El calvario de las víctimas para demostrar que fueron acosadas

Las comunicadoras denuncian que son hostigadas y revictimizadas por sus acosadores para que desistan de los procesos en la FELCV y la Fiscalía.
domingo, 16 de abril de 2017 · 02:00
Juan Carlos Véliz M.  / La Paz
 
Hostigadas, humilladas y revictimizadas. Esa es la situación de quienes denunciaron a sus jefes por acoso sexual mientras esperan el lento desarrollo de las "investigaciones” de la Fiscalía. El mayor desafío de las víctimas es demostrar ante los administradores de justicia y la sociedad que sus agresores son culpables.
 
Son periodistas mujeres del canal estatal que se animaron a presentar denuncias contra sus superiores, quienes fueron suspendidos de sus cargos después de que se hicieron públicas las quejas de las comunicadoras.
   
Claudia, una de las denunciantes, continúa trabajando en la regional de Bolivia Tv en Santa Cruz aunque fue amenazada con ser echada de su fuente laboral si continuaba con el proceso que radica en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV) de la capital cruceña.
 
Yadira, que era responsable del canal estatal en Trinidad hasta el 24 de enero, no puede desvincularse laboralmente del medio estatal por una serie de excusas de los administrativos y no logra conseguir otro trabajo.
 
Tras ser despedida de quedó sin  trabajo para mantener a su  niña, pero con el  respaldo  de  sus padres continúa con  el proceso que radica en la Fiscalía  de La Paz. "Llegaré hasta el final”, indica
 
Otra periodista de Bolivia Tv también denunció al gerente interino Daniel L., quien reemplazó a  Carlos F., el anterior gerente, quien también afronta las denuncias de Yadira y Claudia.
 
Ella dice que es hostigada mediante llamadas y mensajes de textos de parte del directivo del Canal 7. "No desistiré en mi denuncia” afirma la periodista. 
 
Los presuntos agresores evitan hablar y no responden tampoco a  cuestionarios escritos.
 
Para Claudia la lucha se pone cuesta arriba porque el proceso no avanza, sus compañeros de trabajo que fueron testigos de la violencia por parte de su jefe no quieren declarar porque -según dice- fueron amedrentados  y no cuenta con recursos económicos para afrontar el proceso.
 
 La Ley 348 contra toda forma de violencia hacia la mujer señala que en caso de acoso sexual se debe "restringir todo contacto del agresor con la mujer, sin que se vean afectados los derechos laborales de la mujer”.
 
En el caso de la periodista de Bolivia Tv Santa Cruz, no se cumplió este mandato porque el gerente suspendido, Carlos F., fue al canal en varias ocasiones y llamó por teléfono la víctima para que desista del proceso en su contra "por el bien del canal” que estaría en la mira de los opositores.
 
La FELCV ni la Fiscalía establecieron medidas de protección para Claudia.
 
Yadira relata de después de que presentó la denuncia ante la ministra de Comunicación, Gisela López, comenzó una campaña de desprestigio en su contra presuntamente promovida por su  agresor. Sus otrora compañeros y compañeras de trabajo firmaron una carta en la que expresan su respaldo al denunciado (Carlos F.) y repudian a la denunciante. La comunicadora tiene la  certeza de que ese "pronunciamiento” fue redactado por su exjefe quien viajó hasta Trinidad para reunirse con el personal.
 
 Ella relató que en varias ocasiones la intentaron convencer de que abandone el proceso. El director jurídico le habría dicho que  "le da pena verme con mi hija de un lugar a otro” y que los procesos son largos y desgastantes.
 
Le ofrecieron llegar a un acuerdo con el exgerente, pero la respuesta de Yadira fue: "Quiero que se haga justicia, se siente un precedente y ni una otra mujer que pase lo que estoy pasando”.
 
El mismo Carlos F. la habría llamado el 18 de marzo pidiéndole perdón, que se "pare esta guerra” y "acepte llegar a un acuerdo”. "Yo le dije que no es una guerra, que yo sólo denuncié lo que me hizo”, afirma. Ante la negativa, el gerente suspendido le  inició un proceso  por difamación.
 
La  Ley 348
  • Acoso sexual  La persona que valiéndose de una posición jerárquica o poder de cualquier índole hostigue, persiga, exija, apremie, amenace con producirle un daño o perjuicio cualquiera, condicione la obtención de un beneficio u obligue por cualquier medio a otra persona a mantener una relación o realizar actos o tener comportamientos de contenido sexual que de otra forma no serían consentidos, para su beneficio o de una tercera persona, será sancionada con privación de libertad de cuatro (4) a ocho (8) años.
  • Gravedad Si la exigencia, solicitud o imposición fuera ejercida por un servidor público en el ámbito de la relación jerárquica que ostenta, será destituido de su cargo y la pena será agravada en un tercio.

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