Reelección: Del Granado identifica cuatro transgresiones al orden constitucional

miércoles, 20 de septiembre de 2017 · 00:00
Juan Del Granado,abogado y político
 
Son cuatro las transgresiones al orden constitucional, nacional e internacional, en las que incurre la "demanda de inconstitucionalidad” formalizada este lunes 18 por el MAS, en su reiterado intento de lograr una nueva reelección de Evo Morales. Veamos:

PRIMERA TRANSGRESIÓN. El Tribunal Constitucional no es competente para reformar la Constitución Política del Estado. Lo que plantea el MAS no es una interpretación de la CPE sino una reforma. Cuando el MAS le pide al Tribunal Constitucional que declare "inaplicable” el Art. 168 de la Constitución que prohíbe la doble reelección presidencial, no sólo que le está pidiendo que ejerza una atribución que no tiene, ya que la INAPLICABILIDAD de la Constitución no está prevista en nuestro ordenamiento constitucional, sino que le está pidiendo que REFORME la Constitución introduciendo, en contra de su texto actual, la REELECCIÓN INDEFINIDA de todos los gobernantes. El texto actual NO amerita interpretación alguna porque ese TEXTO ES CLARO y NO es contradictorio con ningún otro de la misma CPE, y por ello el MAS le está pidiendo al Tribunal Constitucional que USURPE funciones al soberano que, por vía de una Asamblea Constituyente o de un  referendo, es el único que puede reformar total o parcialmente la Constitución.

SEGUNDA TRANSGRESIÓN. El Pacto de San José no plantea en ningún caso la reelección indefinida de los gobernantes.  El "recurso” masista apela al Art. 23 de este instrumento internacional que consagra el derecho de todo ciudadano de "participar, de votar y ser elegido en elecciones periódicas, para la dirección de los asuntos públicos”. Este artículo lo que consagra es el derecho político electoral de todo ciudadano, frente al Estado, para garantizar que los titulares del poder no se lo impidan. En ningún caso el Art. 23 del Pacto puede consagrar el supuesto "derecho” de los gobernantes a eternizarse en el poder, precisamente, en contra de la sociedad y de la gente. Lo contrario sería poner de cabeza al Pacto que es una convención sobre Derechos Humanos frente al Estado y a los gobernantes, que jamás podría ser interpretada como una norma internacional de reelección indefinida de los gobernantes en todo el sistema interamericano. Demás está decir que la propia jurisprudencia de la Corte Internacional contradice expresamente la "interpretación” masista.

TERCERA TRANSGRESIÓN. Ninguna interpretación puede estar por encima de la democracia directa. El 21 de febrero de 2016, en ejercicio del Art. 11 de la CPE y por mayoría absoluta de votos, se rechazó la reforma del Art. 168 de la CPE manteniéndose la prohibición expresa de doble reelección de manera continua. Ninguna ley, ninguna sentencia y ningún poder constituido puede modificar esa decisión democrática y directa, sin violar flagrantemente todo "el sistema de gobierno” que define la CPE a partir de su Art. 11. Siete jueces del Tribunal Constitucional no pueden modificar el resultado del 21 de febrero, poniéndose por encima del voto soberano y mayoritario de los bolivianos.

CUARTA TRANSGRESIÓN. Existe cosa juzgada constitucional sobre esta materia y ella está contenida, nada menos,  que en la Declaración Constitucional N° 193/2015 de 21 de octubre de 2015, que emitió este mismo Tribunal Constitucional con motivo de la consulta que efectuó el MAS para viabilizar el referendo del 21 de febrero. En esa oportunidad el MAS planteó la posibilidad de modificar vía referendo el Art. 168 para permitir una segunda reelección de Evo Morales, y el Tribunal Constitucional respondió que esa posibilidad de reforma vía referendo era "constitucional” porque la reelección planteada no era INDEFINIDA y al no serlo no afectaba a la democracia ni atentaba los principios constitucionales. 

Vale decir que el Tribunal Constitucional Plurinacional definió, ya el año 2015,  que la reelección indefinida era contraria a la "democracia” y a "los principios constitucionales”, criterio contenido en una "Declaración” que tiene connotación de sentencia definitiva y NO revisable.

Por lo mismo,  el Art. 27 del Código de Procedimiento Constitucional  obliga en el primer momento de presentación del recurso, en la Comisión de Admisión, al RECHAZO de la "pretensión” del MAS.

