“Acercarse a un tribunal es como acercarse a un centro penitenciario”

“Para un ciudadano común, el principal problema de la justicia es la extorsión”.
domingo, 07 de agosto de 2016 · 00:00
El  ministro de Gobierno, Carlos Romero, dice que  para el ciudadano de a pie el principal problema de la justicia boliviana es la extorsión. "Acercarse a un tribunal es casi como acercarse a un centro penitenciario: los policías están cuidando la puerta y adentro están los asaltantes”, sostiene.
 
En tono autocrítico, admite que los intentos de  reforma policial que se han realizado en los últimos años no han sido fructíferos. "Vamos a encarar una reforma integral de la Policía, de modernización de la Policía, pero no lo vamos a hacer dentro de un concepto de cacería de brujas”, anuncia en el Desayuno de Trabajo de Página Siete.
 
Asimismo, reconoce que en la zona fronteriza ha habido un incremento de cultivos de hoja de coca y un crecimiento de la actividad del narcotráfico.
 
El Gobierno ha dado en los últimos días algunos golpes muy exitosos en materia de seguridad pública y también del narcotráfico…
 
Sí, es importante generar algunas señales. La seguridad ciudadana tiene dos componentes: un componente objetivo y otro subjetivo, ambos muy complicados de trabajar. Muchas veces se pueden alcanzar grandes resultados objetivos en la reducción de las tasas de criminalidad y en la desarticulación de asociaciones criminales, pero eso no implica necesariamente que la sensación de inseguridad que tiene la población mayoritariamente se haya logrado revertir. Ahora hemos tenido operativos exitosos que impactan positivamente en la población. Un primer mensaje es que se puede confiar en la Policía, que la Policía tiene capacidad profesional para desarrollar  investigaciones y resolverlas.
 
Efectivamente, hay un problema de percepción, existe una sensación de inseguridad, pero también hay encuestas que apuntan a que esta sensación es fundada…
 
Las estadísticas que tenemos y que las registramos en el Observatorio de Seguridad Ciudadana nos muestran que, en promedio, cuatro de cada 10 bolivianos han sido víctimas directas de algún delito o su entorno familiar más directo ha sido víctima de un delito, pero ocho de cada 10 bolivianos tienen la sensación de inseguridad ciudadana. Esa cifra varía según las regiones. En Santa Cruz, normalmente, la gente dice que es mayor. Lo que queremos significar es que la sensación no tiene  correspondencia con la realidad, la sensación de inseguridad siempre es mucho mayor. Ese es un fenómeno mundial que tiene que ver con un conjunto de factores, sobre todo comunicacionales. La información sobre la criminalidad se ha transversalizado porque la criminalidad también se ha disparado en el mundo y se ha convertido en una de las principales preocupaciones ciudadanas. Ahora los hechos son conocidos no solamente a través de los medios de comunicación, sino de las redes sociales. Eso ayuda en el sentido de que la gente toma conciencia, participa y se moviliza cuando hay algún caso paradigmático, como el de la niña Camila, donde todos trataban de aportar ideas a través de las redes y eso es positivo, pero también atemoriza más a la población.
 
Entonces, ¿cuáles son los datos reales?
 
Tal vez las más significativas son las estadísticas de Naciones Unidas o del Latinobarómetro. Ellos utilizan como un medidor del grado de criminalidad la tasa de homicidios. En América Latina es de 27 homicidios por cada 100 mil personas, pero hay países como Honduras que tiene 80, o Venezuela  que tiene 53 por cada 100 mil. En el caso de Bolivia   estamos con 10. Hace cinco años estábamos con 12 por cada 100 mil. Estamos por debajo del promedio latinoamericano, aunque tres veces por encima del chileno y casi dos veces del peruano. No estamos en una situación extrema, ni siquiera en el promedio latinoamericano, pero tampoco estamos en la situación de otros países de la región que quisiéramos alcanzar.
 
También existe la percepción de que la actividad del narcotráfico ha aumentado de manera exponencial, como parecería indicar la creciente incautación de drogas…
 
El narcotráfico es un fenómeno transnacional, es imposible analizarlo descontextualizado de lo que pasa en el mundo. El incremento de la demanda a nivel mundial es impresionante y muy preocupante. Brasil, hasta hace algunos años, era un país de tránsito y hoy es consumidor. La mayor cantidad de cocaína que circula por Bolivia se dirige al mercado brasileño porque la demanda es mayor y el precio es más alto. Chile y Argentina han incrementado notablemente sus niveles de consumo de marihuana y por eso se ha incrementado la producción de marihuana en Paraguay y circula también a través de Bolivia. El 1,6% de la población de Estados Unidos y el 1% de Europa están involucrados en el consumo de cocaína. 
 
