“Las cooperativas no están listas para un tratamiento de shock”

“No tengo ninguna duda en calificar los decretos como ‘draconianos’, por su dureza insólita”.
domingo, 25 de septiembre de 2016 · 00:00
Sociólogo, investigador y experto en temas mineros, Henry Oporto advierte sobre los riesgos que entraña la aplicación de un "tratamiento de shock” al sector cooperativista con la aplicación de una serie de decretos, a punto de convertirse en leyes, de una "dureza insólita”.
 
"Yo no tengo dudas en calificar los decretos como ‘draconianos’, porque me parece que tienen una dureza que no guarda proporción con la realidad del sector”, afirmó en la entrevista del Desayuno de Trabajo de Página Siete.
 
Tras señalar que "no es posible querer poner en vereda a las cooperativas mineras de la noche a la mañana”, el experto señaló que el paquete de decretos "es un tratamiento de shock para el que las cooperativas no están preparadas”.
 
Una política equivocada, según Oporto, podría provocar no sólo la desestructuración del sector cooperativista, sino "una nueva relocalización en las minas”, con graves consecuencias sociales.
 
¿Cuál es su balance del conflicto con los cooperativistas?
 
Más allá de los hechos que nos han conmocionado a todos, el conflicto ha puesto sobre el tapete la situación del sector cooperativo y su papel en el país y en la economía nacional. La reacción del gobierno, casi como un acto de represalia política, ha sido emitir unos decretos que son de una dureza insólita, tratándose de un sector que ha sido mimado por este mismo gobierno. Advierto, además, que se ha generado un clima social, una suerte de histeria anti-cooperativistas a partir del conflicto. Los cooperativistas se han ganado la antipatía de buena parte del país y con mucha razón, no solamente por el cruel asesinato del viceministro Rodolfo Illanes, que es muy grave y los autores deben ser sancionados, sino por su comportamiento en estos últimos años. Hay una carga de antipatía en la opinión pública muy grande por todos los desmanes que han cometido, pero creo que ese ambiente está sirviendo como caldo de cultivo para la instrumentación de una campaña de linchamiento mediático, de desinformación, que apunta a convertir al sector cooperativo en cabeza de turco no sólo del desaguisado del conflicto, sino incluso de los problemas generales que enfrenta la minería. Considerando eso, creo que es bueno plantearse algunas preguntas.
 
¿Cuáles, por ejemplo?

En primer lugar, la forma en que el Gobierno está enfrentando la problemática. ¿Es la más adecuada? ¿Nos conducirá a resolver los problemas? En segundo lugar, ¿qué objetivos están detrás de este tipo de acciones gubernamentales? Y, en tercer lugar, ¿cuáles serán las consecuencias? Yo no tengo dudas en calificar los decretos como "draconianos”, porque me parece que tienen una dureza que no guarda proporción con la realidad del sector. Por eso, creo que es necesaria una reflexión más serena, una vez que hayan bajado las aguas del conflicto. Las cooperativas están lejos de ser un dechado de virtudes, pero tampoco son el demonio, y si no se toma en cuenta eso se corre el riesgo de que el remedio sea peor que la enfermedad.
 
¿Por qué califica los decretos de "draconianos”?
 
Todos sabemos que el sector se desenvuelve en un ambiente de informalidad. La informalidad es casi una condición de existencia de las cooperativas mineras porque de otro modo probablemente no habrían podido subsistir: su productividad es demasiado baja, los parajes que trabajan son demasiado pequeños, sus métodos de trabajo son artesanales. Es un sector que muy difícilmente puede ser rentable en condiciones normales. Si ha sido rentable en los últimos años es gracias al alza de los precios internacionales de los minerales. El no cumplir con las leyes laborales y las obligaciones de la seguridad social, no pagar los salarios que la ley exige, etc., les permite rebajar considerablemente los costos de producción. Entonces, no es posible querer poner en vereda a las cooperativas mineras de la noche a la mañana. Es un tratamiento de "shock” para el cual no están preparadas. No le veo un sentido práctico a ese decreto que quiere obligar a que las cooperativas sindicalicen a sus trabajadores. Lo que va a ocurrir es que no van a contratar a la gente con la que trabajan, van a prescindir de esa mano de obra. Tampoco hay forma de que cumplan otros beneficios. Lo único que va a ocasionar el decreto es que se cierren masivamente las operaciones mineras, como ya está ocurriendo en el último tiempo, aunque hasta ahora por la caída de los precios. El Gobierno ha dicho también que las cooperativas van a ser sometidas a una fiscalización estricta del cumplimiento de las normas laborales y ambientales, de la posesión efectiva de las áreas mineras, so pena de sufrir multas o la reversión de esas áreas al Estado. También está la decisión de revertir las áreas que han sido objeto de contratos con empresas privadas. Si se suman todas estas medidas se corre el riesgo de una desestructuración del sector cooperativista.
 
