ANP denuncia ante NNUU “sistemático ataque” contra libertades de expresión y de prensa

Esta es la tercera iniciativa con entidades internacionales que toman los periodistas bolivianos ante la andanada de amenazas, acusaciones y acoso de autoridades de Gobierno.
miércoles, 22 de junio de 2016 · 21:54

ANF / La Paz

La Asociación Nacional de la Prensa (ANP), que congrega a propietarios y directores de medios de comunicación escritos del país, denunció ante la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en Bolivia que las libertades de prensa y de expresión son "lesionadas por un sistemático ataque” del Gobierno. 

Pedro Rivero Jordán, presidente de la ANP, Jorge Carrasco Guzmán, primer vicepresidente, y Marco Dipp, expresidente, se reunieron este miércoles con el representante de la Oficina del Alto Comisionado, Denis Racicot, que los recibió junto a sus principales colaboradores. 

"La Asociación Nacional de la Prensa (ANP), que agrupa a los medios de comunicación escritos de Bolivia se dirige a Usted con las mayores consideraciones para alertar y expresar su profunda preocupación por el estado actual de la Libertad de Expresión, y de la Libertad de Prensa en particular, lesionadas por un sistemático ataque del aparato gubernamental y político contra las empresas periodísticas independientes así como contra sus directores y periodistas”, asegura la carta entregada.

"En las últimas semanas, estamos asistiendo al despliegue de una reacción gubernamental que amenaza y pone en una peligrosa situación de vulnerabilidad el libre ejercicio de la actividad periodística y el normal desempeño de los medios de comunicación independientes”, agrega la misiva.

Los ejecutivos de la ANP pidieron que, dados los antecedentes de acoso al periodismo boliviano, la oficina del Alto Comisionado realice "una acción encaminada a proteger la Libertad de Expresión en Bolivia, con pleno respeto a los Derechos Humanos y principios democráticos”.

Esta es la tercera iniciativa con entidades internacionales que toman los periodistas bolivianos ante la andanada de amenazas, acusaciones y acoso de autoridades de Gobierno.

Amalia Pando, Roxana Lizárraga y Carlos Valverde acudieron al CIDH, de la OEA, para pedir protección. Posteriormente, los directores de los medios Página Siete, Juan Carlos Salazar, y de ANF, Sergio Montes, SJ, además de Raúl Peñaranda y Andrés Gómez, también visitaron a Denis Racicot y le pidieron que un Relator Especial de Libertad de Expresión visite Bolivia para establecer la gravedad de los hechos.

Todos ellos han denunciado las declaraciones realizadas por el ministro Juan Ramón Quintana el 19 de mayo pasado en el Legislativo, ocasión en la que dijo que un "cártel de la mentira” estaba conformado por varios medios y periodistas bolivianos y que buscaban desestabilizar al Gobierno, entre muchas otras acusaciones.

Semanas después, el vicepresidente Álvaro García Linera calificó al grupo como una "mafia mediática-política” y pidió que sean detenidos periodistas que supuestamente se encargaron de mentir en el "caso Zapata”.

Al respecto, la carta de la ANP recuerda que "el 15 de junio, el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, atribuyó actividades de conspiración a los directores de medios y amenazó con su encarcelamiento”. Rivero y Carrasco hicieron mención a que García Linera dijo que "los responsables tienen que ir a la cárcel. No vamos perdonar, no vamos a perdonar que se use de esa manera la ley”.

La ANP denunció también cuatro hechos adicionales: el veto publicitario estatal, tanto parcial como total, contra los medios independientes; la posibilidad de que cientos de radios y canales del país cierren por la pérdida de sus licencias de funcionamiento; el acoso de la oficina de impuestos nacionales; y los casos de los periodistas Wilson García y Carlos Valverde, que se han visto obligados de abandonar el país para lograr protección.

Respecto del tema de la publicidad, la carta asegura que "el Gobierno, a través de las reparticiones estatales y de las distintas instituciones y empresas públicas que controla, comenzó en los últimos meses y semanas la aplicación de un veto publicitario parcial (…) como una medida de presión y represalia porque su actividad periodística estuvo ceñida a parámetros periodísticos antes que políticos”.

La Asociación hizo notar también su preocupación por la posible negación a que las licencias de funcionamiento a radios y canales de TV sean renovadas.
"Cerca de 500 radioemisoras privadas se encuentran en incertidumbre por la aplicación de una readecuación de frecuencias, un proceso que podría suspender su funcionamiento, un tema que reclama permanente vigilancia”, asegura.

La misiva denuncia que la propia Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia sufre el congelamiento de cuentas bancarias por orden del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). "A pesar de haberse pagado la multa, hoy continúa el peso del castigo que interpretamos como sanción a la permanente defensa de la Libertad de Expresión”, asegura.

 

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