Un fenómeno nuevo en el mundo, que nos está afectando a todos, es la aparición de las drogas sintéticas, que pueden estar accesibles a cualquier persona en una farmacia. Los especialistas y líderes políticos coinciden en que no es suficiente atacar la oferta, sino que hay que atacar más drásticamente la demanda. 
 
Un segundo elemento es que el narcotráfico está provocando el desarrollo de otros delitos transnacionales coligados, como, por ejemplo, el lavado de dinero, el tráfico de capitales ilícitos, que encuentra cobertura en paraísos fiscales o las desregulaciones en esta materia. 
 
Otro fenómeno preocupante, que se debate a mucho en Bolivia, es por qué no caen los peces gordos de las organizaciones narcotraficantes, por qué caen únicamente las personas que intervienen periféricamente de la cadena productiva de la droga. Eso sucede en todas partes, en Estados Unidos, México, Colombia, Brasil y sucede en Bolivia, precisamente por esta modernización de los métodos de producción y el trabajo con emisarios. En el caso de Bolivia, la situación es todavía más peculiar porque Bolivia, por su condición geopolítica, siempre va a ser un país tránsito, no  solamente de drogas, sino también de mercancía, de vehículos robados o de trata de personas. 
 
¿Y la producción de droga?
 
Estados Unidos dice que del 100% de cocaína que ingresa a Estados Unidos, el 1% proviene de Bolivia; el 95,5%, de Colombia; y el 3,5%, de Perú. El  60% de la droga que ingresa a Brasil, según cifras de Brasil, la Unión Europea y Naciones Unidas, proviene de Bolivia, pero su origen es Perú. Lamentablemente, en la zona fronteriza ha habido un  crecimiento de los cultivos de la hoja de coca y un crecimiento de la actividad del narcotráfico. Tenemos problemas en la frontera de los tres países, porque la Amazonia boliviano-peruana y brasileña no tiene los suficientes dispositivos de control, sobre todo en los vuelos irregulares. Se calcula que cada día hay por lo menos un vuelo irregular entre Bolivia, Brasil y Perú con droga. 
 
Uno de los grandes problemas es la crisis de la Policía, los niveles de corrupción. ¿Cuál es su diagnóstico al respecto?
 
Es una institución fundamental del Estado y no es suficiente consuelo decir que tiene mucha más legitimidad que el sistema de justicia. Bolivia debe ser uno de los pocos lugares donde de lejos la Policía tiene mucha más legitimidad que el sistema de justicia, aunque en términos generales su nivel de legitimidad es bajo. Hemos hecho muchos intentos de reforma policial y la mayor parte de ellos no han sido fructíferos. Analizamos las reformas policiales más exitosas de la región, como las de Chile y Colombia. Ambas han tenido algunos elementos que los tomamos como referentes. 
 
Hay que trabajar en las condiciones de vida y trabajo de la Policía; si la Policía no tiene adecuadas condiciones materiales de vida y trabajo, siempre estará expuesta a la corrupción. Se han hecho esfuerzos en los últimos años para sostener la capacidad adquisitiva salarial y mejorarla. Las condiciones materiales son también importantes para medir la eficiencia operativa de la Policía. En eso hemos venido trabajando y mejorando. El IDH nos proporciona a partir de la regla del 10% casi 100 millones de dólares al año. 
 
Un segundo elemento es la cualificación de la Policía. La Policía tiene capacidad profesional, tiene grupos tácticos, grupos de élite, tiene experiencia y conocimiento técnico-científico que viene de la academia, pero hay una asimetría en los diversos estamentos que tenemos que ajustar. Por otra parte, la Policía rota demasiado. Adquieren conocimientos y se especializan, pero luego rotan a otros ámbitos de trabajo. Creemos que hay que dotarles de más estabilidad a la especialización. Hay que seguir trabajando y fortaleciendo el concepto moderno de la Policía Comunitaria. Las concepciones modernas de la seguridad ciudadana a las que nosotros nos adscribimos vinculan la seguridad ciudadana con los derechos humanos. Ese trabajo es mucho más eficaz acercándose al ciudadano, trabajando con el ciudadano. 
 
El otro tema muy aparejado al anterior es la desconcentración territorial de la Policía. Ya no debe ser una Policía de escritorio, de centralidad de mando, debe ser una Policía que se despliega y transversaliza sus servicios territorialmente, trabaja más estrechamente con el ciudadano. Finalmente, está el salto tecnológico. La criminalidad se moderniza, utiliza la tecnología, la informática, la comunicación. La Policía lógicamente debe hacer lo mismo.
 