 

 


carlos alarcón,abogado constitucionalista 
 "Es un engendro jurídico monumental”

 

Esa demanda es un engendro jurídico monumental porque por una parte pretende la inaplicabilidad de cuatro artículos de la Constitución, uno de ellos el 168, que ha sido ratificado en el referendo del 21F, cuando el Tribunal Constitucional  no tiene la atribución, no tiene la competencia ni el procedimiento para declarar inaplicable normas de la propia Constitución. 

El artículo 202, numeral I, de la Constitución únicamente le confiere atribución al Tribunal Constitucional para conocer y resolver en única instancia los asuntos de puro derecho sobre la inconstitucionalidad de leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos y todo género de ordenanzas y resoluciones no judiciales.

De ninguna manera le concede atribución para  conocer y resolver la inaplicabilidad de normas de la propia Constitución.  Lo propio en el artículo 72 del Código Procesal Constitucional que establece que las acciones de inconstitucionalidad sólo tienen por objeto declarar la inconstitucionalidad de toda norma jurídica incluida en una ley, decreto o cualquier género de resolución no judicial que sea contraria a la Constitución. 

El Tribunal Constitucional sólo tiene competencia para declarar la inconstitucionalidad de leyes o de normas de rango inferior, pero no tiene competencia para declarar la inaplicabilidad de normas de la propia Constitución y esto  lo reafirman los artículos 77 y  78 del mismo Código Procesal Constitucional, cuando establecen que el Tribunal Constitucional fundará la sentencia de inconstitucionalidad en la vulneración de cualquier precepto constitucional; y que podrá declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley, estatuto autonómico, carta orgánica, decreto, ordenanza y cualquier género de resolución no judicial.

Es decir que estas normas del propio código procesal además de las citadas de la Constitución no facultan al Tribunal Constitucional a declarar la inaplicabilidad en su sentencia de normas de la propia Constitución. Esta es la primera gran aberración jurídica de esta demanda. 

La segunda aberración es que además de pedir la inaplicabilidad de estos artículos de la Constitución, incluido el 168, piden la inconstitucionalidad de los artículos correlativos de la Ley de Régimen Electoral, que estos artículos más bien tienen como base constitucional clara e inequívoca los artículos de la Constitución cuya inaplicabilidad pretenden los demandantes.  Es decir que en lugar de tratarse de normas inconstitucionales, estas normas del Régimen Electoral son normas constitucionales, reconocidas por los propios demandantes.  Entonces, por una parte  se trata de dejar sin efecto normas de la Constitución, cuando únicamente eso se lo puede hacer por un camino de la reforma a la Constitución, con referendo en las urnas como ocurrió el 21F; y por otro lado, se trata de cuestionar normas de la Ley de Régimen Electoral que más bien tienen esa base constitucional; y para esto usan una figura que es de la inaplicabilidad, que es inexistente en el orden jurídico boliviano.

Esta figura se la han copiado de EEUU. Nace con un fallo de un juez cuando estaba recién entrando en vigencia el estado federal norteamericano, nace con una sentencia de un juez este control, que se llama difuso de constitucionalidad  basado en la inaplicabilidad, donde el juez, dentro de un proceso judicial, puede decir en este caso esta ley yo no la aplico porque es contraria a la Constitución norteamericana, pero mantiene su vigencia para otros casos, porque no tiene efectos abrogatorios  su sentencia, solamente la inaplica para el caso particular, pero el juez Marshall que fue el que inventó esto de la inaplicabilidad si le hubieran pedido que inaplique una norma de la Constitución federal americana le hubiera dado un ataque cardiaco y se hubiera muerto. 

Jamás se le hubiera ocurrido al juez Marshall que la figura de la inaplicabilidad sirva para dejar sin efecto normas de su constitución.  O sea que no sólo que no existe  en el ordenamiento jurídico boliviano, porque existe otro sistema distinto y diferente de control de constitucionalidad, sino que en el propio país donde existe, que es  EEUU, jamás se le ocurriría a   ningún juez de utilizarlo para dejar sin efecto normas de la Constitución.  El Tribunal Constitucional, para no incurrir en prevaricato, debe rechazar de plano esta demanda en base al artículo 26, 27 romano II, inciso c, del Código Procesal Constitucional que le faculta rechazar de plano  demandas cuando carezcan en absoluto de fundamentos jurídico-constitucionales que justifiquen una decisión de fondo.

 

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