Alistan ofensiva jurídica contra Ley 266 que quita intangibilidad al TIPNIS

El diputado opositor, Wilson Santamaría ratificó que preparan estrategia jurídica; el exdefensor Rolando Villena también anunció una acción legal.
lunes, 14 de agosto de 2017 · 20:00

ANF / La Paz

La oposición anticipó que estudia una acción de inconstitucionalidad; mientras que el exdefensor del Pueblo, Rolando Villena, habla de una acción popular, las iniciativas apuntan a demostrar la inconstitucionalidad de la Ley de Protección y Desarrollo Integral y Sustentable del TIPNIS.

El jefe de la bancada UD, Wilson Santamaría, informó que el plazo que fijaron para presentar la acción en el Tribunal Constitucional Plurinacional es hasta el 30 de agosto. "Cumplir o no cumplir los requisitos de una consulta previa libre e informada…creo que es estructural para el recurso de inconstitucionalidad”.

"Lamento la promulgación de este certificado de defunción de esta área (protegida)", sostuvo, al referirse a la Ley 266 que abroga la Ley 180 y quita la intangibilidad en el TIPNIS. Una de las principales preocupaciones es que la zona sufra la presión de los colonizadores o productores de coca.

Pero también temen que aumente la tala de los árboles, que se consolide la construcción de la carretera por el corazón del TIPNIS y que se empiecen a explorar recursos hidrocarburíferos.

Por su parte Villena cree que esta norma viola la autodeterminación de los indígenas y advierte de la inconstitucionalidad de la norma, en ese marco anticipó que presentaría una acción popular.

"Esta ley es parte de una política de depredación para que las empresas petroleras puedan entrar libremente a las áreas protegidas sin ninguna consideración del sistema ambiental y con falta de respeto de los pueblos (…) la Constitución señala que antes de tomar decisiones que afecten gravemente al medioambiente se debe consultar a los pueblos indígenas”, mencionó.

En ambos casos, el objetivo es demostrar que la Ley 266 viola la Constitución Política del Estado, la Ley de Medio Ambiente y otras normas que el propio Gobierno impulsó como la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.

Pero el Gobierno explica que se cumplió uno de los métodos de participación más importantes como fue la Consulta Previa Libre e informada, según ese proceso 57 comunidades le dijeron sí a que termine la intangibilidad, una que se negó y 11 que no participaron de la consulta.

Asimismo, las autoridades alegan que las comunidades indígenas yuracarés, mosetenes, trinitarios y chimanes, con esta norma podrán acceder a los servicios de salud, educación entre otros. No obstante Santamaría precisa que no es necesaria una ley para que el Estado garantice derechos fundamentales.

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