José de Jesús Orozco: “La pluralidad evita que el poder se concentre en una sola persona”

Orozco es un reconocido jurista mexicano que pide garantizar la independencia judicial.
domingo, 23 de abril de 2017 · 01:00

Página Siete / La Paz

¿Cómo garantizar la independencia judicial en un país como Bolivia, en el que la selección de candidatos a magistrados está en manos del partido oficialista? Esa fue una de las preguntas que respondió en esta entrevista con Página Siete José de Jesús Orozco, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y destacado académico y jurista mexicano, que estuvo de visita en el país en pasados días.


Orozco indicó que para eso se requiere que exista pluralismo político,  puesto que de esa manera se evita la concentración del poder en una persona o en un solo partido político.
 
Orozco, que tiene 10 libros escritos y fue coordinador de otros 15, se refirió también  a la intención del Gobierno boliviano de introducir la pena de muerte en la Constitución del país. Indicó que los Estados que suscribieron la Convención Americana de Derechos Humanos no pueden aprobar esa medida porque va en contra de los derechos humanos y de una tendencia mundial.
 
Orozco estuvo en el país en el marco de un seminario sobre  reforma e institucionalización de la justicia, en el que  se abrió el debate sobre lo que se debe hacer para garantizar la independencia judicial, en el marco de las posibles reformas del sector.
 
¿Cómo considera usted que se puede garantizar la independencia de un Órgano Judicial de un país donde la elección de los magistrados pasa necesariamente por el poder político?
 
El Poder Judicial, las fiscalías y también las defensorías públicas requieren una independencia para establecer y cumplir su mandato, todo esto a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia de toda persona que lo requiera y también el debido proceso y obtener una justicia completa. 
 
En Bolivia, el nombramiento de los máximos jueces del país se hace por voto directo, pero la selección de los candidatos está a cargo de la Asamblea Legislativa, que está dominada por el partido oficialista. ¿Cómo sería una forma de elección de magistrados que garantice independencia en esas condiciones?
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido un informe que se denomina "Garantías  para la independencia de las y los operadores de justicia en las Américas”, en el que establece la importancia de la independencia y que los diversos Estados del hemisferio, incluida Bolivia, deban establecer las condiciones necesarias para la independencia de las y los operadores de justicia.
 
La CIDH pone énfasis en los procedimientos de selección y nombramiento de juezas, jueces, fiscales y defensores y defensoras públicos, como también el que se cuide que durante el desempeño en el cargo no sean sujetos de represalias por la toma de decisiones, pero tampoco recompensas, de acuerdo con sus decisiones. También con motivo de la eventual separación de cargos, si algún operador de justicia incurre en alguna falta, que haya un debido proceso para garantizar esa independencia y que la sanción no tenga que ver con el sentido de la resolución.
 
Por lo que se refiere a Bolivia, cabe señalar que es el único Estado en América que prevé la elección popular. En algunas entidades federativas, también de los Estados Unidos, se elige a algunos jueces,  pero en lo que se refiere a las altas cortes, es el único. Lo que sí es fundamental es que el mérito o la capacidad profesional  y también  la honorabilidad o la idoneidad moral del juzgador sea la base fundamental para acceder al cargo, cualquiera que sea el procedimiento que se establezca.
 
Porque cree que solamente en Bolivia se aplica el sistema y no en otros países, ¿es un sistema malo o es que es muy bueno?
 
La CIDH respeta el procedimiento que cada país establece como condición que garantice la independencia de su Poder Judicial, no establece un procedimiento específico para la selección de los integrantes del Poder Judicial. Lo que sí resultaría incompatible es si en el procedimiento no garantiza la independencia y consiguiente imparcialidad de quienes desempeñan el cargo.

Se habla mucho de independencia, al punto que parece haberse trivializado la palabra. Incluso Venezuela habla de independencia judicial. ¿Cómo evalúa usted este tema?
 
