Gobierno planteó 6 juicios penales a periodistas obviando la Ley de Imprenta

La Ley de Imprenta que rige en el país establece que le corresponde a un Jurado de Imprenta evaluar los presuntos delitos en los que pudiera incurrir un periodista en el cumplimiento de su trabajo.
lunes, 14 de enero de 2019 · 03:09

Leny Chuquimia /  La Paz 

Desde  2010, el Gobierno boliviano planteó seis juicios penales en contra de  periodistas. Esos procesos obviaron la Ley de Imprenta vigente en el país y los convenios internacionales que respaldan el trabajo independiente de la prensa. 

Esas  acusaciones contra  los reporteros iban  desde difamación y trata y tráfico de personas hasta espionaje y asociación delictuosa. Los procesos estaban relacionados con  temas de  relevancia informativa como el caso Zapata o   la demanda marítima. 

  El  pasado 3 de enero,  la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) anunció un proceso penal contra el director de Brújula Digital, Raúl Peñaranda.  La causa fue una  nota  que revelaba  que la estatal había lanzado  licitación para firmas de seguridad sin   exigir que tengan licencia de funcionamiento.    

“No se puede acusar criminalmente a un periodista por el trabajo que realiza. En mi caso, no  he dañado la imagen institucional de nada, solamente me  limité a hacer una nota  basada en una norma que es muy clara y muy evidente”, sostuvo  Peñaranda.

Reconocidos periodistas del país se han pronunciado sobre la amenaza penal en contra de Peñaranda. “Creemos que este no es solamente un ataque contra el periodista mencionado, sino contra el derecho de la ciudadanía a informarse y ejercer control social y transparentar la administración de los bienes públicos como estipula el artículo 242.4 de la Constitución”, dice un comunicado. 

Una decena de entidades nacionales e internacionales se han sumado al rechazo a la afrenta  a la libertad de la información. 
 
 La Ley de Imprenta que rige en el país establece  que   corresponde a un Jurado de Imprenta evaluar los presuntos delitos en los que pudiera incurrir un periodista. Las quejas deben llegar a al Comité de Ética de la Asociación de Periodistas.

Las denuncias y el caso Zapata

 En 2016 salió a la luz la relación entre el presidente Evo Morales y Gabriela Zapata, gerente de la empresa china CAMCE, adjudicataria de varios proyectos  estatales de gran magnitud. Este caso causó escándalo y varias demandas contra periodistas.
   

El primer proceso fue del exministro de la Presidencia y actual embajador de Bolivia en Cuba, Juan Ramón Quintana, que lo inició en contra del  periodista y director del diario digital Sol de Pando, Wilson García Mérida, por el delito de sedición. La acusación llegó luego de que García realizó una publicación en la que vinculaba al exministro con el caso Zapata. 

Además, pedía la aplicación de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz para establecer el origen de la fortuna de la  expareja de Morales. El 10 de mayo, luego de la  emisión de un mandamiento de aprehensión en su contra, el periodista tuvo que dejar el país   hacia  Brasil.

El 16 de junio de 2016, un memorial a nombre de Amalia Pando llegó al programa Cabildeo, dirigido por la periodista. En el documento,  el juez Primero de Sentencia en lo Penal, Luis Yépez Portugal, le exigía entregar la grabación del programa del 18 de mayo (2016) en el que se realizó una  entrevista telefónica a Gabriela Zapata. También  le pedía revelar los nombres de todos los periodistas que realizaron la cobertura.

El entonces presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales,  señaló que la medida estaba  “errada”. Explicó que no se puede  convocar a un periodista a comparecer ante un tribunal ordinario contradiciendo la Ley de Imprenta. 

Notas similares fueron enviadas a varios medios de comunicación. Todos eran parte del grupo que el Gobierno calificó como el “Cártel de la Mentira”.  

   El 1 de julio de 2016, la entonces ministra de Comunicación, Marianela Paco,   anunció la  entrega de información al Ministerio Público para el inicio de un proceso legal en contra del periodista y presentador de la cadena internacional CNN,  Fernando del Rincón. El Gobierno lo denunció por  asociación delictuosa, apología pública del delito, encubrimiento, trata y tráfico de personas y complicidad en el escándalo de tráfico de influencias   vinculado con  Gabriela Zapata. 

La demanda marítima 

El 13 de abril de 2014 el periodista  Ricardo Aguilar publicó en el periódico La Razón un reportaje sobre la demanda marítima en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Por este trabajo la Procuraduría General del Estado solicitó   iniciar un juicio por “espionaje”, ya que a su parecer muchos datos de la estrategia legal habían sido revelados. La directora de dicho medio, Claudia Benavente, también fue acusada  por “complicidad”.

El 8 de mayo de 2014, el juez 11° de Instrucción en lo Penal de La Paz, Jhonny Machicado, ordenó a Aguilar el “levantamiento del secreto de fuente”. Tres meses después,  el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz remitió el proceso a un Tribunal de Imprenta.

