Colegio de Abogados considera que el TCP cometió delito de prevaricato

El Colegio de Abogados sugirió solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares ante cualquier intento de reelección.
miércoles, 29 de noviembre de 2017 · 16:15

ANF

El Ilustre Colegio de Abogados de La Paz (ICALP) consideró este miércoles que los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) incurrieron en el delito de prevaricato al emitir una resolución a favor de una nueva postulación del presidente Evo Morales y otras autoridades electas.

“Los magistrados del TCP estarían incurriendo en prevaricato al emitir resoluciones contrarias a la Constitución para generar la inaplicabilidad de la normativa constitucional, sin competencia expresa y sin respetar los resultados de dos referéndums, traicionando el sistema constitucional vigente y su propio rol de guardián de la Constitución, lo que supone una ruptura del orden democrático constitucional”, aseveró el presidente del ICALP, Israel Centellas.

Explicó que la Constitución Política del Estado posibilita a los magistrados a realizar controles de constitucionalidad sobre cualquier ley que vaya en contra la CPE y no a asumir acciones contra la misma Carta Magna.

En consecuencia, según Centellas, los magistrados habrían “violado de manera flagrante el artículo 122 de la Constitución”.

Recordó que el tema de mandatos y postulaciones está defino en el artículo 168 de la CPE, que además ha sido blindado por el resultado del referéndum del 25 de enero de 2009 y posteriormente ratificado en la consulta del 21 de febrero de 2016.

Por tanto, la sentencia de los magistrados es inconstitucional y va en contra de estos dos referéndums, insistió.

Pero pese a esa situación, “de manera parcializada (los magistrados) tomaron en cuenta solamente el informe de la mayoría de la Asamblea Constituyente y no así los acuerdos finales a los que se arribaron para la aprobación del artículo 168”, manifestó.

Además, aclaró que en ninguna parte del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) se contempla la figura de ser reelecto de manera continua. Por el contrario, se garantiza el derecho a acceder a funciones públicas de un país en condiciones generales de igualdad.

Denunció que los magistrados del TCP han usurpado competencias de la CADH porque esa instancia es la única que tiene facultad de interpretar este tipo de artículos.

Entonces se debería “realizar una petición internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la vez solicitar medidas cautelares ante cualquier intento de repostulación”, sugirió.

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