En la región hay varios desafíos e incluso obstáculos para la independencia de los y las operadores de justicia, por ejemplo, ha habido casos en que no se respeta la estabilidad del cargo. Un elemento fundamental para la independencia es que el operador de justicia tenga estabilidad en el cargo. Si no se tiene esa estabilidad,  esto riñe con la independencia. Ha habido señalamientos, usted hizo mención a Venezuela, donde el alto número de jueces provisorios  ha sido también señalado por la Comisión Interamericana de Derechos.
 
Usted hablaba de la inamovilidad. Aquí, unos magistrados que dejaron en suspenso una ley,  causaron la furia del gobierno y fueron juzgados y retirados ¿cómo se resuelve esto cuando hay un Ejecutivo que controla al Legislativo?
 
Yo le pediría su comprensión, no referirme a un caso concreto.
 
Bueno, pero puede hablar de inamovilidad.
 
En términos generales le puedo hablar de la importancia de la estabilidad en el cargo que implica que durante el periodo para el cual fue designado un determinado operador de justicia, goce de inamovilidad o estabilidad, que durante el mismo no pueda ser removido, sino por una causa prevista legalmente. Puede haber causales, por ejemplo, el prevaricato. 
 
¿Cómo se debe encarar la independencia, tomando en cuenta que en Bolivia, por ejemplo, los opositores tienen más de 30 juicios encima?
 
Considero que aquellos países que estén enfrentando algunas falencias en su sistema de justicia deben impulsar una reforma en la cual debe haber una  participación efectiva de la sociedad civil, hay que impulsar la reforma correspondiente a fin de garantizar la independencia  con los procedimientos de selección y nombramiento, a fin de que  sean el mérito y la honorabilidad los elementos fundamentales para esa selección de los operadores de justicia. La comisión ha puesto énfasis que los concursos son una buena práctica y que la selección se haga en audiencias públicas, que los medios de comunicación, como las organizaciones de la sociedad civil y todo interesado pueda tener acceso a esa entrevista pública.
 
¿Podría suceder que el Órgano Judicial se convierta en un instrumento del poder político para preservar el poder, como ocurre en Venezuela y, un poco también, en  Bolivia, donde el Tribunal Constitucional aprueba las reelecciones del Presidente?
 
La función fundamental de una alta corte es precisamente defender la Constitución y obligar a todos los órganos del poder público a someterse a los límites establecidos por la respectiva Constitución, si en determinado momento no actúan conforme a eso  no estarían cumpliendo con su mandato. Debe haber pluralidad en todo sistema político con el objeto de impedir que se concentre el poder en una sola persona o en un solo grupo, de ahí que sea el pluralismo político también un valor que permita la adecuada toma de decisiones y un control recíproco entre los diversos órganos del poder público. 
 
Lo que pasa es que en estos países lo que menos hay es el pluralismo político, porque normalmente existe un partido fuerte, que es el que domina a los órganos del Estado.
 
Lo que yo diría es que debe impulsarse el pluralismo político con el objeto de evitar cualquier concentración del poder, porque la historia de los diversos regímenes políticos demuestra que cuando se presenta una concentración del poder, quien detenta de ese poder tiende a abusar de él y es por eso que es importante establecer los frenos y contrapesos que en el diseño constitucional en todo Estado constitucional democrático de derecho deben existir.
 
¿Cuáles son las consecuencias para un sistema democrático cuando su Órgano Judicial no es independiente?
 
Es algo que efectivamente puede afectar a los justiciables, a que se pueda ejercer un mandato de defensa de los derechos humanos y del control sobre los demás órganos del poder público, todo esto en detrimento de la justicia, que es uno de los valores de  todo Estado constitucional democrático de derecho.
 
¿Existe alguna tendencia mundial respecto a la eliminación de la pena de muerte?
 