Orden de retractación

En  julio de 2016 el presidente Evo Morales  denunció por difamación, injuria y calumnia ante la justicia ordinaria  al Premio Nacional de Periodismo, Humberto Vacaflor. La acusación se basaba en las declaraciones  en relación con  que el Primer Mandatario -en 2002, cuando era diputado y dirigente cocalero- habría ordenado la muerte de  los esposos Andrade   en un bloqueo en el Chapare. Dos meses después, fue obligado a retractarse por orden judicial.

El caso más antiguo data de 2010, cuando el periodista Rogelio Peláez denunció el presunto enriquecimiento ilícito del abogado defensor de 285 contribuyentes del Fondo de Retiro del Empleado Público (FREP). El jurista le  inició un juicio  que concluyó en 2012 cuando  un tribunal de La Paz lo sentenció a dos años y medio de prisión por “difamación y calumnia”. La condena  fue anulada dos años después.

Venezuela,  con más agresiones a la prensa

Durante  2018, al menos 61 periodistas fueron detenidos en cumplimiento de su trabajo en América Latina. Con una  diferencia, Venezuela y Nicaragua son los países que encabezan las listas de vulneraciones a la libertad de prensa.

 Según un reporte de Amnistía Internacional (AI) hasta octubre de 2018 al menos  52 periodistas y trabajadores de la comunicación fueron detenidos de forma arbitraria en Venezuela mientras ejercían sus funciones.  A ese numero se suman otros tres detenidos en noviembre. 

Del total, más de una docena eran periodistas extranjeros que cubrían temas de la coyuntura venezolana. Cerca del 20% de los afectados eran mujeres.

Entre los casos está el de tres de los periodistas extranjeros que fueron detenidos por más de 24 horas por reportear la migración venezolana. Dos  eran brasileños y uno español.

 Asimismo, el  7 de enero pasado, el Committe to Protect Journalist (CPJ) emitió un pronunciamiento ante la situación de los periodistas en Nicaragua. Durante los últimos meses   dos reporteros fueron detenidos, otros dos tuvieron que dejar el país  y se procedió al allanamiento a dos medios  importantes de comunicación.

“Condenamos enérgicamente los allanamientos en diciembre a las oficinas de dos importantes medios noticieros independientes, y la detención de los periodistas del canal noticioso 100% Noticias,  Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, acusados de múltiples cargos contra el Estado. Estas últimas acciones contra la prensa ocurrieron poco antes de las vacaciones navideñas, cuando muchas personas en la comunidad internacional suelen estar distraídas; sin embargo, no pasaron desapercibidas”, señala una carta pública dirigida al presidente de la República de Nicaragua, Daniel Ortega. 

Preocupados por la situación de los periodistas, la Unesco lanzó el “Observatorio de periodistas asesinados”. Su base  de datos registra 291  casos reportados desde 1993 en America Latina y el Caribe. 

 Entre los datos, llama la atención la gran cantidad de casos reportados en países  en paz. México  ocupa el primer lugar, especialmente en los estados donde priman los cárteles.

 

 Punto de Vista
Isabel Mercado H. Directora de Página Siete


 “Debe aplicarse la Ley de Imprenta”

Este año ha empezado de manera preocupante para la prensa. La principal autoridad de uno de los poderes del Estado, el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, se ha despachado un discurso en el que -además de mostrar un grado lamentable de ignorancia sobre el área que dirige-, sostuvo que no se puede dejar  la información en manos de la prensa, pues ésta “tergiversa y manipula”. Es grave que lo diga una autoridad importante, pero más grave aún es que coincidan con él otras autoridades, como el ministro de Justicia, Héctor Arce.

Luego el Vicepresidente nuevamente arremetió contra Página Siete, al que llamó un “periódico trucho”, y lo comparó con un pasquín. Sin embargo, en estos días, se dio el hecho más deplorable y el que confirma la actitud amedrentadora del Gobierno hacia la prensa que no está bajo su control. 

El periodista Raúl Peñaranda, reconocido por su seriedad, honestidad y valentía, está siendo amenazado con un juicio penal por una información que difundió en su portal digital sobre irregularidades en las contrataciones de la estatal ENTEL.

En vez de aportar a esclarecer la denuncia, la empresa amenaza penalmente al periodista. ¿No saben sus ejecutivos que en Bolivia rige una Ley de Imprenta, que es reconocida en la Constitución, y que deja a los tribunales de imprenta el esclarecimiento de denuncias contra los periodistas y los medios?

Tanto Peñaranda como los demás periodistas que no trabajamos para el Gobierno ni para los partidos políticos, tenemos claro que siempre estaremos amenazados por la censura de parte del poder, y también que somos falibles a errores y omisiones. No buscamos impunidad, pero exigimos que quien nos juzgue sea la Ley de Imprenta, no las partes interesadas. Hoy es Raúl, mañana puede ser cualquiera de nosotros.
 

 

 

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