El régimen laboral alcanzará a más de 100 mil cooperativistas

Toda persona que sin ser socia presta servicios a cooperativas, independientemente de la modalidad de remuneración, se encuentra protegida por la Ley del Trabajo.
lunes, 5 de septiembre de 2016 · 01:57
Página Siete /La Paz

Al menos 100 mil cooperativistas mineros pasarán a forman parte de la Ley General del Trabajo, afirmó ayer el viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Alfredo Rada.

"¿Qué dicen las cooperativas mineras?, somos más de 100 mil, somos 140 mil cooperativistas mineros y resulta, y estoy seguro que, de esos 140 mil una pequeña parte son los patrones, ¿cuánto será? no lo sé. Hay que establecer eso. Digamos son 10.000 como máximo los patrones y el resto son los trabajadores, la base laboral”, señaló el viceministro Rada en el programa El Pueblo es Noticia que se transmite por la estatal Bolivia Tv.  

En ese contexto, calculó que a la Ley General del Trabajo se incorporarán más de 100 mil trabajadores, por lo que, dijo que, el Decreto Supremo 2892, aprobado el  1 de septiembre en un gabinete extraordinario de ministros, es el más importante en el avance de derechos laborales durante estos 10 años del actual Gobierno.

 La norma aprobada reconoce los derechos laborales "de todas las personas que sin ser asociados prestan servicios en las cooperativas mineras” y se ampara en  la Constitución, que establece que todos tienen derecho a acceder a la seguridad social.

"Todas las personas que sin ser socias prestan servicios a cooperativas mineras, independientemente de la modalidad de remuneración, se encuentran protegidas por la Ley General del Trabajo”, establece el decreto.

El origen de los hechos

El 23 de agosto, los cooperativistas  iniciaron el bloqueo indefinido de caminos, para exigir el cumplimiento de un pliego de 10  puntos y liberación de 10 mineros, detenidos el 11 de agosto.
 El enfrentamiento se concentró en Pongo y Panduro, donde intervino  la Policía.

El conflicto concluyó con el asesinato del viceministro Rodolfo Illanes, ocurrido el 25 de agosto en Panduro, en manos de cooperativistas. Por este hecho están detenido 10 mineros en las cárceles de Chonchocoro y   de  Patacamaya.

Además murieron  cinco cooperativistas, cuatro por impacto de bala y uno por mala manipulación de dinamita, pero la Fiscalía aún no aprehendió a ningún presunto implicado.   

  El viernes, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, negó que no haya avances en las investigaciones de los cinco mineros   y aseguró que se   hacen diferentes diligencias para dar con los autores y que el caso es más "complejo” que las indagaciones de Illanes.

Tras los hechos, el Órgano Ejecutivo promulgó cinco decretos supremos, uno de ellos "revierte a dominio del Estado las áreas sobre las que se suscribieron contratos a riesgo compartido entre mineras cooperativistas y empresas privadas”.

Entre ellas está el  Decreto Supremo 2892, que incorporó a la Ley General del Trabajo a los empleados de las cooperativas mineras para garantizar sus derechos laborales y sociales, que anteriormente  no eran reconocidos por el Estado.

 También el Órgano Ejecutivo aprobó un decreto supremo que prohíbe el uso de materiales explosivos en manifestaciones públicas, marchas o mitines, con el objetivo de proteger la seguridad de la ciudadanía.
 
Gobierno  afirma que COB le indujo a aprobar norma sobre dinamita  

El viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Alfredo Rada, manifestó ayer que la Central Obrera Boliviana (COB) provocó que el Gobierno se equivocara al permitir el uso de dinamitas en movilizaciones sociales.

"Debemos reconocer que hace algunos meses cometimos un error porque a través de un decreto autorizamos que la dinamita podía ser utilizada en movilizaciones sociales. Lo hicimos porque los compañeros de la COB en su pliego de demandas nos pidieron eso. Es decir, desde mi punto de vista los compañeros de la COB se equivocaron y a su vez nos indujeron al error”, dijo Rada en una entrevista con Patria Nueva.

El 1 de mayo el presidente Evo Morales informó que un decreto supremo permitía el uso del explosivo propio del sector minero.

 Esta decisión recibió críticas de distintos sectores, pero el argumento del Gobierno fue que la dinamita era un instrumento característico de las luchas del pueblo. Rada  precisó que la disposición no significa que la dinamita esté prohibida para usos industriales.

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