Conclusiones

CAMC: El dragón chino deja temas pendientes y en algunos casos perjuicios para el país

Te mostramos un reportaje digital sobre lo que fue la investigación del caso CAMC.
martes, 13 de septiembre de 2016 · 11:31

Carla Hannover / La Paz

Los contratos suscritos entre la firma china CAMC y diferentes oficinas estatales hicieron noticia luego de que se conociera que Gabriela Zapata, una alta ejecutiva de esa empresa, fuera por varios años pareja del presidente Evo Morales. Por esta razón Página Siete inició una investigación a cargo de una Comisión Mixta de Legisladores por supuesto tráfico de influencias en esos convenios suscritos entre 2009 y 2015.

Lea también: Una semana opacada por Evo, su hijo, su ex y CAMC

Esta Comisión Mixta estuvo conformada en su mayoría por legisladores del oficialismo, además de legisladores de la oposición. Sin embargo, al concluir la indagación, los asambleístas no llegaron a un acuerdo y emitieron dos informes finales, uno por mayoría (del oficialismo) y otro por minoría (de la oposición). En ambos documentos se dan cuenta de los procesos. Sin embargo, el informe por mayoría en ninguno de los casos detecta tráfico de influencias, mientras que el de minoría halla al menos siete delitos en los que funcionarios públicos habrían incurrido, tanto en el proceso de adjudicación como en la ejecución de los contratos de los diversos proyectos.

Paralelamente Página Siete inició la investigación periodística sobre los procesos de contratación a la firma china. Tras la publicación de cinco dossiers, se encontró una serie de irregularidades al momento de las adjudicaciones, pero, también durante la ejecución. Problemas que han tenido como consecuencia el retraso en las entregas, la modificación de los montos y que han dejado, en algunos casos, temas pendientes y perjuicios para el Gobierno y por ende para el país.

CAMC firmó, en 2009, con YPFB, por la compra de tres perforadoras:; en 2012, con la Empresa Azucarera San Buenaventura (EASBA) por la construcción y puesta en marcha del ingenio azucarero; en 2013, con el Ministerio de Obras Públicas por la ejecución del  Tramo I de la vía férrea Montero-Bulo Bulo; en 2014, con la Empresa Pública Misicuni por tres de cuatro paquetes de la fase dos de la construcción de la represa cochabambina y en 2015, con la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos (GNRE), por la construcción y puesta en marcha de la Planta Industrial de Sales de Potasio.  

Página Siete dio cuenta de todos estos procesos en cinco dossiers que se publicaron de marzo a julio. 

Resultado de la investigación de Página Siete se detectó que en la mayoría de los casos se observó un descuido en la revisión de los documentos presentados por la firma china o en los pasos a seguir conforme establece la norma. Por ejemplo:

 

 

 

YPFB suscribió contrato con CAMC y comprometió el dinero de un crédito del Expor-Import Bank of China que se oficializó meses después, es decir comprometió fondos con los que no contaba ni que habían sido declarados en sus planes anuales. Esto contraviene a la Ley 2042 de Administración Presupuestaria, que establece que el Gobierno no puede comprometer dinero que no haya sido declarado en su POA. Asimismo, se estima que los equipos fueron comprados con sobreprecios, según denuncias de expertos en el área de hidrocarburos.

 

 

 

En el caso del ingenio azucarero, los responsables contrataron directamente a CAMC, luego de haber llamado a licitación internacional dos veces. Adjudicaron la obra a la firma sin haber cerrado oficialmente el segundo proceso, pese a que ésta fue descalificada en dos oportunidades. Si bien los responsables de la empresa tenían vía libre desde un principio para adjudicar el proyecto de forma directa, optaron por la licitación internacional y al no lograr la adjudicación por esa vía obviaron algunos pasos establecidos en sus RE-SABS y el decreto 0181 para adjudicar la obra a CAMC.

 

 
 

 

La adjudicación para la ejecución del tramo I de la vía férrea Bulo Bulo-Montero es la que presenta mayores fallas. Por ejemplo, la publicación de la convocatoria se hizo bajo modalidad Licitación Internacional, pero con un Documento Base de Contratación errado porque éste era para la modalidad-DBC ANPE (Apoyo Nacional a la Producción). Por esta razón tanto el DBC como el contrato tuvieron que ser ajustados una vez adjudicado el proyecto, procedimiento que está fuera de norma, pero que se respalda en "un ordenamiento jurídico nacional” que permite a la administración pública "apartarse de lo prescrito en disposiciones legales en procura de mayor beneficios y resguardo de los bienes de la entidad”, se detalla el informe de minoría. Por este tema, queda pendiente una investigación de la Contraloría General del Estado a ocho ex funcionarios, entre ellos el Almirante Raúl Viscarra, quien ejerció como Responsable del Proceso de Contratación y al ex ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez.

