Pacto Fiscal: El Bala y el Chepete son una oportunidad para La Paz

Hugo Siles confía en que el Pacto Fiscal será fruto del consenso entre todos los actores del debate.
domingo, 20 de agosto de 2017 · 00:00
Alcides Flores M.  / La Paz
 
En los próximos 11 días, el 31 de agosto, el Consejo Nacional de Autonomías debía suscribir el Pacto Fiscal, según lo establece  el reglamento de debates. Pero, hasta esa fecha, la cuarta etapa del proceso estará apenas en su fase inicial.
 
"Al haber identificado el estado de situación de la etapa cuatro, entre todos coincidimos que hay un desfase de al menos un mes, dos meses, tres meses, y de consenso se decidió extender el tratamiento de la etapa cuatro y cinco hasta máximo la segunda semana de noviembre”, explica el viceministro de Autonomías, Hugo Siles, que es el que maneja los hilos de este diálogo.
 
El debate, establecido desde hace dos años, transcurre en medio de dudas sobre si este proceso concluirá con la implementación de mejores políticas públicas que permitan a los gobiernos locales conseguir sus metas de desarrollo con los recursos suficientes que demandan.
 
El punto de partida del Gobierno en este proceso ha sido dejar en claro una premisa: de la redistribución de recursos no se habla, sí de cómo gastar mejor lo que se tiene y de cómo generar más recursos. Descartar el primer punto es -para quienes cuestionan el proceso- un Pacto Fiscal a la medida del MAS.
 
¿Será un Pacto Fiscal a la medida del MAS? Además, de los 27 miembros del Consejo, 24 son del Gobierno o afines a él. 
 
Es una lectura errónea. El Consejo Nacional está integrado por miembros del nivel central y las entidades territoriales autónomas (nueve gobernaciones, 339 alcaldías y autonomías regionales e indígenas). La representación de los miembros del Consejo Nacional está legitimada por la voluntad de la población. La correlación de fuerzas es esa.
 
Y será este Consejo Nacional el que decidirá finalmente qué Pacto Fiscal va.
 
En el reglamento del Consejo Nacional de autonomías y en el reglamento de debates hemos establecido la figura del consenso. Hemos definido que las decisiones son por consensos. Eso rompe la pregunta que usted hace.
 
¿El consenso es que  todos, todos, tienen que estar de acuerdo?
 
El consenso es consenso.  Todo es por consenso.
 
Si uno de los tres miembros del Consejo Nacional no está de acuerdo con las conclusiones de este proceso, ¿no habrá Pacto Fiscal?
 
Claro. No hay consenso, no hay acuerdo, entonces nadie quiere eso. Un acuerdo significa pactar, acordar entre las partes y eso hacemos. Por eso se cae eso de que el acuerdo del Pacto Fiscal está a la medida nuestra, no está a la medida nuestra, porque nosotros no hacemos parte sin ellos y ellos no hacen parte sin nosotros.
 
Hace un mes usted mencionó que el Pacto Fiscal no es discutir la redistribución de recursos. Ante esa declaración, Fabián Yaksic -delegado de la Gobernación en la Comisión Técnica- afirmó: "Si no se va a discutir la redistribución, entonces, ¿para qué es el Pacto Fiscal?”.
 
Cada uno de los miembros del Consejo Nacional de Autonomías, de la Comisión Técnica del Pacto Fiscal (representantes de los miembros del Consejo Nacional), tiene derecho a tener una visión del significado del Pacto Fiscal. Lo que quiero decir es que no hay en el mundo una definición y un común denominador de su significado.
 
Nosotros, como nivel central del Estado, en la metodología propuesta, hemos definido Pacto Fiscal como el nivel de acuerdos entre el nivel central y las unidades territoriales autónomas para gastar bien los recursos de los que se disponen, generar recursos alternativos, poner en vigencia competencias, desarrollar esfuerzos de gestión pública subnacional y consignar la posibilidad de alcanzar políticas  orientadas al desarrollo económico territorial, a la creación de empresas subnacionales, al fortalecimiento de lo productivo. Por ello, hay diferentes definiciones de Pacto Fiscal.
 
¿Habrá reformulación del sistema impositivo?
 
A ver, estamos en el desarrollo de la etapa cuatro, y estamos en pleno proceso de sistematizar las propuestas que surgieron como resultado de la identificación de factores críticos que hacen lenta la administración del Estado, de los gobiernos subnacionales, que no permiten la dinamización de la gestión pública. En ese contexto, hay un debate que está en proceso y está dentro del debate mismo la presentación de diferentes alternativas y propuestas que se orientan a estos cometidos, por lo que hay que esperar el desarrollo de las propuestas, de la validación y sistematización de esas propuestas.
 
