Justicia a dos velocidades para juzgar a opositores y oficialistas

La Calancha, Chaparina, Caranavi y otros casos tienen más de cinco años e involucran a autoridades del Ejecutivo, pero aún no existe una imputación formal
lunes, 20 de junio de 2016 · 00:00
Beatriz Layme / La Paz

Desde que el presidente Evo Morales asumió el poder, el 22 de enero de 2006,  al menos 50 personalidades de la oposición afrontan procesos penales que avanzan de manera expedita mientras las denuncias contra oficialistas quedaron en la "congeladora”.
 
 El recuento fue realizado por  legisladores de oposición y abogados de los procesados. Algunos de los nombres están en la infografía de esta nota (ver info).
 
Asambleístas del MAS afirman que no hay ninguna injerencia de parte del Gobierno  y que las demoras en los juicios refuerzan el criterio de que la justicia en Bolivia necesita una reforma.
 
   "Nuestro Gobierno no maneja la justicia, se administra en su marco de autonomía e independencia. El tema de fondo es la crisis de la justicia y la Cumbre arrojó más de 100 conclusiones que apuntan a revolucionar la justicia del país”, afirmó el senador Milton Barón (MAS).
 
Su colega René Joaquino (MAS), quien en 2010 afrontó un proceso impulsado por el oficialismo, señaló que muchas veces la oposición realiza denuncias sin presentar pruebas   y la Fiscalía al no tener documentos prioriza otros. "En política sucede que hacen una denuncia y no encuentran el documento para demostrar su acusación, entonces el caso queda paralizado y para la ciudadanía es como que existe una debilidad de parte de los operadores”, justificó.
 
El senador de oposición Arturo Murillo, quien ya tiene una sentencia, sostuvo que el Gobierno impulsa demandas  "sin pruebas ni fundamentos” contra todo líder o dirigente crítico al MAS y la Fiscalía acelera la investigación. "La mayoría de los procesos son infundados, ahora habrá algún opositor que tenga la culpa. Lo curioso es que hay procesos por docenas contra los oficialistas por violaciones, narcotráfico, corrupción pero  (éstos) no prosperan; sin embargo, cuando se trata de opositores   ya están en la cárcel o con sentencia”.
 
 El asambleísta departamental de SOL.bo, Edwin Herrera, dijo que existe una clara instrumentalización política partidaria de la justicia  y la prueba es que    los operadores de justicia ordenaron el arraigo del gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, mientras el gobernador de La Paz, Félix Patzi, fue citado para que declare en  Sucre.
A eso se suma -dijo Herrera- la admisión "inmediata” del recurso de inconstitucionalidad contra  la ley municipal de impuesto a los bienes inmuebles y vehículos "que va en contra de la decisión del alcalde Luis Revilla”.
 
Según la oposición, el Ministerio Público "dejó en la congeladora”  los sucesos de La Calancha, ocurridos en Sucre en noviembre de 2007. Hasta ahora no fue esclarecida la muerte de tres ciudadanos. También está pendiente  la muerte de Christian Urresti, un joven de 16 años que falleció producto en un enfrentamiento civil  en enero de 2007 en Cochabamba, cuando los cocaleros tomaron la Prefectura de ese departamento.  
 
Tampoco fue esclarecido la represión en  Caranavi  (mayo de 2010) en la   que  murieron  David Callizaya y Fidel Hernany.  
 
También está la represión a indígenas que marcharon en contra de la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos que iba a atravesar el TIPNIS. Las autoridades judiciales excluyeron del caso al exministro de Gobierno Sacha   Llorenti, al exviceministro Marcos Farfán y a los ex jefes policiales de la época; no obstante hay ni un detenido por este caso. 
 
Asimismo está el caso del Fondo Indígena  por los que están detenidos exdirectores ejecutivos y en su mayoría  dirigentes indígenas críticos al MAS. 
 
El senador Yerko Núñez,  de UD,   dijo que el caso más dramático es la demanda que presentó contra el vicepresidente Álvaro García Linera por hacer figurar en cinco documentos como si fuese licenciado en matemáticas. "A más de un mes de presentar la denuncia la Fiscalía aún no admitió, no asignó fiscal ni siquiera existe el número de caso”, lamentó Núñez y agregó que la justicia sólo acelera procesos contra quienes destapan actos de corrupción e irregularidades.
 
 El diputado Javier Zavaleta  dijo que las demoras son producto de la crisis en la justicia.  "Esto va más allá de las demandas contra Murillo, Revilla. Acá hay una crisis por operadores de justicia corruptos y desvalorización de los operadores de justicia”.
 

PUNTO DE VISTA

Arturo Yáñez  Abogado constitucionalista
El Derecho Penal del enemigo
A primera vista es una prueba más de la vergonzosa sujeción de la Fiscalía (salvando excepciones que sobreviven) al poder político partidario, por la que el garante de legalidad y objetividad -en el papel, que lo aguanta todo- se ha convertido en la realidad, en un órgano represor más al servicio del partido. 
No es casualidad, por ejemplo que su más alto cargo, haya sido constituyente y ministro de la Corte Suprema, designado por el Presidente. 

Empero, en el fondo, se trata de algo aun mucho más tenebroso para una sociedad y un Estado genuinamente democrático. Estamos ante la presencia del Derecho Penal del enemigo, propio de Estados totalitarios que como sus propugnadores nazis lo proclamaron (Schmitt), trata de una manera diferente "a los amigos” con estatus de persona otorgándoles el debido proceso e incluso, dependiendo de su posición partidaria, asegurando su impunidad sin proceso siquiera. 
 
Pero trata de otra manera a los enemigos, que no merecen aquel estatus, por lo que el Estado vulnera sistemáticamente sus DDHH, el debido proceso.
 
Si eso no fuera suficiente, coinciden también otras de sus características: inflacionismo y populismo penal, todo se pretende solucionar con la amenaza penal. En la práctica,  el derecho penal plurinacional es cada vez más de autor, propio de un Estado policíaco que persigue y castiga por las características personales y la concentración de todos los poderes en manos del caudillo o jefazo, etc. Precisamente, es un Derecho Penal de dos velocidades.


 

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