Entonces, ¿cuáles son las soluciones para unos problemas de vieja data y que lindaban con la ilegalidad? 
 
Se han mencionado 31 contratos con empresas privadas, pero, sin embargo, lo que realmente hay son unos pocos contratos vigentes. Es evidente que las cooperativas mineras no pueden explotar muchos yacimientos por sí mismas, no tienen  la tecnología, no tienen capital ni la capacidad gerencial. Entonces han optado por un recurso que el Código Minero les permitía. O sea no han hecho nada ilegal al suscribir esos contratos, al punto de que hoy se está recurriendo a una nueva ley para prohibir definitivamente ese tipo de contratos. Las cooperativas tampoco podrían explotar ese tipo de yacimientos en asociación con la Comibol, porque la Comibol tiene los mismos problemas que las cooperativas, es decir incapacidad tecnológica, financiera, etc. Por eso es que ninguna cooperativa ha hecho un contrato con la Comibol pese a que la nueva Ley Minera lo permite.
 
Eso tendría que ver con un problema estructural de la minería, la imposibilidad de desarrollar una minería moderna…
 
Ese es el punto fundamental. Yo creo que este conflicto, como otros que se han dado anteriormente, como el de la movilización potosina del año pasado, que estuvo protagonizada masivamente por cooperativistas mineros, está poniendo de manifiesto la existencia de esos problemas estructurales. El tener un sector cooperativo, que es esencialmente informal, depredador, prevalido además de una gran capacidad de presión, que ha logrado  prerrogativas políticas y otras ventajas espurias, es un síntoma y no la causa de los males de la minería nacional.
 
¿Cuáles son los males de la minería nacional?
 
Por un lado el estancamiento, que lleva décadas; la falta de modernización, la falta de reservas, de nuevos yacimientos, de nuevas operaciones, la falta de tecnología, en fin, el estancamiento de la producción. Junto a eso, en estos últimos 10 años  hemos tenido un sistema de reparto de la renta y del poder político de carácter estrictamente clientelar y corporativista, donde dos sectores poderosos, los sindicatos mineros y las cooperativas mineras, se han cuoteado los altos cargos del Estado en el sector minero, han copado las instituciones de la minería, no siempre en buena relación. Ese sistema clientelista corporativo ha funcionado por varios años en un contexto de altos precios de los minerales. En esas condiciones, todo el mundo estaba más o menos conforme, la plata alcanzaba para todos. Eso explica también la proliferación de las cooperativas, porque cualquier operación era rentable. Pero el escenario económico ha cambiado y ahora tenemos un contexto de precios deprimidos, lo que muestra que ese modelo de minería estatista y cooperativizada es insostenible, porque la rentabilidad, los excedentes, no provienen de la productividad o de la eficiencia, sino de un factor aleatorio que son los altos precios de los minerales. Por eso, no nos debe extrañar que de un día para otro hayamos pasado de la bonanza a la crisis y que la crisis haya estallado en el sector más atrasado y más vulnerable que es el de las cooperativas. 
 
Dicho de otro modo, ¿los decretos están destinados al fracaso?
 
Las cooperativas pueden escabullirse muy fácilmente del cumplimiento de ese tipo de decretos, porque no son empresas formales, están en el limbo de la ilegalidad. Por eso digo que no sé si el Gobierno está midiendo bien estas acciones, porque si realmente las quiere llevar a la práctica con la dureza que parecen insinuar los textos de estos decretos, hay el riesgo de provocar una desocupación masiva en la minería boliviana, porque la masa laboral que deje de trabajar en el sector cooperativo no puede ser absorbida por los otros sectores. Comibol no va a absorber esa masa laboral. Conocemos la situación en que están las empresas estatales de Comibol. Naturalmente, en las actuales condiciones, tampoco el sector privado podría expandir sus operaciones. Las empresas privadas que todavía quedan en el país se han reducido a un puñado, no hacen inversiones, no hacen exploraciones, simplemente están operando y no hacen más inversiones porque desconfían de las condiciones del país, temen la inseguridad, el régimen tributario les parece absolutamente injusto, no competitivo. Si eso es así, hay un riesgo potencial de una nueva relocalización en las minas.
 
Entonces, ¿cuál es la salida?
 