 Son varios factores que hay que tomar en cuenta. Podríamos plantear una reforma muy de escritorio que de seguro va a fracasar o hacerlo de manera integral. Vamos a encarar una reforma integral de la Policía, de modernización, pero no lo vamos a hacer dentro de un concepto de cacería de brujas, porque quien quiere reformar la institución desarrollando la estrategia de cacería de brujas, en realidad no quiere reformar la institución, quiere ajustar cuentas con enemigos que justamente él mismo se inventa. Nosotros vamos a enfocarla de otra manera,  oportunamente lo haremos, pero no va a pasar de este año.
 
Si la Policía tiene tantos problemas y desprestigio, peor está la justicia. A usted le ha tocado bailar con la más fea. ¿Cómo se encara ese problema, Ministro?
 
Mucho se ha hablado de la justicia. Un político analiza la justicia más desde el punto de vista de su mayor o
menor dependencia del poder político; una autoridad jurisdiccional, un miembro del sistema de justicia, analiza más el presupuesto, si le alcanza o no; un académico más bien se orienta a estudiar la naturaleza, la doctrina que inspira las normas, los procedimientos, pero es diferente en la vida real, del ciudadano que llega a un tribunal y, sin caer en extremos, corre el riesgo de ser asaltado, porque acercarse a un tribunal es casi como acercarse a un centro penitenciario, los policías están cuidando la puerta y adentro están los asaltantes y a veces simplemente hay que negociar el precio de los litigios. 
 
Para un ciudadano común, el principal problema de la justicia es la extorsión. Si uno puede pagar, probablemente va a tener más posibilidades de ganar  el proceso, y en los hechos, desde mi punto de vista, los consorcios jurídicos de jueces, fiscales y abogados, a veces participan policías e investigadores, son el principal problema de la justicia, independientemente de los otros factores. Entonces, cuando se ataque y se desarticule los consorcios se habrá dado un gran paso.
 
En Bolivia no hay "territorios libres” dominados por el narcotráfico
 
Romero admite que hay regiones en Bolivia donde "el Estado no ha sentado suficiente presencia”,  donde "la presencia institucional es demasiado débil”, como en San Matías, pero que "no existe un territorio liberalizado del control institucional y la normativa del Estado”, una "población liberada, donde la organización criminal empieza a sentar raíces”.
 
Cita como ejemplo el estado norteño mexicano de Sinaloa, en México, donde "el Estado ha sido expulsado y la población es funcional al narcotráfico, depende económica y laboralmente del narcotráfico y el narcotráfico cuenta con su propio dispositivo armado para enfrentarse al Estado. Son cárteles que se enclavan en un territorio, lo ‘liberan’ y sientan su propia ley”. "Afortunadamente  -dice-, eso no existe en Bolivia”.
 
Recuerda que San Matías está alejada de los centros de organización institucional, que colinda con poblaciones brasileñas de  las mismas características, donde hay "una circulación casi libre, sobre todo de brasileños, vinculados al tráfico de drogas, al robo de vehículos y a los asaltos. 
 
"Las características de San Matías no se reproducen en otras zonas de frontera”, subraya, al tiempo de señalar que el Gobierno está buscado una "solución integral”, que es "crear Estado”, para San Matías, incluida la construcción de una gran estación policial integral fronteriza. 

"Hay zonas de producción de drogas complejas, zonas rojas”
 
El titular de Gobierno afirma que no hay  evidencias sobre la presencia de cárteles mexicanos o colombianos en Bolivia, pero admite que existen  "zonas de producción de droga complejas, zonas rojas”   en cinco municipios de Santa Cruz: Kilómetro 7, Nuevos Horizontes, San Germán, Santa Fe de Yapacaní y Buena Vista. 
 
"La actividad del narcotráfico ya no requiere factorías de gran dimensión ni una gran movilización de fuerza laboral, como antes. Ahora se ha inventado lo que se denomina el ‘método colombiano’, que consiste en tecnologías que se instalan en pequeñas factorías móviles, pueden desplazarse de un lugar a otro y no necesitan una gran cantidad de gente para activarlas”, recuerda. 
 
"Cuando se enclava en un lugar y empieza a articularse a la comunidad local, ahí estamos en una situación peligrosa. En  Ichilo hubo en un momento  manifestaciones preocupantes”, sostiene al recordar la oposición de la población de San Juan de Yapacaní a la instalación de un cuartel de Umopar.
 
"Hubo reacciones locales y una campaña sostenida hacia la población por parte de algunas organizaciones y amenazaban con bloqueos. Desde nuestro punto de vista, esa gente hacía campaña para defender la presencia del narcotráfico”.

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