 

 

 

En el caso del contrato suscrito entre CAMC y la Empresa Pública Misicuni, el proceso de adjudicación pasó por alto datos erróneos en los documentos presentados por CAMC. La firma china declara en el formulario A-2a, de identificación del proponente que la fecha de expedición de su Matrícula de Comercio fue el 19 de noviembre de 2013, cuando esto se hizo efectivo recién el 27 de noviembre de ese año, según su misma documentación. La primera fecha corresponde a la Escritura Pública de Apertura de Sucursal en el Extranjero. Además, quien firma en representación de CAMC Co. Ltd. Bolivia Branch es el representante legal en China, Li Sihai, y no así el entonces representante legal de la firma en Bolivia, Huang Shan, a quien Sihai habilitó como representante legal de la firma. Al menos es lo que se lee en "El poder especial y suficiente que confiere China CAMC Engineering Co. Ltd. representada legalmente por Li Sihai en favor del señor Huang Shan, para actuar en nombre de la sucursal en Bolivia”, que es el documento que adjuntaron en la carpeta. Además presenta muy poca experiencia.

 

 
 

 

Mientras que en el caso del contrato suscrito con la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos para la puesta en marcha de la planta industrial de sales de potasio, CAMC entregó una Boleta de Garantía de seriedad de propuesta de un banco chino, cuando la norma (D.S. 181) establece que éste documento debe ser emitido por un banco nacional. Asimismo, se tiene un precio referencial de más de 2.600 millones de bolivianos propuesto por la empresa Ercosplan que realizó el estudio de factibilidad. Sin embargo, en Términos Base de Contratación (TBC) se lanza la convocatoria con un precio referencial de casi la mitad: 1.239 millones de bolivianos. En una carta de la GNRE a este medio, se señala que el haber logrado la adjudicación de la planta a ese precio es un logro positivo, sin embargo, es importante mencionar que el Estado debe garantizar que la ejecución de estos megaproyectos cuenten con todos los estándares de calidad. En ese sentido queda pendiente una explicación de la GNRE sobre el por qué este precio quedó reducido a la mitad.

Las paradojas

Es contradictorio que el Gobierno reduzca en la mitad el precio referencial de un proyecto tan ambicioso como lo es la Planta Industrial de Sales de Potasio, que se elaboró con un estudio previo realizado por una empresa especializada en el tema y que, por el contrario, adquiera tres perforadoras por 60 millones de dólares, sin haber realizado cotizaciones previas, y justifique este posible sobreprecio de los equipos.

De igual forma, llama la atención que para la adjudicación del ingenio azucarero San Buenaventura, CAMC haya sido desestimada en dos ocasiones por la falta de una boleta de garantía de seriedad de propuesta de un banco boliviano, pues en las dos oportunidades presentó una boleta de garantía de un banco chino. EASBA viabilizó la contratación de CAMC con la condición de que presente la boleta de garantía de seriedad de propuesta de un banco boliviano, cosa que se hizo efectiva antes de la firma de contrato. Sin embargo, sorprende que para la Planta de Sales se le admita sin mayor reparo la garantía de un banco chino y se proceda con la adjudicación.

Problemas pendientes

Por otro lado, las irregularidades en las adjudicaciones han dejado como resultado problemas pendientes y en algunos casos perjuicios que el Gobierno deberá subsanar en un mediano a corto plazo. Un ejemplo es el caso del tramo I de la Vía Férrea Montero-Bulo Bulo. Si bien los responsables del Ministerio de Obras Públicas aseguran que no hubo daño económico tras la resolución de contrato con CAMC, pues todo lo desembolsado se recuperó mediante el cobro de boletas de garantía, existen gastos que no se tomaron en cuenta y que generarán cuantiosos gastos al país. La vía férrea se construyó con el fin de transportar hacia Brasil, la urea y el amoniaco que producirá la Planta de Bulo Bulo. Se estima que Samsung entregue esta planta antes de que termine la presente gestión; sin embargo, una vez que la planta comience a producir los fertilizantes, el Gobierno deberá pensar en otra estrategia para el traslado de los mismos mientras la vía no sea finalizada, aspecto que tendrá un costo y que podría incidir en el costo de los fertilizantes para su exportación.

