El caso Zapata ocupó la atención del gabinete político de Morales

El equipo ministerial hizo seguimiento y planificó estrategias para defender al Presidente en una “guerra de cuarta generación”, según los libros de dos de ellos.
lunes, 26 de septiembre de 2016 · 00:00
Juan Carlos Véliz M.  / La Paz
 
El caso Gabriela Zapata concentró la atención del gabinete político del presidente Evo Morales. La residencia presidencial de San Jorge fue el cuartel general, donde se hizo seguimiento y se planificaron estrategias para enfrentar lo que el Gobierno denomina una "guerra de cuarta generación”, que en su opinión causó la derrota de la opción Sí en el referendo del 21 de febrero.

El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, informó sobre algunas de esas reuniones en su libro Caso Zapata, la confabulación de la mentira,  que tiene como eje a un Morales víctima de una mujer joven, de los medios de comunicación, de las redes sociales y de la oposición. Su colega Lenny Valdivia, titular de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, también escribió otro texto titulado La gran estafa del 21-F, que recopila la "conspiración” de una oposición diezmada contra el "pueblo”.

El gabinete político tomó muy en serio lo que el Presidente consideró como un tema "personal”, "familiar” y "privado”. El domingo 21 de febrero, "en horas de la noche, en la residencia presidencial, se reunió el gabinete político para analizar los resultados del referendo constitucional que daban una estrecha victoria al No…”, relata Ferreira en su libro.
 
 "En la misma reunión el Dr. Carlos Romero informó que había informes confidenciales de buena fuente que Gabriela Zapata habría establecido contacto con algunos bolivianos que habían escapado de la justicia hacia Brasil”, afirma.

Zapata, la expareja de Morales que trabajaba como gerente comercial en la empresa china CAMC, podría haberse fugado a Brasil, como lo hizo el exfiscal del caso terrorismo Marcelo Sosa en 2014. 
 
"El Presidente comentó que si (Zapata) se escapaba, la oposición iba a acusar el Gobierno de que se la había dejado escapar porque dirían que había algo que esconder o que se pretendía silenciarla”, asegura.

En esa reunión, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, también comentó que había vínculos entre la entonces directora de la Unidad de Gestión Social dependiente de su ministerio, Cristina Choque, y Zapata. Entonces  se decidió que los ministerios de Gobierno,  de la Presidencia y  de Lucha contra la Corrupción -el gabinete político- "tomen medidas legales para evitar que Gabriela Zapata escape del país y se aceleren las investigaciones sobre el uso indebido de influencias”.

Así comenzaba otra etapa de la defensa de Morales frente a un escándalo que estalló el 3 de febrero cuando Carlos Valverde denunció un supuesto tráfico de influencias como resultado de la existencia de un presunto hijo entre el Presidente y la gerente comercial de la empresa china CAMC, Gabriela Zapata. La firma tiene contratos con el Estado por más de 560 millones de dólares. 

Hasta la noche del 21 de febrero, el Presidente y sus ministros desarrollaron una defensa precipitada y desordenada frente a la denuncia de Valverde. El 5 de febrero, el Jefe de Estado admitió que tuvo un bebé con Zapata en 2007, pero dijo que el menor falleció y desde entonces la pareja se habría distanciado, pero al día siguiente circuló en las redes sociales una foto de Evo y Gabriela tomada en 2015 en el Carnaval de Oruro. Morales admitió que se tomó esa imagen con una mujer "que no recordaba bien, cara conocida, se me acercó y era Gabriela”.

El 10 de febrero, Morales pidió la conformación de una comisión legislativa para que investigue los contratos firmados con CAMC y solicitó a la Contraloría que indague las denuncias de Valverde;  el 26 de febrero fue aprehendida la expareja del Presidente, que luego fue enviada a la cárcel con detención preventiva.
 
El 27 de febrero, la "tía” de Zapata, Pilar Guzmán, incendió el caso y señaló que el hijo de Evo y de su "sobrina” estaba vivo.

El domingo 28 de febrero, "en la reunión del gabinete político se analizaron los últimos acontecimientos”, narra Ferreira. 
 
"El presidente Morales manifestó que cada vez estaba más seguro que el niño no habría siquiera nacido”, agrega el Ministro.  En esa reunión, el Vicepresidente dijo que no se podía dudar de la palabra del Jefe de Estado. "Los que conocemos hace muchos años al presidente Evo sabemos que él nunca miente”, dijo.

Entonces se planteó, asegura el Ministro, "que para desvirtuar la duda sembrada con las declaraciones de Pilar Guzmán (…) había que exigir que presenten al niño, ya que si fuera verdad que estaba vivo había violencia psicológica contra el niño, porque se le privaba de ver al padre”.

La siguiente reunión del gabinete político que describe Reymi Ferreira es la del 20 de marzo. Hasta entonces, el Presidente había presentado una demanda contra Zapata por vulneración de los derechos de su supuesto hijo y también expresó su predisposición de recoger al menor; sin embargo, el Vicepresidente, los ministros y el Fiscal General pusieron en duda la existencia del niño. El fiscal Ramiro Guerrero determinó que el certificado de nacido vivo del supuesto hijo de Morales era falso.

En la reunión de gabinete político, "el Presidente comentó que con el hallazgo que había hecho el Fiscal General se iba comprobando su tesis de que posiblemente el niño no había nacido, como alguna vez sospechó”, relata Ferreira. Morales también comentó que cuando Zapata le dijo que estaba embarazada "le creyó, y aunque le ayudó en el supuesto embarazo, ella le comentó que había nacido y él le había creído, encargando que algunos ayudantes tramiten el reconocimiento”.

