Sobre paralización de la investigación del triple linchamiento

Oficialismo critica injerencia de organizaciones en justicia

La diputada oficialista Flora Aguilar destacó que ningún reglamento de organizaciones indica que se debe obstruir la justicia.
lunes, 9 de diciembre de 2013 · 22:52
Beatriz Layme / La Paz
Diputados y senadores del MAS rechazaron la injerencia de organizaciones sociales en asuntos judiciales, como ocurrió en Ivirgarzama, donde la Federación Sindical de Comunidades Carrasco Tropical de Cochabamba envió al menos siete cartas a ministros y autoridades judiciales para que detengan las investigaciones del caso del triple linchamiento ocurrido en 2009.

Los parlamentarios recordaron que la Constitución Política del Estado garantiza el derecho a la vida y cualquiera que viole ese derecho debe ser procesado.
El 10 de enero de 2010, Celso Frontanilla Yapura (miembro de la federación que envió las cartas) fue detenido como el principal sospecho de ese crimen.  
Desde esa fecha, la Federación Sindical de Comunidades Carrasco Tropical, afiliada a las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, se movilizó y envió al menos siete cartas a ministros y autoridades judiciales para que lo liberen. Tiempo después, Frontanilla quedó libre.
Para el senador del MAS  René Martínez  nadie puede aplicar la justicia con sus propias manos, porque ese accionar vulnera el Estado de Derecho y las organizaciones sociales deben entender que "politizar los procesos judiciales  no hace nada bien a la justicia boliviana”.
"No me parece correcto que algunas personas  utilicen el nombre de las organizaciones sociales para  distorsionar o impedir investigaciones. El desafío de la autoridad pública es poder profundizar las investigaciones y a partir de ahí detener a los responsables de cualquier linchamiento”, manifestó Martínez.
En la misma línea, la jefa de bancada del MAS en la Cámara de Diputados, Flora Aguilar, aseveró que los dirigentes y miembros de los movimientos sociales "no pueden  presionar a las autoridades judiciales a título de organizaciones o movimientos sociales para frenar una investigación, porque el  estatuto y reglamento interno de cada organización no dice que tenemos que obstruir la justicia”.

El senador del mismo partido  Eduardo Maldonado  señaló que en un Estado de Derecho se debe garantizar que la administración de justicia sea imparcial, y las organizaciones sociales, los partidos, "deben ser capaces de respetar el accionar independiente de quienes administran la justicia en Bolivia”.  
La ejecutiva de las Bartolinas, Felipa Huanca, dijo que la "presión” que las organizaciones sociales ejercen contra autoridades judiciales  "se debe a que protegen a sus dirigentes, porque cuando la gente descubre a un delincuente, lo entregan a la Policía, y luego lo deja libre”.

EL  pasado mes, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH, Dennis Racicot, pidió al Gobierno actuar de forma drástica contra quienes toman la justicia con mano propia.

Un opositor culpa al Gobierno
El senador Marcelo Antezana (CN) afirmó que la retardación y el manoseo de la justicia en casos de linchamiento que se registraron en Cochabamba  se debe a que el Gobierno dio poder a las organizaciones sociales con el único objetivo de contar con su respaldo.
 "Quien tiene gran culpa es el oficialismo, por la presión política  que ejerce sobre el Ministerio Público y el poder que dio a los movimientos sociales. Es por esa razón que los casos de linchamiento siguen impunes y se siguen cometiendo asesinatos”, indicó el parlamentario.

 

 


   

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