 

 
 

 

Similar problema se observa con el proyecto Misicuni. Si bien, Cochabamba actualmente sufre por la falta de agua, la millonaria inversión que el Gobierno ha realizado para la puesta en marcha de la fase dos de la represa no verá frutos en mucho tiempo, por un lado porque recientemente se informó que CAMC demorará un año más en la entrega total de la obra, que debía haber sido finalizada en julio de este año; y por el otro, porque Cochabamba recibe su provisión de agua de redes de distribución muy antiguas, que no soportarían la presión con la que saldría el agua de la represa. 

Falta de rigurosidad

Para encarar millonarios megaproyectos, el Gobierno debería hacer un análisis del panorama general del problema y trabajar coordinadamente con las instancias vinculadas al tema: no es lo que ha sucedido en estos contratos. Una de las conclusiones a las que lleva la investigación emprendida por Página Siete en el contrato por la represa Misicuni es que esta situación pudiera haberse evitado si el Gobierno hubiese trabajado paralelamente con los municipios y la Gobernación del valle en la restitución de estas redes de agua de forma oportuna. En ese sentido, todo parece indicar que Misicuni seguirá siendo una ilusión como lo ha sido desde hace seis décadas. 

Lea también: Bulo Bulo, un lugar "poco estratégico” para producir urea

De igual forma sucede con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y la adquisición de tres perforadoras para la exploración petrolera. La compra fue encomendada a la CAMC en 2011 y la entrega se hizo efectiva recién en 2015 y finalizó a principios de 2016. Según los informes de YPFB, las perforadoras fueron adquiridas para llevar adelante un proyecto de perforación en 42 pozos petroleros que se desarrollaría entre 2011 y 2020, la mayor parte de las perforaciones (32) debían realizarse entre 2011 y 2015. Aunque YPFB no dio cuenta de si el cronograma se completó o no, es evidente que hubo un retraso en la exploración petrolera y por ende en el aumento de reservas probadas de hidrocarburos. 

Lea también: YPFB compró las 3 perforadoras cuando la tendencia es alquilarlas

Falta de transparencia

Es importante mencionar que a lo largo de la investigación, Página Siete solicitó las contrapartes de todas las autoridades de las empresas estatales que conducen estos procesos por escrito y con la respectiva anticipación. Sin embargo, salvo en el caso de Misicuni y de la Empresa Azucarera San Buenaventura, el resto de las oficinas estatales se negó a atender las interrogantes. En ese sentido, es importante recordar a los funcionarios y autoridades estatales que como ciudadanos estamos en el derecho de hacer seguimiento y fiscalizar estos temas y otros temas de interés público. Algo que no siempre es bien entendido por estas mismas autoridades. 

Este medio ha dedicado cinco meses al análisis de la información de los siete contratos suscritos por la empresa china CAMC con el Estado boliviano. En estos meses se ha ido comparando cada contrato, analizando las similitudes y diferencias entre ellos y los aspectos de los mismos que llaman la atención. No se pretende en ningún caso de emitir conclusiones acusatorias ni condenatorias, pero, como se ve en los datos que se destacan, sí se pretende llamar a las autoridades a reflexionar sobre su responsabilidad en el manejo de recursos cuantiosos del Estado que -los ciudadanos debemos exigir- debiera estar enmarcado en el más estricto y riguroso cuidado: en los estudios previos, en las licitaciones, en las evaluaciones previas a las contrataciones, en la redacción de los contratos, en el seguimiento y fiscalización de las obras y en el cumplimiento de plazos y control de calidad. 

No se trata únicamente de obtener "buenos precios” o contentarnos con las ofertas de los grandes proyectos, lo que el país necesita y demanda es que la oportunidad de concretar estos ambiciosos emprendimientos no se queden en la quimera, no se conviertan en elefantes blancos y, mucho menos, sean espacio para el despilfarro o la negligencia. 

Esta investigación estuvo motivada por el presunto tráfico de influencias -como lo hizo la Comisión Legislativa que emitió sus respectivos informes por mayoría y minoría-, y hasta la fecha del cierre del presente texto, no se puede constatar que este delito se haya perpetrado; no obstante, como se ve, si se puede advertir descuido, negligencia y contravenciones a las normas establecidas, por citar algunas irregularidades. No son aspectos triviales que deban quedar en lo anecdótico, sino impulsar a la adopción de medidas correctivas y asunción de responsabilidades en coherencia con los altos montos de inversión pública. Esto es derecho de todos los bolivianos.

 

AVISO IMPORTANTE: Cualquier comunicación que tenga Página Siete con sus lectores será iniciada de un correo oficial de @paginasiete.bo; otro tipo de mensajes con distintos correos pueden ser fraudulentos.
En caso de recibir estos mensajes dudosos, se sugiere no hacer click en ningún enlace sin verificar su origen. 
Para más información puede contactarnos

134
2