“La vulnerabilidad de las ONG es cada vez mayor con la 351”

La directora de Unitas recordó que el Gobierno hace diferencias entre los que lo apoyan y los que no, por lo que los últimos serán víctimas de represalias.
martes, 1 de noviembre de 2016 · 01:01
Wendy Pinto  / La Paz

La directora ejecutiva de la red Unitas, Susana Eróstegui, manifestó que  la vulnerabilidad de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) es mucho mayor que antes, luego de que el  Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declarase constitucional -a través de un sentencia emitida en diciembre de 2015- la Ley 351 y el DS 1597, sobre la libre asociación de las ONG.

El TCP declaró constitucional la Ley 351 y el DS 1597, ¿cómo está el panorama para las ONG?
Con la sentencia  quedó claro la ley sigue vigente, por tanto, la vulnerabilidad de las ONG es cada vez mayor, se esperaba que haya una revisión de ciertos artículos, incluso la derogación de esa ley. Ahora está claro que en cualquier circunstancia si una institución es vista como que está trabajando al margen de sus estatutos o está interfiriendo en temas políticos o no está enmarcada en el plan nacional de desarrollo son un motivo posible para que de manera muy rápida se cierre una institución. Estamos en un situación más difícil que el año pasado.

¿Aún tenían esperanzas?

Teníamos la esperanza de que el TCP hubiera cumplido con los principios que está obligado a respetar, la imparcialidad,  celeridad y otros, pero no; han vulnerado normas internacionales relacionadas con la libertad de asociación. No se puede atentar o violar el derecho de asociación y menos de una manera tan poco clara, tan intencional y discrecional, al momento de definir quién es la buena  y quién es la mala, y sin  ningún debido proceso se puede proceder a la revocatoria de la personalidad jurídica, eso es matar a una institución directamente.

¿En qué medida les afecta?

Vamos a seguir defendiendo  nuestro derecho de asociarnos. El contexto nos pone en una situación de mayor vulnerabilidad, eso no quiere decir que las instituciones de por sí son débiles o vulnerables, pero cumpliendo la norma, trabajando la legalidad, ejerciendo el derecho  a opinar, criticar,  denunciar, a hacer un control al poder público tenemos la capacidad de seguir manteniéndonos activos en el país. Eso abarca la posibilidad de seguir promoviendo y defendiendo   la libertad de expresión  y tiene que ver con  el  periodismo.

¿Cuáles son los campos de restricción con la Ley 351?

La ley apunta a restringir nuestro derecho de asociación, nos obliga a adecuarnos al plan nacional de desarrollo; si no tienes esa adecuación en los estatutos, no tienes la legalidad que el Ministerio de Autonomías te otorga  (personería jurídica). Lo mismo en el  viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, que tienes que presentar  toda la información,  qué proyectos tienes, con qué recursos, de dónde llega, en qué ámbitos. 

Te están condicionando y subordinado a que tu derecho de asociarte por cualquier fin lícito está condicionado a que tiene que estar enmarcado en el plan eso está clarísimo que es una violación al derecho de asociación.

Cuatro ONG denunciaron ante la CIDH que la norma vulnera el derecho a la asociación. ¿Por qué no se sumaron?

Estamos intentando una reflexión y un diálogo con el propio Gobierno para lograr que esta ley se modifique y no tengamos ninguna cuestión que lamentar. Hemos analizado y no nos pareció oportuno sumarnos, creemos que todavía hay posibilidades a nivel nacional.

Algunas ONG dijeron que no se sumaron por temor a ser cerradas por el Gobierno...

Hace mucho que en Bolivia hay temor y autocensura, tienen temor incluso a expresar sus propias ideas abiertamente porque podría caer una represalia sobre ellos. Pero no debería ser la constante, al contrario, debemos generar lo que siempre han hecho  las ONG, una sociedad civil activa.

 Es un gran desafío...

El desafío no es para las ONG, sino para la sociedad boliviana, que tiene que recuperar su capacidad de plantear abiertamente sus ideas, de vencer los miedos. Si en dictadura la sociedad civil se organizaba  cómo no se va a poder organizar en una democracia, donde todos tenemos la posibilidad de opinar, hablar, plantear y debatir.

¿Qué pretende el Gobierno con esta ley que vulnera el derecho a la asociación?

 La verdad es que el objetivo es neutralizar cualquier voz crítica, seas de un partido, de una ONG, de donde fueras. Si eres crítico a la política del Gobierno eres susceptible de ser considerado el enemigo del cambio, conspirador, los que no quieren hacer trabajo por el país.
 
Lamentablemente el Gobierno hace esa diferencia: los que están conmigo y los que no, estos últimos van a sufrir cierta represalia.

 

HOJA DE VIDA

  • Nacimiento  Susana Eróstegui nació el 3 de enero de 1966 en la ciudad de Oruro.
  • Profesión  Es comunicadora social y tiene amplia experiencia con ONG. 
  • Cargo actual  Directora de la red Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas).

 

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