Evo incluye en el “cártel de la mentira ” al Relator de la CIDH

Para las autoridades gubernamentales, el “cártel” agrupa a medios y periodistas que gestaron un “golpe mediático” por informar sobre el caso Gabriela Zapata.
viernes, 26 de agosto de 2016 · 01:45
Juan Carlos Véliz M. /  La Paz

El presidente Evo Morales incluyó ayer al Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, Edison Lanza, en el denominado "cártel de la mentira” después de que el representante del organismo hemisférico opinó que etiquetas como ésta no favorecen al clima de respeto y tolerancia.

"Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH dependiente de la OEA, se suma al ‘Cártel De La Mentira’ en Bolivia”, escribió  el Jefe de Estado en su Twitter.
Agregó que "defender a algunos medios de comunicación que hacen periodismo con la mentira y la difamación no es defender la libertad de expresión”.

Mediante su cuenta en la misma red social, el Relator comentó que "la democracia requiere pluralismo ideológico, político y tolerancia a todo tipo de manifestaciones. Diversidad de fuentes informativas clave”.

Lanza se encuentra en La Paz en una visita académica y el miércoles se reunió con la ministra de Comunicación, Marianela Paco, representantes de los gremios de prensa y directores de medios de comunicación para conocer la situación de la libertad de expresión en el país.

A la conclusión de su encuentro con Paco, el Relator expresó que poner etiquetas como "cártel de la mentira” a medios bolivianos "no le hace bien” al clima de tolerancia y respeto.

"Lo que proponemos es que la libertad de expresión necesita un clima de tolerancia, de respeto a las ideas y al trabajo periodístico que tiene que ser un trabajo libre e independiente y también apelar a la responsabilidad que tienen los medios”, dijo el alto funcionario cuando fue consultado sobre las denuncias de que la libertad de expresión en Bolivia está en riesgo.

"Cártel de la mentira” es un rótulo impuesto por el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, para denostar a Página Siete, ANF, ERBOL, El Deber y los periodistas Raúl Peñaranda, Andrés Gómez y Amalia Pando por la cobertura del denominado caso Gabriela Zapata, expareja sentimental de Morales.

Según la hipótesis gubernamental, estos medios y periodistas organizaron un "golpe mediático político” contra el Gobierno porque publicaron noticias o hicieron notar contradicciones en el Ejecutivo sobre las denuncias de tráfico de influencias, los vínculos de Zapata con autoridades y el mismo Presidente, y la presunta existencia de un hijo entre ambos.

En un evento organizado por la Fundación UNIR en la sede de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), periodistas, directores de medios de comunicación y representantes de asociaciones de periodistas de Bolivia manifestaron el miércoles su preocupación por la tensa relación que existe con el Gobierno en los últimos meses, según una nota de prensa de la APLP.

El Relator recibió documentos y escuchó a periodistas y directivos de ONG, cita la publicación.
Tres aspectos sobresalieron en el encuentro: la violencia física de las denominadas fuerzas del orden contra periodistas en el ejercicio de su trabajo; las acusaciones como "cártel de la mentira”, "golpe mediático” así como demandas judiciales por difamación y sedición y -adicionalmente- la asfixia económica por la asignación discrecional de publicidad, en favor de unos medios frente a la suspensión de ésta, en otros.

Según la Asociación Nacional de la Prensa, en lo que va del año se registraron 42 agresiones verbales y físicas contra periodistas, y dos comunicadores salieron del país por el acoso gubernamental. Un peligro advertido por gremios de la prensa es que las amenazas del Gobierno están generando una "autocensura”. 
 
Los  atropellos
  • Juicios En los últimos meses se han abierto juicios ordinarios contra periodistas de diferentes medios de comunicación, algunos pasaron a tribunales de imprenta.
  •   Escudo legal Asambleístas del MAS y autoridades gubernamentales se mostraron proclives a desmontar los instrumentos legales que protegen el secreto de fuente y la labor de los periodistas.
  •  Amenazas El Vicepresidente amenazó con cárcel a periodistas y políticos que supuestamente conspiraron contra el Gobierno y provocaron la derrota de la opción Sí en el referendo del 21 de febrero.
  •  Asfixia Gremios de la prensa denunciaron que el Gobierno discrimina en la asignación de publicidad estatal.

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