¿Está en debate la transferencia de competencias tributarias?
 
Estos temas los vamos a ver en la etapa quinta. Usted me está preguntado temas que no hemos visto aún, que los vamos a ver en la siguiente etapa. Lo que se refiere a tributos se va a analizar en esa fase.
 
¿Y el Gobierno está dispuesto a debatir la transferencia de competencias tributarias?
 
El Gobierno ha presentado la metodología de cinco etapas. Las cinco etapas tienen temas y en cada uno de los temas nosotros participamos. Cada una de las etapas debe concluir en consenso y en acuerdo, por eso el nivel central del Estado no puede adelantar ningún tipo de resultado que no haya sido previamente validado, consensuado entre todos.
 
En el fondo, lo que se espera es que cambie el modelo económico financiero, vigente desde hace 30 años, en lo que se refiere a redistribución.
 
No necesariamente nosotros creemos que el debate y el diálogo del Pacto Fiscal se oriente a eso. El modelo de la economía boliviana es un referente mundial. Somos el país que ha dado vueltas al mundo habilitando un modelo alternativo que es crecimiento y desarrollo con inclusión. En ese contexto, no estoy de acuerdo en modificar el modelo económico, que es exitoso.
 
Desde cuando está vigente el modelo económico al que se refiere.
 
El modelo económico boliviano está vigente desde 2006.
 
Pero el sistema de redistribución no ha cambiado desde hace 30 años.
 
En 2005, los municipios y las otroras prefecturas recibían algo así como   3.000 millones de bolivianos. Todos recibían ese monto. Con el modelo económico vigente, que ha decidido nacionalizar los recursos hidrocarburíferos, desarrollar la configuración de empresas públicas nacionales, fortalecer el Estado, los municipios y prefecturas -ahora gobernaciones- ahora han recibido cinco veces más. O sea, pasaron de recibir   3.000 millones a 16.000 millones de bolivianos.
 
Yo pienso que no está en discusión tanto el modelo redistributivo, porque ese modelo tiene fuentes, un orden establecido y una asignación. Entonces, me parece que donde sí hay que hacer incidencia es en el fortalecimiento de la gestión pública.
 
En 2005, los   3.000 millones de bolivianos que se distribuían entre las alcaldías representaban un porcentaje del total y hoy ese porcentaje sigue. Entonces, el sistema de redistribución se mantiene.
 
Pero funciona.
 
La queja constante de las gobernaciones gira en torno a los pocos recursos que se les asigna. La Gobernación de La Paz tiene el 0,6% del presupuesto en el rango de inversión pública.
 
No es así. El presupuesto de la Gobernación de La Paz es de 1.600 millones de bolivianos.
 
Pero su presupuesto para la inversión pública es de menos de 270 millones de bolivianos, lo que equivale al 0,6% del total.
 
Eso depende si la autoridad dispone de menos recursos para ello y genera más recursos para otras áreas.
 
Esos 270 millones de bolivianos  ¿son suficientes?
 
Habría que preguntarse si tan sólo ese es el presupuesto que la Gobernación tiene para inversiones, o aparte de ese presupuesto también está aquello que va en concurrencia con los proyectos del Gobierno y otros programas. El presupuesto para inversión de La Paz no es de esa cifra, porque en la inversión del departamento hay que consignar carreteras, emprendimientos energéticos, hidroeléctricos, el teleférico y una serie de otras inversiones e infraestructuras.
 
La inversión de una entidad autónoma puede tener esos alcances, pero otra cosa es la inversión del departamento de La Paz. Creo que La Paz es el primer departamento  que tiene más recursos de inversión, sumados el de El Bala y el Chepete.
 
¿Y las asimetrías? Tarija recibió en 2014 más de   8.000 bolivianks per cápita frente a 230 que recibió La Paz. ¿Ese tema está en  debate?
 
Esos temas son conquistas del pueblo boliviano. El pueblo definió recuperar la soberanía de los recursos nacionales. En el pasado, esos recursos se iban a las transnacionales, ahora se quedan en Bolivia. Se invirtió la figura. El 18% se volvió el 80%.
 
Es la consecuencia de la distribución de los recursos del IDH.  ¿Quién va a tomar la decisión para cambiar eso? ¿Vamos a quitarle a Tarija  para darle a La Paz?
 
