Zapata se hacía pasar por funcionaria para favorecer a CAMC

Según la imputación de la Fiscalía, la expareja de Evo usó las oficinas de Gestión Social para obtener dos contratos a favor de la compañía china. Oppenheimer dice que la contratación directa genera corrupción.
viernes, 4 de marzo de 2016 · 00:00
Página Siete  / La Paz

Según la imputación presentada por el Ministerio Público contra la expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata,  ella actuaba como funcionaria pública y empresaria para favorecer  a la empresa china CAMC, que tiene contratos millonarios en Bolivia. 
 
"El uso ilegal de esas oficinas se hacía para obtener ventaja económica a través de negocios ilegales, habiéndose hecho pasar como funcionaria estatal y tener relación con empresas y conseguir contratos para estas empresas, adjudicando los siguientes proyectos a la empresa china CAMC: planta industrial de azúcar de San Buenaventura, planta de sales de potasio de Uyuni, Proyecto Múltiple Misicuni, la vía férrea Bulo Bulo-Montero, equipos de perforación para Yacimientos”, se lee en una parte de   la imputación.
 
El fiscal asignado al caso, Edwin Blanco, indica en el documento que la exdirectora de esta unidad y amiga desde 2009 de Zapata, Cristina Choque, fue quien ayudó a que la exgerente comercial del consorcio chino se hiciera pasar por funcionaria pública para realizar adjudicaciones y  varios contratos "ilegales”, que ascienden a más de 500 millones de dólares.
 
Según declaraciones de la exnovia de Morales, ella  ingresó a trabajar en  la china CAMC en noviembre de 2013 y desde entonces gestionó contratos entre la empresa privada y el Estado.
 
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, informó en febrero que fueron cinco los contratos -valorados en 566 millones de dólares- que el Estado firmó con la empresa china. Tres  de ellos antes de que Zapata ingrese a trabajar a la CAMC.
 
El 28 de  mayo de 2009 se firmó un acuerdo para la compra de tres perforadoras de pozos; el 6 de marzo de 2012 para el  ingenio azucarero de San Buenaventura; en julio de 2013, Tramo I del ferrocarril Montero-Bulo Bulo; el 15 de agosto de 2014, Proyecto Múltiple Misicuni, y finalmente el 22 de mayo de 2015, la Planta Industrial de Sales de Potasio.
 
La imputación indica además que la investigación se ampliará a  cuatro personas vinculadas con Zapata y las empresas Consilium SRL, ITC Telecom Internacional y Telemenía, de las que la exnovia de Morales figuraba como representante legal.
 
Zapata es acusada por cometer los delitos de legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.
 
El artículo 28 de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz establece que el  enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado se sanciona con la privación de libertad de tres a ocho años y  una multa del 25% de su patrimonio. Según el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, el patrimonio de Zapata asciende a 1,7 millones de bolivianos y al aplicar la norma ella deberá pagar al menos 425.000 bolivianos.
 
El delito de legitimación de ganancias ilícitas -el artículo 185 del Código Penal- señala que los culpables serán sancionados con la pena de libertad de cinco a 10 años y la inhabilitación como funcionarios públicos. El caso está en proceso de investigación.

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