Denuncian que frágil institucionalidad del Gobierno permite trasgresión de derechos a firma china

En los últimos cinco años varias empresas chinas se adjudicaron contratos millonarios.
viernes, 4 de marzo de 2016 · 20:48

 

ANF / La Paz

El Observatorio Boliviano de Empleo y Seguridad Social (OBESS) del CEDLA (Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario) denunció que la frágil institucionalidad del Gobierno permite que la empresa china Sinohydro vulnere los derechos laborales de los trabajadores y que el conflicto no encuentre una solución.

El observatorio llegó a la conclusión luego de analizar el recurrente conflicto entre los trabajadores y la firma asiática y donde el Gobierno, e incluso organizaciones sindicales del país, según señala, prefirieron no pronunciarse al respecto.

"La lucha de los obreros bolivianos en dos proyectos a cargo de la empresa china Sinohydro en Bolivia puso al descubierto que los derechos laborales no son cumplidos por esta firma, creando conflictos sociales que no acaban de resolverse por la débil institucionalidad del gobierno actual", señala el boletín de análisis.

En los últimos cinco años, sostiene el OBESS, la presencia de empresas chinas se incrementó en el país a través de contratos millonarios suscritos con el Estado para la ejecución de un significativo número de obras públicas. Empresas y consorcios como la Sinohydro y la CAMC Engineering CO. LTD se encuentran en el país. Bolivia Branch, Railway y Sinosteel están actualmente a cargo de la construcción de varias obras de infraestructura.

Sinohydro y vulneración de derechos

En marzo de 2015, los obreros del proyecto carretero doble vía Ichilo Ivirgarzama a cargo de la empresa china Sinohydro, comenzaron una larga lucha en demanda del cumplimiento de la legislación laboral boliviana, tras 10 acercamientos infructuosos con esta compañía y no obstante la intervención de la Dirección Departamental del Trabajo de Cochabamba.

En julio del mismo año, los obreros del Sindicato de Trabajadores en Construcción Libertad (uno de los campamentos instalados), declararon el primer paro indefinido denunciando la violación de sus derechos y demandando la atención de un pliego de peticiones de 19 puntos, que expresa los múltiples problemas que enfrentan y la extrema precariedad de las condiciones en las que trabajan.

Las demandas llegaron a la Confederación de Trabajadores de la Construcción de Bolivia a la que está afiliado el sindicato, entidad que convocó a un ampliado nacional en la ciudad de La Paz con la intención de emitir un voto resolutivo de apoyo y remitirlo al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Obras Públicas que nunca concretó. Un año después de iniciado el conflicto, el 13 de enero de 2016 los trabajadores declararon el cuarto paro con carácter escalonado exigiendo el cumplimiento de las demandas pendientes del pliego petitorio.

Un día después, el Ministerio de Trabajo envió una carta (143/2016) a la Cancillería solicitando que interponga las acciones pertinentes para promover una reunión con la Embajada de China en Bolivia y el Ministerio de Trabajo, con el objetivo de analizar los conflictos laborales de las empresas chinas CAMC, Sinohydro y Sinohidro-CBI y lograr algunas directrices de esa autoridad.

La huelga fue levantada, pero algunos días después, los obreros de la empresa declararon un nuevo paro (el quinto) esta vez con carácter indefinido y al que posteriormente se plegaron más de 700 familias de las comunidades afectadas por la construcción del tramo Ivirgarzama-Ichilo en reclamo por el incumplimiento de la indemnización ofrecida por parte de la ABC y la empresa, por la cesión de sus terrenos para la construcción de la carretera.

El 12 de febrero, luego de 22 días del quinto paro, los trabajadores llegaron a un acuerdo con la empresa que determina: i) la conformación de mesas de trabajo para buscar resolver las demandas; ii) el compromiso de los trabajadores para trabajar dos horas diarias adicionales para reponer el tiempo perdido en la construcción de la obra y, iii) el compromiso de la empresa de no aplicar descuentos por los días de paro.

El Observatorio señala que esta situación implicó para los trabajadores soportar largas jornadas de trabajo (10 a 12 horas) sin pago de horas extras, despidos injustificados, carencia de seguro de salud y de vida considerando los riesgos laborales existentes, la falta de ropa adecuada de trabajo, de varias medidas de seguridad industrial y del bono de alimentación, entre otros aspectos que degradan sus condiciones de trabajo y conculcan sus derechos laborales por parte de la compañía china.

Frente a este panorama el OBESS se pregunta: ¿De qué prerrogativas goza la empresa china para desconocer la legislación laboral boliviana? ¿Por qué el Ministerio de Trabajo y el gobierno nacional no intervienen sancionando a Sinohydro por infringir las leyes laborales nacionales? ¿Por qué la burocracia sindical de la Central Obrera Boliviana-COB no se pronunció ni una sola vez en apoyo a las demandas de los trabajadores de ésta y otras empresas chinas? ¿Por qué los dirigentes de la Confederación de Trabajadores de la Construcción de Bolivia-CTCB nunca hicieron público el voto resolutivo del Ampliado Nacional que hicieron llegar a las autoridades competentes en 2015, exigiendo el cumplimiento de legislación laboral boliviana?

Las empresas chinas ejecutan en Bolivia alrededor de 2.000 millones de dólares en varios proyectos, un equivalente al 6% del PIB del país. Esta cifra se convertirá en 9.500 millones de dólares, cuando se haga efectivo el préstamo de 7.500 millones obtenido por Bolivia con la China Eximbank, que el Gobierno solo puede gastar, a través de empresas de esta nacionalidad.

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