“La desinstitucionalización en el Gobierno promueve el desorden”

La autora hace referencia a la polémica que se desató cuando se conoció que familiares de autoridades trabajan en el sector público.
martes, 9 de mayo de 2017 · 02:00
Pablo Perata M.  / La Paz 

La periodista Lupe Cajías, quien fue  delegada presidencial de lucha contra la corrupción en el gobierno de Carlos D.  Mesa  (2003-2005),  afirma que  "la desinstitucionalización creciente en el Gobierno central promueve este desorden”. La historiadora hace referencia a la polémica que  se generó cuando se conoció que  familiares de autoridades trabajan en el Estado.

A continuación, la escritora responde a  preguntas clave que le formuló Página Siete al respecto. 

¿El hecho de que familiares de autoridades trabajen en el Estado y la respuesta del Gobierno ("No creo que sea delito o pecado”) dejan  entrever que se requiere ajustar la norma? o ¿es necesario hacerla cumplir a rajatabla?

Hay que recordar que están vigentes en el país tanto la Ley SAFCO como el Estatuto del Funcionario Público y sus respectivas normas complementarias para darles cumplimiento.
 
Además,  Bolivia ha ratificado  las convenciones internacionales contra la corrupción, tanto la continental (CIICC de la OEA) como la mundial (CNUCC de la ONU). 

Esas convenciones establecen claramente y con énfasis que la lucha contra la corrupción en la administración pública tiene dos pilares en el área de la prevención: el acceso a la información pública y la meritocracia por la cual se debe  convocar a los más calificados para ocupar cargos por debajo de los niveles directivos. 

Hay que examinar caso por caso para establecer si la persona, ejemplo Fabián Restivo, esposo de la cuarta autoridad más importante del país, fue nombrada con concurso de méritos, si hubo un comité de selección, si se compararon hojas de vida, si hubo entrevistas y otros detalles para darle el puesto o si fue nombrado a dedo; entonces hay sospechas de algo incorrecto, legal y éticamente. 

En el otro extremo, en el caso de la familia Ramos,  pues son profesionales con carrera dentro del Estado y ocupan puestos de libre nombramiento, aunque para el cargo más alto diplomático, embajador, también hay requisitos y requiere la aprobación del Senado.

Las normas están y son suficientes, pero la desinstitucionalización creciente en el Gobierno central promueve este desorden.

¿Es necesaria una ley que prohíba que familiares de autoridades  trabajen en el Estado?

En ningún caso se debe prohibir que familiares, incluso los más cercanos en la línea de parentesco, trabajen en el Estado. Cada persona está en su derecho de realizar su profesión; el tema es que se cumpla la norma. 

Ahora bien, dos familiares cercanos no pueden trabajar en una misma entidad. Esto trae dificultades, por ejemplo, entre los profesores que muchas veces se casan entre colegas y hay situaciones muy complejas en el magisterio rural.

El nepotismo es rechazado en el Estado moderno. El colapso de éste se refleja en esos cambalaches como en Venezuela con los familiares de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, o con la Nicaragua neo somocista con la familia de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo como heredera, que no es el caso de su hermano Humberto que tuvo su propio recorrido revolucionario y de funcionario público (militar).

Muchos caen en la tentación. La desinstitucionalización ha llegado a organismos internacionales, incluso de la misma Naciones Unidas. Fue un problema hace poco el nombramiento de parientes en línea directa en el propio PNUD, donde al parecer también hubo influencia desde el Estado boliviano. Por ello, los tentáculos puede ser que lleguen mucho más lejos de lo que hablan actualmente los medios de comunicación.

Es mejor evitar esa opacidad si se quiere tener credibilidad y transparencia.

 


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