La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido un informe en el cual invita a la abolición de la pena de muerte. Ningún país que haya ratificado o se haya adherido la Convención Americana de DDHH puede establecerla porque está prohibido, nadie con posterioridad a la notificación o adherencia a la Convención Americana va a poder establecer la pena de muerte, solo se respeta a los que lo hayan hecho con anterioridad y hayan establecido la reserva correspondiente. La CIDH ha impulsado que en los diversos Estados del hemisferio se proscriba la pena de muerte, por considerar que no se ajusta a los estándares internacionales en derechos humanos.
 
¿Bolivia habrá suscrito alguna reserva?
 
No, que yo sepa.
 
Le pregunto porque el gobierno ha decidido a través de una Cumbre de Justicia  impulsar la pena de muerte. ¿Qué opinión le merece esa decisión?
 
Es posible que en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos me vea requerido de pronunciarme, yo pediría su comprensión en no adelantar una opinión para que no me vean inhibido de participar en la eventual decisión.
 
Existe la sensación de que Bolivia recurre cada vez con más frecuencia a la CIDH porque se considera que el Órgano Judicial no es independiente, que no hay una justicia real en Bolivia. ¿Cuál es la realidad en comparación a otros países?
 
Bolivia no es de los países de los cuales haya un número elevado de casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora bien, el número de casos es solo un elemento, no quiere decir que entre más casos haya es donde más se violan los derechos humanos. En general, ha habido un incremento del número de peticiones en comparación a lo que  había, por ejemplo, en los años 70 del siglo pasado, que era una época donde predominaban las dictaduras en la región.
 
La explicación es que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se hace más visible y que también hay una mayor libertad, pero también obedece en que hay algunos países en donde el conocimiento del Sistema Interamericano es mayor y por eso los propios litigantes lo utilizan con mayor frecuencia.  Bolivia no es el que más peticiones tenemos en la comisión, pero también pensaría que sería importante difundir más el Sistema Interamericano para que también se sepa que cuentan con esta vía.
 
¿Respecto a sus fallos, ustedes ven que los gobiernos se hacen eco de sus fallos, tienen alguna consecuencia positiva para el demandante?
 
En la Comisión Interamericana efectivamente hemos visto que en la región uno de los desafíos que tenemos es que haya un cumplimiento más efectivo a las decisiones de los órganos interamericanos tanto de la Corte Interamericana como de la propia comisión, es un desafío y luchamos e impulsamos. En términos generales, sí advertimos un cierto incumplimiento, que no es del todo o nada porque muchas veces se cumple  en materias de reparación (económica), pero muchas veces la parte de justicia todavía no se logra.
 
 ¿Y el responsable de eso es el Estado?
 
Generalmente es así, también hay grupos fácticos  que cometen esa violación, pero también el Estado al no haber actuado con la debida diligencia para investigar, procesar y sancionar al responsable.
 
¿Y eso es porque la justicia no es vinculante?
 
Es cierto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emite recomendaciones pero que son obligatorias en el sentido que no son optativas para el Estado cumplir o no cumplir, pero cuando no acata, cabe la posibilidad de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos  (cuyos fallos) sí tienen carácter vinculante.
 
¿Cómo está el apoyo de los países al Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Tanto Maduro, Correa como Morales han sido muy críticos de la OEA en general y  en particular el sistema.
 
En términos generales los Estados son receptivos a los diversos mecanismos, pero hay algunos casos en que todavía no. Algo a lo que aspiramos es que haya un mayor apoyo financiero a la Comisión Interamericana. 
 
El año pasado nos vimos en una situación de emergencia económica, tuvimos el riesgo de no poder recontratar 40% de nuestro personal. El presupuesto de la OEA en la actualidad que le asigna a la Comisión Interamericana le permite a la comisión contratar a 34 personas, esto es un número menor de personas que los 35 miembros y tiene el mandato de monitorear la situación de los derechos humanos de cada uno de los países de la región y de recibir peticiones individuales por presuntas violaciones a los derechos humanos, esto evidentemente es insuficiente.

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