratar su caso y no lo hizo. "Lo voy a sentir mucho pero les voy a seguir un proceso penal a los cinco concejales”, porque no estarían cumpliendo el fallo del TCP.
  El alcalde dijo que se analizó el tema y que en el mes de junio el Concejo se ratificó en la suspensión de la autoridad electa y que esa instancia nuevamente emitirá una resolución con "sustentada” y "fundamentada” lo suficiente como pide el Tribunal Constitucional.
"Eso pide el Tribunal y eso se está analizando”, declaró a este medio de comunicación.
La concejala responsabilizó a Ipiña de todos los actos que motivaron su suspensión; sin embargo, el burgomaestre dijo que no tiene ninguna responsabilidad "porque el alcalde no tiene la atribución de suspender a ningún concejal”, sostuvo.
En un cabildo alentado por el alcalde se habría tomado la decisión de que renuncie y lo hizo porque fue amenazada.

La posición de Acobol
La Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol), que conoce todos los detalles del caso, celebró la decisión del Tribunal Constitucional, porque anula la resolución del Concejo Municipal de Tarvita.
"El Concejo tendría que rectitificar la resolución y reincorporar a la concejala a sus funciones, porque si no lo hace podrían ahora sí incurrir en el delito de acoso y violencia política”, dijo la coordinadora de Acobol, Jessi López,  a Página Siete.
Contó que la Acobol tiene todas las pruebas de las circunstancias que han rodeado los hechos en contra de la autoridad electa porque la asesora legal y una delegada  de la Asociación de Concejalas de Chuquisaca participaron en el cabildo donde resolvieron que renuncie.
  "Incluso en su momento tuvieron que intervenir en ese cabildo  señalando que no es legal, que no le podían hacer renunciar a la fuerza. Ha sufrido muchos atentados contra los derechos humanos tanto la concejala y las dos abogadas”.
   Hasee tiene 41 años y desde que fue suspendida también se le suspendió el pago de su salario. La  autoridad cuenta que tuvo que dedicarse a seguir su caso "sólo exigiendo justicia” y para que estos hechos no sucedan más contra las mujeres que son autoridades municipales.

 

"El Concejo tendría que  reincorporar a la concejala, si no lo hace podrían ahora sí incurrir en el delito de acoso y violencia política”.
Jessi López, Acobol


La violencia es permanente
La Asociación de Concejalas de Bolivia realizó una encuesta a 205 autoridades electas titulares, 121 denunciaron que sufren acoso y violencia política.
En el país hay 786 concejalas, la muestra sólo fue a 205 y aunque 121 dicen ser objeto de violencia, la mayoría de este grupo no denuncia el hecho.
Los datos también revelan que los tipos de violencia más común tienen que ver con la presión para que las mujeres autoridades renuncien a sus cargos, también  la difamación pública, la discriminación y el bloqueo en la información para el ejercicio de sus funciones.
 
 
 
 

Confidencial

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