Baptista revela que habló con Luksic sobre el tema del Silala

Cuando se desempeñó como cónsul en Chile, el historiador organizó un encuentro con el bisnieto de Eduardo Abaroa, quien lucró con las aguas del Silala.
miércoles, 31 de agosto de 2016 · 00:27
Pablo Peralta M.  / La Paz

El historiador Mariano Baptista Gumucio revela que cuando ocupó el cargo de Cónsul de Bolivia en Chile, durante el segundo gobierno de Hugo Banzer,  intentó una gestión con Andrónico Luksic Abaroa, bisnieto de Eduardo Abaroa, en torno a las aguas del Silala. No obstante, recibió una respuesta esquiva.  

 La compañía FCAB (Ferrocarril Antofagasta Bolivia), que utiliza las aguas del Silala, forma parte de Antofagasta PLC, que a su vez es parte del Grupo Luksic, fundado por el descendiente  del héroe boliviano, en los años 50. 

Baptista  relata que durante el lapso que cumplió funciones diplomáticas en Chile  organizó una cena en la que le planteó a Luksic el problema. "Le dije ‘El pueblo de Potosí, que ha conocido tanta grandeza, hoy día es el más pobre de Bolivia y uno de los más pobres de América Latina y usted tiene el control del agua del Silala en su empresa... Y él me dijo: ‘no, yo no le debo nada a Potosí’”, evoca.

El historiador también cuenta que envió una carta a El Mercurio en la que replica  un editorial de ese medio. En esa misiva, Baptista escribió: "El pueblo potosino ha pedido numerosas veces una indemnización por el usufructo de dichas aguas durante más de noventa años”. El texto se publicó el 20 de septiembre del año 2000.

En 1908,  la entonces prefectura de Potosí concesionó parte de las aguas de  ese manantial para el funcionamiento de las calderas a vapor de las locomotoras del FCAB (A partir del año 1980 esta compañía pasó a formar parte del conglomerado económico de los descendientes de Abaroa).    El 20 de junio de 1997, el Gobierno elevó a rango de Decreto Supremo la Resolución Administrativa 71/97 de la entonces Prefectura potosina y con ello revocó y anuló la concesión. 
El diplomático Andrés Guzmán Escobari sostiene que como Bolivia revocó la licencia,   el uso de las aguas por parte de Chile se da fuera de la legalidad.    "Bolivia ha revocado el contrato. Ese contrato no existe, ya no tiene ninguna validez.  El permiso estuvo vigente entre 1908 y 1997, pero el 97 Bolivia revocó el contrato y a partir de entonces esta empresa (FCAB) no tiene ningún permiso para utilizar las aguas. La utilización que se hace es totalmente ilegal. No hay ninguna figura jurídica más que ilegal absoluta”, afirma Guzmán. 

El 23 de marzo, el presidente Evo Morales instruyó que se  valoren alternativas legales para enjuiciar  a  Chile, por el uso "unilateral e ilícito” de las aguas del Silala. "He instruido a Diremar (Dirección de Reivindicación Marítima de Bolivia) que estudie las alternativas jurídicas para asumir la defensa de nuestras aguas del Silala ante las instancias internacionales competentes”, dijo entonces Morales.

En 6 junio, Chile presentó una demanda contra el país ante  la Corte Internacional de Justicia de La Haya por las aguas del manantial Silala. Bolivia anunció una contrademanda. "En otros términos populares, nos roban agua y nos demandan, qué clase de vecino podría ser”, dijo Morales.

Estos datos  son un adelanto del segundo reportaje que Página Siete trabaja sobre los descendientes de Eduardo Abaroa. El primero se publicó el pasado 28 de agosto   y se centró en la historia de la familia en Chile. El segundo, que trata sobre los Luksic y el Silala,  se difundirá el próximo domingo en el suplemento Ideas.
 
Los hitos de  la controversia 

 Al menos 11 hitos marcan la controversia entre Bolivia y Chile en torno a las aguas del Silala.  El primero es el mapa del Tratado de 1904, en el cual  -según la investigación de un ingeniero boliviano- Chile dibujó de forma deliberada el trazo del supuesto "río” Silala. 

Los otros hitos del conflicto son: la concesión de aguas para el funcionamiento de las locomotoras del Ferrocarril Antofagasta-La Paz (1908); la denuncia de que esa empresa vendía ilegalmente el recurso; otra denuncia similar (1940); el cambio de tecnología de las locomotoras de vapor a diésel (1965); la anulación de la concesión (1997); la convocatoria boliviana para licitar la comercialización del recurso (1999); la adjudicación de  la empresa Ductec (2000). 

 Otros puntos son la inclusión del tema en la Agenda de 13 puntos (2006); el preacuerdo en el que se estableció que Chile debía pagar por el 50%  (2009-2010); y la demanda que La Moneda presentó contra Bolivia ante La Haya. 

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