Pero las diferencias son abismales. En 2016, después de la caída del precio de los hidrocarburos, Tarija recibió más de   3.000 bolivianos  per cápita, y La Paz  170 bolivianos.
 
Son recursos que vienen de la lucha del pueblo boliviano. ¿Cómo se puede decidir una alteración de esa forma de distribución? ¿Le vamos a quitar a Tarija? El Pacto Fiscal no significa la confiscación de recursos de un departamento y generar división en el país. Pregúntele a los tarijeños si están dispuestos a no recibir los recursos que les corresponde del IDH.
 
El departamento de La Paz está proyectando el desarrollo del norte y allí se han hecho anuncios sobre exploraciones y algún día, muy pronto, La Paz tendrá recursos hidrocarbuiríferos y gasíferos. La Paz tendrá centrales hidroeléctricas, lo que significa regalías.
 
Cuando habla de regalías por la hidroeléctrica en La Paz, ¿se refiere al proyecto de El Bala y del Chepete?
 
Sí, me refería a ese proyecto, y a los procesos de exploración en el departamento.
 
Es decir, ¿ el proyecto de El Bala y del Chepete ya es un hecho?
 
Significa que El Bala y el Chepete son la oportunidad que tiene el departamento de La Paz para poder constituir un flujo de recursos alternativos en energía que van a significar un beneficio para toda la economía boliviana, y también un alto grado de beneficio para La Paz.
 
Ahora el proceso de construcción de las represas está en marcha en lo que se refiere a las consultas y al proceso previo de estos polos de desarrollo energético; las consultas están acorde a la normativa existente.
 
El proyecto de El Bala y del Chepete va, ¿aun cuando persisten el rechazo y los cuestionamientos a la carretera por el TIPNIS?
 
Yo he encontrado que en 1868 el gobierno de Mariano Melgarejo planteó la primera ley de comunicación entre Cochabamba y Beni. Hemos revisado leyes de 1984, de Hernán Siles Suazo, que hablan de la carretera San Ignacio de Moxos-Villa Tunari y hemos visto leyes de Jaime Paz Zamora y Carlos Mesa que hablan de la necesidad de construir esa ruta.
 
Lo que hemos hecho como Gobierno es, atendiendo a la consulta y el resultado de la misma, promulgar la ley (que elimina la intangibilidad del TIPNIS) que fija un plan integral estratégico para definir por dónde va a pasar la carretera. La intangibilidad es un concepto que ni siquiera es reconocido por la ONU y la OIT. Ese concepto no está ni en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas.
 
Pero el Gobierno  sí lo reconoció y lo hizo través de una ley.
 
Sí, el Gobierno reconoció (la intangibilidad) a través de una ley.
 
¿Y por qué volvió atrás?
 
Porque se hicieron las consultas y la mayoría de las comunidades decidió levantar la intangibilidad. La ley, además, protege y genera todos los niveles sustentables en el TIPNIS.
 
El Gobierno siempre estuvo interesado en hacer la carretera por el TIPNIS y fue el Gobierno  el que hizo la consulta. La Iglesia  realizó un trabajo de investigación que estableció que de las 35 comunidades del TIPNIS, 30 no estaban de acuerdo con que se construya esta carretera.
 
El Gobierno y los gobiernos, desde Melgarejo, han definido como un aspecto estratégico la construcción de esa carretera. Hay que dejar claro que este es un viejo anhelo.
 
El proyecto de El Bala y del Chepete ha levantado muchos cuestionamientos.
 
Lo que llama la atención es que en el pasado, igual se hicieron leyes que definían la construcción de vías, de algunos emprendimientos y no había ambientalistas, opositores que se opongan. Todos aplaudían. Qué casualidad que ahora, cuando se propone y se quiere construir algo, aparecen ambientalistas y expresidentes, como Carlos Mesa, que firmó la necesidad de construir esa vía, ahora, en una amnesia ambientalista, diga que no se deben hacerse esa obra.
 
 
Fuera del país, Evo es visto como defensor de la Madre Tierra, pero ahora surgen dudas sobre si Evo realmente es defensor de la Pachamama.
 
En el mundo hay también correligionarios del ambientalismo colonial. Nosotros somos el país que hemos elevado a rango de ley la defensa de la Madre Tierra y lo hemos convertido en sujeto de derecho. Es la única ley en el mundo.
 
Pero lo que no queremos, como dijo el Vicepresidente, es que se nos condicione desde afuera  y se nos diga qué debemos hacer y qué no hacer en torno al medioambiente en Bolivia. Eso lo   decidimos nosotros, no ONG,  intelectuales ni ambientalistas.

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