Entrevista

Manuel Canelas: “La fuga de capitales no tiene signo político ni ideológico”

“Es un problema que afecta a la soberanía de los Estados y la capacidad de su hacienda pública”.
domingo, 16 de octubre de 2016 · 02:00
Página Siete / La Paz
El diputado Manuel Canelas (MAS), presidente de la comisión mixta de la Asamblea Legislativa que investiga a las empresas y personas que figuran en los Papeles de Panamá, sostiene que la fuga de capitales "es un problema que no reconoce signos ideológicos”, que "afecta a la soberanía de los Estados y a la capacidad de su hacienda pública”.

"Es un problema que no tiene un sesgo ideológico; tampoco lo tiene la gente que salió en la filtración, donde hay alguien conservador como Mauricio Macri y empresarios vinculados a gobiernos de izquierda”, declaró el parlamentario en el Desayuno de Trabajo de Página Siete. 

En ese sentido -sostiene-,  la respuesta a este problema tiene que ser transversal y no puede ser coyuntural, ya que la solución a los problemas de la evasión fiscal y la fuga de capitales interesa a todo Gobierno, más allá de su signo político e ideológico, porque "a todos les interesará recibir una hacienda pública con más dinero”.

Canelas dijo que la comisión que preside no sólo busca investigar a las personas y empresas involucradas en los Papeles de Panamá, sino hacer pedagogía ciudadana, a fin de que la ciudadanía entienda que la fuga de capitales es un problema que afecta a todos.

¿Cómo surge la comisión? ¿Cuál es el origen de esta iniciativa? 

Cuando se produce la filtración, que tiene una repercusión mundial debido a los personajes, empresarios y personas jurídicas involucradas, surgen diferentes iniciativas. Hay estados en los que la investigación recae  en el Ministerio Público. En otros,  que son los menos, se realizan investigaciones legislativas. Nosotros nos inscribimos en este segundo grupo. El fiscal envió en un primer momento una comisión, pero no con muy buen resultado porque no tenían  una investigación penal abierta.
 
Es muy difícil intercambiar información cuando no tienes una investigación en proceso. Por eso se constituyó la comisión en la Asamblea Legislativa, a iniciativa del Gobierno, para investigar un tema que, entendemos,   es muy importante. La conforman nueve miembros, seis por el oficialismo y tres por la oposición. Tuvimos una primera reunión para definir la presidencia. Por suerte, digamos, cuento con el consenso y la confianza de todos los miembros, oficialistas y opositores. Yo confío en que esta sea la tónica hasta que terminemos el trabajo en diciembre. Estando todos de acuerdo, se pactó un cronograma y una metodología de trabajo.

¿Cuál es objetivo de la comisión?  

El primer objetivo, de la mano de las instituciones estatales que tienen que ver con esta materia, es hacer propuestas de mejoramiento normativo-institucional. Hemos tenido la visita de todas las autoridades: de empresas, Impuestos Internos, ASFI, Ministerio de Transparencia, etc. Todos nos han contado  lo que han empezado a hacer desde el inicio de la filtración y todos también apuntan a que podrían hacer mejor las cosas si se mejorase "X” ley, "X” formulario o "X” decreto, si hubiese una mayor coordinación institucional.
 
Entonces, nuestro primer objetivo, y en eso estamos de acuerdo todos, es tener propuestas trabajadas en diciembre para ser más eficientes en esta materia, porque este es un problema que no reconoce signos ideológicos, es un  problema de la soberanía de los estados y de la capacidad de tu hacienda pública. Hay muchos ejemplos en el mundo. El partido de centro español Ciudadanos incluía en su propuesta de gobierno políticas muy duras contra los paraísos fiscales.
 
El presidente Barack Obama tiene montones de discursos en los que critica con mucha dureza la existencia de 12.000 empresas gringas en un edificio en Las Bahamas y Obama decía: "O estamos delante del edificio más grande del mundo o delante de una estafa fiscal gigantesca”. El Ayuntamiento de Barcelona ha tomado la decisión de no contratar a empresas que presten servicios públicos a empresas que tengan su dinero en paraísos fiscales.
 
Entonces, es un problema que no tiene un sesgo ideológico. Tampoco lo tiene la gente que salió en la filtración. Hay alguien conservador como Mauricio Macri y empresarios vinculados a gobiernos de izquierda. Entonces, la respuesta tiene que ser también transversal, no coyuntural. Ahora gobernamos nosotros, pero al Gobierno siguiente  le interesará recibir una hacienda pública con más dinero, evitar que se fuguen capitales, evitar que la gente no pague sus impuestos.

¿Y los otros objetivos?

