Acceso a la información para luchar contra la corrupción

El tema se abordó en el marco del Día Internacional de Acceso a la Información, que se celebró el pasado 28 de septiembre.
domingo, 30 de septiembre de 2018 · 00:04

Página Siete / La Paz

La aplicación de una ley de acceso a la información pública mejorará la lucha contra la corrupción porque permitirá a los ciudadanos fiscalizar de manera efectiva a las instituciones y autoridades del Estado, coincidieron tres expertos.

“Una ley de acceso a la información pública es necesaria para poder prever casos de corrupción no sólo en el Órgano Ejecutivo, sino también en el Judicial y Legislativo, porque utilizan recursos públicos que son de todos los ciudadanos”, explicó el presidente de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Marcelo Miralles, reportó Erbol.

En esa línea, Marcos Loayza, coordinador de proyectos de la Fundación Construir, sostuvo que uno de los baluartes que tienen las leyes de acceso a la información “es justamente la lucha contra la corrupción”, porque “el ciudadano, al notarse empoderado por una norma, puede exigir información sobre presupuestos, sueldos, contrataciones, gastos y otros”.

La abogada Susana Peñaranda, quien trabajó el proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, que presentó la Asociación de Periodistas de La Paz al Congreso Nacional -según Erbol-, afirmó que la norma “sería una buena contribución a la lucha contra la corrupción”, pues de esa forma “algo que se debió dar años atrás” es que el ciudadano acceda a las cuentas bancarias de autoridades del Estado.

La temática fue abordada en el marco del Día Internacional de Acceso a la Información, que se celebró el pasado 28 de septiembre, informó Erbol.

La Constitución Política del Estado, artículo 21, establece que las y los bolivianos tienen derecho “a acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva”.

Legisladores de oposición afirman que este mandato constitucional del derecho a la información no se cumple, por el contrario el gobierno restringe el acceso a la información estatal.

El senador Óscar Ortiz denunció que en la Cámara de Senadores les fue restringido su mandato de fiscalización, debido a que cambiaron el procedimiento de las Peticiones de Informe Escrito (PIE), pues determinaron que toda solicitud deberá pasar por la Unidad de Análisis Legislativo para que vea la pertinencia de las preguntas y de ser “impertinentes” serán devueltas con un informe recomendando su reformulación.

“Desde que Bolivia volvió a la democracia y volvió a funcionar el parlamento boliviano, jamás se vio tal atropello a las atribuciones de fiscalización, por ende, es imperiosa la necesidad de transparentar”, manifestó Ortiz.

Peñaranda dijo que el acceso a la información pública debe ser cumplida como obligación por todos los servidores públicos.

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