Las cooperativas deben ser encuadradas en un régimen de legalidad. Eso no se puede discutir, no pueden seguir actuando "largadas de la mano de Dios”. El Gobierno no puede seguir haciendo la vista gorda de todas las irregularidades en que trabaja el sector, pero no es realista pensar que esto se pueda resolver de un día para el otro con un tratamiento de shock. Lo que el sector necesita es una política  de fortalecimiento empresarial. Más que medidas punitivas para la formalización del sector, lo que se necesita son incentivos para su formalización.
 
¿Cómo se podría hacer eso?
 
Hay que generar programas eficaces de asistencia técnica, asistencia financiera, permitir emprendimientos conjuntos entre cooperativas y empresas estatales y privadas. Cuando las cooperativas trabajan conjuntamente aprenden el know-how  de la empresa con la que trabajan. Esto es muy distinto a darles prebendas, créditos discrecionales, los obsequios que el Gobierno ha venido practicando. Aquí se necesita una visión de largo plazo. Yo creo que una política así podría ser bien recibida por los propios interesados. Tal vez este es el momento para reencauzar las cosas en esa dirección. Yo no quisiera dejar la impresión de que no se debe hacer nada con las cooperativas. Lo que sí veo con preocupación es que si no se hacen bien las cosas, el riesgo de desencadenar una crisis social es muy grande y eso puede terminar desestabilizando a toda la industria minera, que ya está muy debilitada. 
 
Las cooperativas no han surgido con el MAS, han surgido con la relocalización del 21060, y han sido alimentadas por los sucesivos gobiernos…
 
El crecimiento del sector cooperativo tiene una larga historia. Hay hitos importantes. Uno de ellos es el de la relocalización de los años 80. Muchas poblaciones, como Llallagua, viven de esa masa laboral, viven fundamentalmente de la economía que genera el sector cooperativista. Por eso también hay que tener cuidado con los efectos que puede tener un quiebre del sector. Otro hito importante es el alza de los precios de los minerales a partir de mediados de la década anterior, que determinó un surgimiento masivo de cooperativas y en condiciones cada vez más informales y precarias.
 
Entonces, ¿cuál ha sido el pecado del Gobierno? 
 
No creo que el Gobierno hubiera diseñado este fenómeno. No estaba en su proyecto político masificar este sector. Ellos se han encontrado con esa realidad. ¿Cuál es el pecado del Gobierno? Yo diría haber hecho la vista gorda frente a todas las irregularidades con las que se ha desenvuelto el sector ¿Por qué se ha hecho la vista gorda? Porque ha visto una conveniencia política. Básicamente se ha apoyado en el sector cooperativo, ha sido uno de sus pilares de sustentación y por eso no ha hecho cumplir las disposiciones legales. Se dice que las cooperativas mineras están exentas del pago de impuestos, se habla de privilegios tributarios, pero no es así. Las cooperativas tienen que pagar regalías como todas las empresas estatales y privadas, entre el 5% y el 7%, salvo en el caso de las cooperativas del oro, a las que, a través de  un decreto, se les ha rebajado esa alícuota al 2,5%, pero sólo para operaciones marginales de explotación. No hay ninguna disposición que diga que las cooperativas no deben pagar el 25% de utilidades que pagan todas las empresas. ¿Pero pagan estos impuestos? Yo creo que no, salvo quizás las regalías; los otros impuestos, sobre todo el impuesto a las utilidades, seguramente no los pagan. No por una disposición, sino por incumplimiento de una disposición. Esa es una prueba clara de que las autoridades han hecho la vista gorda, no han exigido el cumplimiento del pago de tributos, como tampoco les han obligado a que cumplan las disposiciones de cuidado  medioambiental. Si las cooperativas ya se habían empoderado económicamente gracias a los precios, el Gobierno las ha ayudado a empoderarse políticamente con viceministerios, direcciones en el ministerio, cargos en el directorio de la Comibol, diputaciones. 
 
Usted dice que estamos ante una gran oportunidad para reencauzar la política minera…
 
La política minera y el relacionamiento del sector. No sé si de la política económica. No soy tan optimista, porque eso requiere de otro tipo de condiciones que no sé si dan por ahora no, pero si de todo lo relacionado con el extractivismo. Toda crisis es problemática, pero al mismo tiempo es una oportunidad y ésta debiera ser una oportunidad para replantear las bases de nuestro modelo de crecimiento. No podemos seguir dependiendo en un 80% de nuestras exportaciones de gas y minerales. Por eso somos tan vulnerables a la caída de precios. Deberíamos buscar otras fuentes de producción. Tenemos que incorporarnos a la innovación. 

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