El segundo objetivo es intentar que la ciudadanía, algo que suena muy abstracto y muy lejano, entienda que es un problema que afecta a todos. Que haya grandes propietarios  que tienen su dinero en los paraísos fiscales afecta a todos. Les afecta porque mucha de esa gente que tiene su dinero allí probablemente no ha cumplido sus obligaciones tributarias y debido a eso hay menos recursos. Queremos hacer una suerte de pedagogía ciudadana. Tenemos muy claro cuáles son los sectores de la informalidad que no tributan y está mal que no tributen.
 
Eso está muy claro en el imaginario ciudadano, pero tenemos que poner la lupa en los grandes propietarios y grandes empresarios. Y el tercero es ver los casos de la lista en que se tenga más material y más investigación para usarlos como ejemplos en las conclusiones de diciembre. Es decir, un determinado caso, con la información que nos proporcione Impuestos, si hay indicios de irregularidades para pasarlo al Ministerio Público.

¿Cuál es el estado de la investigación en este momento?

Nosotros pactamos el cronograma y la metodología. En un primer momento, contar con expertos nacionales e internacionales que nos den mejores herramientas, en el entendido   que no somos expertos, más el apoyo de un equipo técnico de la comisión. Un segundo punto es el que hemos terminado, que vengan las instituciones estatales y que nos digan lo que hicieron cuando salió la filtración y sus resultados preliminares. Las dos fases que quedan son: con la información que tenemos de las instituciones estatales, queremos establecer un criterio para discriminar qué casos vamos a ver en profundidad. No quiere decir que haya casos que no se vayan a ver, pero serán las instancias correspondientes las que vayan a seguir investigando.

Vivimos en un mundo de mercados globales, donde los capitales también son globales, y Bolivia tiene la aspiración de atraer inversores e internacionalizar sus inversiones. ¿Cómo se conjuga esto  con eventuales restricciones al flujo de capitales?  

Está el manifiesto de los 400 economistas que salió el año pasado, en el que economistas con posiciones diferentes estaban de acuerdo en que no hay justificación económica alguna para la existencia de los paraísos fiscales. Los paraísos fiscales son una suerte de contabilidad "B”
internacional. Esos economistas dicen que los paraísos fiscales no tienen justificación económica, que no sirven al buen funcionamiento de una economía de mercado, que perjudican la libre competencia. Ni siquiera un economista liberal defiende la existencia de un paraíso fiscal. Una cosa es fomentar las inversiones extranjeras, que Bolivia incremente su presencia en otros estados a través de inversiones, se puede defender, pero otra cosa  es defender una contabilidad "B” internacional que perjudica a la soberanía estatal, a la capacidad de nuestras haciendas públicas, a tener más recursos y a la estabilidad de tu moneda. 

¿Dónde está la línea que separa lo legal de lo ilegal con las offshore? Mucha gente tiene ese tipo de empresas o hace algunos depósitos en otro país sin que eso signifique que sea delictivo.

Esto no está para nada reñido con la expansión de tus inversiones, con el desarrollo de la innovación y la tecnología. Si yo soy un emprendedor cochabambino de software y aquí no veo condiciones, monto una empresa en Arizona, la constituyo, etc., para desarrollar mi negocio. Hay muchos lugares y muchas maneras de hacer eso bien, reglamentariamente, pagando tus tributos, depositando tu dinero en un banco. La discusión sobre la legalidad o ilegalidad surge con los paraísos fiscales.
 
¿Es legal abrir una cuenta en Panamá? Por supuesto que es legal, pero, como nos decía una experta española, si tú quieres llevar tu dinero a un sistema financiero más estable, más seguro, ¿por qué llevarlo a Panamá? Porque si tú lo llevas a España, en España te preguntan si pagaste tus impuestos en Bolivia, cómo ganaste ese dinero en Bolivia, etc., y ese dinero ingresa al sistema financiero español. Por lo tanto, paga una tasa y todo es transparente, pero si tú lo llevas a Panamá pagas, no sé, 200 dólares, y ellos te hacen todo, te abren la cuenta. Si es una empresa, no tienen que declarar la cartera de accionistas, los balances anuales, nada.
 
La pregunta que se hace esta experta española es, si yo he hecho bien las cosas en mi país, por qué apelar a un mecanismo tan opaco y no a uno transparente del sistema financiero europeo. Es un tema de transparencia. La legalidad oculta varias cosas. Decir que abrir una cuenta en Panamá es legal, nadie lo discute; el tema es el origen y la trayectoria del dinero, en este caso boliviano, que va a Panamá. Claro, no todo el dinero tiene origen en el narcotráfico o el terrorismo. Desde luego, esta gente también elige estos mecanismos, pero tú puedes tener una actividad lícita, una empresa de zapatos, pero quieres encontrar trampas tributarias y entonces llevas tus ganancias a un paraíso fiscal.

¿La investigación se está centrando en Panamá o se ha  ampliando a otros paraísos fiscales?

