La ABT y Fegabeni ya planifican los chaqueos en Beni

Ven interés electoral en permiso para el desmonte de bosques

La Fundación Tierra cree que el Gobierno, con su nueva disposición, ratifica una nueva política agraria en el país. Oficialismo defiende la decisión del Gobierno.
jueves, 06 de marzo de 2014 · 00:28
Nancy Vacaflor  / La Paz
Mientras la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) y la Federación de Ganaderos de Beni (Fegabeni) ya planifican el desmonte y los chaqueos que se iniciarán desde el 15 de agosto, las diputadas Rebeca Delgado (MAS) y Marcela Revollo (MSM) afirmaron que la autorización que el Gobierno dio a esa actividad responde a intereses políticos.
Antes, cada año los ganaderos debían tramitar  una autorización expresa de la ABT para proceder al desmonte; sin embargo, en virtud del convenio del sábado entre el Gobierno y Fegabeni, se emitirá un decreto  supremo para superar esos trámites y proceder al desmonte de hasta un 10% de bosques para el refugio y alimentación del ganado.
Asimismo, el Órgano Ejecutivo autoriza la creación de un fideicomiso para el repoblamiento ganadero, un programa de créditos y una reprogramación para el pago de éstos, propuestas que surgieron en la reunión de ministros y la Federación de Ganaderos de Beni.
Politización
"Todo esto que están haciendo en realidad no parece formar parte de una ayuda humanitaria, sino de proselitismo político porque lo primero   que debían hacer es declarar desastre”, declaró la diputada Delgado.
Observó también la decisión de permitir el desmonte de los bosques, porque se trataría de "otro perdonazo”. "Eso también va en contra de la Constitución y contra el medio ambiente. Ya se han sacado dos leyes ampliando”, sostuvo.
Para su colega del Movimiento Sin Miedo (MSM) Marcela Revollo, "el Gobierno no hace nada que no sea un cálculo político, ni siquiera el apoyo a las víctimas de las inundaciones. Por tanto, la declaratoria de emergencia le servirá para aproximarse a un sector (ganaderos) que en Beni no vota por el MAS”, afirmó.
El senador Fidel Surco (MAS) rechazó estas acusaciones y dijo que el Gobierno tiene la responsabilidad de apoyar a todos los sectores que fueron afectados por las inundaciones.

"Veremos si la misma generosidad se expresará en todas las comunidades del TIPNIS, no sólo a las comunidades que dijeron sí (al MAS)”, dijo Revollo.

La senadora beniana Jeanine Áñez dijo que se espera que el Gobierno cumpla los compromisos que está adoptando, porque el sector productivo necesitará al menos cuatro años para recuperarse del desastre.

Antecedentes
Ley En enero de 2013 se promulgó la Ley de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques, norma que permite el saneamiento de predios con desmontes que se hayan realizado sin autorización entre el 12 de julio de 1996 y el 31 de diciembre de 2011. Se insta a los grandes empresarios del agronegocio a acogerse a la norma.
Medidas Producto de las inundaciones, las autoridades gubernamentales  anunciaron una serie de medidas para los empresarios ganaderos, como definir un porcentaje para el desmonte de bosques, hacer una pausa en la verificación de la función económica y social en los predios que se inundaron, suspender temporalmente la aplicación de los procesos administrativos por "quemas”, la creación de un fideicomiso para repoblar la ganadería, programas de créditos y reprogramación en la cancelación de los créditos.
   Equidad Exigen que el Gobierno también asuma medidas de apoyo a los sectores más vulnerables como los pueblos indígenas.

Fundación Tierra: La medida no responde a una política integral

La Fundación Tierra cree que las disposiciones gubernamentales para el sector productivo de Beni no responden a una política integral y que sólo ratifica la nueva política agraria en el país.
"Las medidas que está tomando el Gobierno, si bien va a paliar la situación del sector productivo, no será una solución y no integra a la totalidad de los afectados. Sólo se beneficiará a un sector (ganadero) de la sociedad”, declaró el responsable de la oficina regional de Santa Cruz, Miguel Vargas.
Acotó que hasta el momento no se conocen las acciones concretas para apoyar –por ejemplo– a las comunidades indígenas, que por sus condiciones de vulnerabilidad son las más afectadas y, de forma directa, por las intensas lluvias en el país.
"En realidad, estamos ante la consolidación de una política agraria que tiene como elementos la paralización de la Función Económica y Social (FES) y la ampliación de la frontera agrícola que atenta a los elementos fundamentales de la Madre Tierra”.
Las características importantes en la reconducción agraria son el cuidado del medio ambiente y de los espacios de bosques; sin embargo, con el desmonte de las áreas boscosas  tendrá un impacto medioambiental, que de forma momentánea puede constituirse en un paliativo para los sectores afectados por las lluvias, sin embargo, no es una política integral, dijo.
 Vargas comentó que en la gestión 2008, cuando se produjo una inundación de las mismas características, no se suspendió la verificación de la función económica y social de las tierras, sino se hizo una adecuación de acuerdo a factores climáticos.
La jefa de la bancada del MAS, Flora Aguilar, informó que dicho proyecto de ampliación de la pausa en la verificación de la FES está paralizado porque hubo sectores sociales que se opusieron a este planteamiento.

La pausa en la verificación de la FES es ilegal, dice Delgado

    La diputada disidente del MAS  Rebeca Delgado  observó la legalidad de la pausa en la verificación de la Función Económica y Social (FES) en los predios afectados por las inundaciones, hasta que se restablezcan las condiciones para reanudar sus actividades.
  "A los que no cumplen la FES, se les revierte las tierras y punto. Eso dice la Constitución (...). Ahora no es que les interesa, (a los del Gobierno) los benianos, sino que están aprovechando el tema porque no se puede hacer sólo para una región. La  ley tendrá que tener un carácter de generalidad, y me parece que van a aprovechar este momento para promover una ley inconstitucional”, afirmó la diputada Delgado.
La intención de ampliar de dos años, como está establecido en la Ley de Reconducción Comunitaria, a cinco años la verificación de la FES es totalmente inconstitucional, insistió la asambleísta.
A título personal, el senador Fidel Surco (MAS) sostuvo: "Ampliar (años) es otorgarles una libertad... esos cinco años (será) para que no puedan cumplir. Eso sería grave y se podrían inclusive aprovechar estos avasallamientos”.
Dijo que incluso el tema podría crear descontento entre las comunidades interculturales y campesinas, porque tienen pequeñas tierras que no producen mucho, frente a otros grupos sociales que tienen extensas tierras, lo que no es equitativo entre los propietarios de tierras.

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