El Jefe de Estado reconoció a un hijo que no conoció, según Ferreira; sin embargo, García Linera en una entrevista dijo que sí lo conoció. La única evidencia real es que hay una partida de nacimiento con el nombre del menor, pero según el mismo Ministro no se especifica con qué documento de recién nacido vivo fue registrado.

En otra reunión del gabinete político, del domingo 17 de abril, "se analizó la situación creada” por la presentación del supuesto hijo del Presidente ante una jueza del menor. Se pidió informes a los abogados de Morales mediante teléfono, pero éstos dijeron que no estuvieron en la audiencia de presentación y que no accedieron a ningún acta. "El Presidente opinó que se trataba de una suplantación”, relata el ministro.

Zapata, su entorno y sus abogados hicieron pasar a un niño de cinco años como hijo del Presidente en la audiencia de presentación, pero no lograron engañar a la jueza Jaqueline Rada, que el 6 de mayo decretó la inexistencia física del menor.

El domingo 8 de mayo, en otra reunión de gabinete político, el entonces viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, quien reemplazaba al ministro Carlos Romero, informó que "de acuerdo con actuaciones de la Fiscalía (…) habría indicios serios de que estarían otras personas involucradas” y así fue. El Ministerio Público descubrió que Zapata, su "tía”, los hijos de ésta y sus abogados montaron una farsa con la supuesta existencia del niño y "alquilaron” a un menor para presentarlo a la jueza y a la cadena CNN como el vástago de Morales, y ahora están detenidos a la espera de una acusación, mientras dos abogados están prófugos.

Lo que comenzó como un conflicto "familiar”, "personal” y "privado”, como lo definió el Presidente, se convirtió en un caso de Estado.
 
Ministros admiten que hubo errores
 
Los autores de los textos dedicaron un párrafo para reconocer algunos errores por las contradicciones entre autoridades gubernamentales sobre la relación afectiva del Presidente y la presunta existencia de un niño y declaraciones desafortunadas que enredaron aún más al Jefe de Estado.
 
Valdivia señala que "hay que reconocer que en algunos casos las autoridades de Gobierno cometieron algunos errores al entrar en contradicciones al referirse a detalles que no tenían nada que ver con el fondo del problema, como el hecho de señalar si el presidente Evo Morales conoció o no al supuesto niño o manifestar si el Presidente ‘tocó o no la pancita de Zapata’, lo cual coadyuvó a generar más duda y desconcierto en la opinión pública, en un escenario en el cual era imprescindible no cometer error alguno”.
 
La ministra se refiere a las declaraciones del vicepresidente Álvaro García Linera, que en una entrevista en el programa No Mentirás, de la red PAT, dijo que el Presidente vio con vida al hijo que tuvo con Zapata, mientras que la ministra de Comunicación, Marianela Paco, en otra entrevista televisiva, dijo que le preguntó a Evo si tocó la pancita de su pareja para cerciorarse de que estaba embarazada.
 
Amparo Carvajal, una "anciana fascista”

En su libro plagado de errores ortográficos y de sintaxis, el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, llama "fascista”  a "una anciana extranjera de apellido Carvajal de larga trayectoria fascista”, en referencia a la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Amparo Carvajal, que solicitó el alejamiento de esa institución como querellante contra el exprefecto de Pando  Leopoldo Fernández  por el juicio del caso Porvenir.
 
El Ministro, asimismo, afirma en que la corrupción en el Fondo Indígena "estalló a raíz” de un trabajo realizado por la Contraloría General del Estado y reconoce que afectó electoralmente a la candidata del MAS a la Gobernación de La Paz, Felipa Huanca.
 
También asegura que la periodista y directora de  Cabildeo, Amalia Pando "tiene una conducta cínica” al solidarizarse con Mario Condori (debería ser Damián) y Adolfo Chávez, imputados por el desfalco en el Fondo Indígena, y señala que las redes sociales  son un "peligro” para la democracia y la sociedad "si no existen normas que precautelen la verdad…”.
 
Conspiradores "utilitarios y dirigidos”

La ministra de Transparencia, Lenny Valdivia, en su libro La gran estafa del 21-F identifica a "conspiradores utilitarios”, "conspiradores circunstanciales” y "conspiradores dirigidos”. Los primeros eran responsables de sostener la mentira, como Carlos Valverde, Eduardo León, William Sánchez Peña y Wálter Zuleta Buitrago.
 
Los "conspiradores dirigidos” orientaban y aseguraban el cumplimiento de los objetivos políticos de la mentira del caso Zapata como la "falsa tía” Pilar Guzmán; la exdiputada de UN  Cynthia Perou; políticos opositores como Samuel Doria Medina y  Tuto Quiroga, además de asambleístas  de la oposición y algunos medios de comunicación, señala.
 
Los "conspiradores circunstanciales” tenían participación secundaria pero "intencionada”, como Ximena Fortún, amiga íntima de Zapata, así como Jimmy Morales, extécnico administrativo y chofer de la Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia.
 
Valdivia no ahorra calificativos para señalar que León "antes de que le mandaran a hacerse cargo de la defensa de Zapata, ya cargaba sobre sus espaldas 20 procesos penales  por sedición, difamación, peculado, desacato, amenazas y estafa, entre otros delitos”.

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