Por tiempo y por condiciones no tendría sentido que pongamos el foco en otros paraísos, como, por ejemplo, Bahamas, donde también  hace poco ha salido, se ha producido una filtración. Lo que sí es cierto es que a partir de la lista de 95 nombres de los Papeles de Panamá hay muchas derivaciones. Hay gente que, por ejemplo, apareció en la lista de Mossack Fonseca Panamá, no tiene empresa en Panamá; es boliviano, pero abrió una empresa en Salvador, se la abrió Mossack Fonseca Nevada. Entonces, sí estamos incluyendo esas vinculaciones dentro del árbol.
 
No serán objeto de nuestra investigación, pero probablemente sí de Impuestos, ASFI o Transparencia.

Tratándose de un problema transnacional, ¿hay parámetros de organismos internacionales para este tipo de investigaciones y que eviten la suspicacia política que podría generar el informe de una comisión con mayoría oficialista? 

No hay mecanismos de control internacional, no los hay. Naciones Unidas tiene un comité de expertos en estos temas, pero no ha tomado ninguna iniciativa vinculante. Tampoco a nivel de Unasur ni a nivel de SELAC, pero sí existe un consenso internacional entre economistas y políticos de diferentes ideologías, desde Obama hasta líderes de izquierda,  empieza a haber una idea, de que esto no está bien y hay algunos ejemplos concretos. Uno de los más próximos, uno de los que mejor ha hecho las cosas, es Ecuador, que está en una senda razonable a nivel internacional. Ecuador va a llevar a cabo un referéndum para que cualquier persona que aspire a representar el interés general, sea ministro o diputado, no pueda tener su plata en un paraíso fiscal. 

Otro ejemplo es el del Ayuntamiento de Barcelona, que ha decidido no pagar con dinero público a empresas que prestan servicios públicos y que tienen su plata en paraísos fiscales. Nadie puede defender la evasión fiscal. Si tú eres gobernante conservador o progresista y quieres tener recursos, podrás tener más o menos flexibilidad en un impuesto, pero no quieres que haya fronteras porosas para tus capitales. 

Se desconoce el monto de los capitales bolivianos radicados en paraísos fiscales

 Canelas admite que las autoridades  desconocen el monto de los capitales bolivianos radicados en Panamá y en otros paraísos fiscales.

"No tenemos todavía el dato consolidado”, dice. "Tenemos una información relativa por consolidar del Banco Central que hay que cruzar con la de la ASFI, con Aduanas,  pero tenemos algunos problemas para determinarla”, agrega.

Hasta hace un par de años -señala-, no existía un formulario que obligue a especificar el destino del dinero que se envía al exterior. "Tú llenabas el formulario diciendo que pagaste tus impuestos de transferencias o remesas al exterior, el motivo de la transferencia o no, pero no necesariamente ponías el país de destino”, aclara. 

"En otros países, los formularios son más amplios, más exigentes y con información más detallada, lo que te permite saber la cantidad que salió rumbo a Ecuador o   a Albania. Esa información consolidada y tan amplia   no la tenemos en Bolivia”, afirma.

Agrega que "lleva muy poco tiempo, muy poquitos años, si no me equivoco menos de dos, que es estrictamente obligatorio proporcionar esa información en Bolivia”.

Lamentablemente, afirma, "hay muchos menos requerimientos de precisión de información cuando tú sacas millones fuera del país que cuando depositas 200 bolivianos  en un banco.
 
Debería haber ese mismo grado de exquisitez cuando tú mandas millones al exterior”, dice.
 
”Hay que desincentivar y combatir la fuga de capitales”
 
El presidente de la comisión legislativa que investiga la presencia de empresas y empresarios bolivianos en los Papeles de Panamá, Manuel Canales, propone adoptar mecanismos para combatir y desincentivar la fuga de capitales. 

 "Yo diría que lo que hay que afinar más son los mecanismos de combate y de desincentivo para el traslado de capitales a paraísos fiscales. Hay varios mecanismos que no pasan por cargas impositivas, pasan por afinar y tener un poco de imaginación para desincentivar eso”, señaló.

En este marco, sostiene que quienes manejan dinero público no deberían tener capitales en paraísos fiscales, porque es como si un contrabandista manejara Impuestos Internos.

"Los que manejan dinero público o representan intereses públicos no pueden tener sus cuentas ahí,  pero creo que hace falta un nivel de conciencia mayor de parte de la ciudadanía para que ese planteamiento se convierta en una  demanda”, afirmó.

La investigación periodística internacional sobre los Papeles de Panamá reveló la participación de cientos de políticos, personajes y empresarios de todos el mundo, incluidas 95 empresas, 18 clientes, 8 beneficiarios y 35 accionistas bolivianos, en sociedades offshore creadas y gestionadas por el bufete de abogados panameño Mossack Fonseca.


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