CEJIS pide al Gobierno que garantice la labor del CEDIB

Señala que la decisión de imposibilitar el funcionamiento regular del CEDIB se tomó de “manera arbitraria y sin seguir las reglas del debido proceso legal".
sábado, 16 de diciembre de 2017 · 17:29

ANF / La Paz

El Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) expresó su preocupación y rechazo frente a los “arbitrarios e injustos ataques” en contra del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) y pidió al Gobierno que garantice su labor.

“Mostramos nuestra preocupación y solicitamos al gobierno que garantice a la brevedad que el CEDIB pueda seguir con su labor de defensa de los derechos humanos y de la naturaleza, con las garantías para ello”, se lee en el pronunciamiento emitido por la institución.

El director ejecutivo del CEDIB, Marco Antonio Gandarillas, informó a ANF que el martes 28 de noviembre la institución fue ingratamente sorprendida cuando fue impedida de realizar transacciones bancarias. Sus cuentas fueron congeladas por orden judicial a requerimiento de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Para la organización sin fines de lucro que tiene su sede en la ciudad de Cochabamba, existe un sistemático ataque del Órgano Ejecutivo, por diferentes mecanismos, para afectar el funcionamiento del centro de documentación y en esencia a su condición de defensora de los derechos humanos.

“Consideramos que el congelamiento de las cuentas bancarias, así como las acciones de amedrentamiento y descalificación pública por parte de representantes del gobierno (…), pretenden menoscabar el derecho a la libre expresión y ejercicio de la ciudadanía activa y la democracia”, se lee en el comunicado.

CEJIS evidencia que la decisión de imposibilitar el funcionamiento regular del CEDIB se tomó de “manera arbitraria y sin seguir las reglas del debido proceso legal”; se trata además “de un ataque a todos quienes acompañamos la defensa y promoción de los derechos humanos en Bolivia”.

En ese sentido, la entidad le recuerda al Estado boliviano que bajo los estándares de los derechos humanos internacionales e interamericanos “debe adoptar todas las medidas necesarias para evitar que se obstaculice, impida o desmotive la labor de defensa y promoción de los derechos por parte de actores de la sociedad civil”.

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