Informe de privatización apunta a Mesa, Cárdenas y hasta a muertos

Cárdenas asegura que el reporte “es para atacar a la oposición en plena campaña electoral”. El MAS sostiene que hubo un daño de 21.000 millones de dólares.
martes, 15 de enero de 2019 · 03:07

Beatriz Layme  / La Paz

El informe de la Comisión Mixta que investigó  el proceso de privatización y capitalización  concluyó que 55 personas formaron parte de la supuesta  “red de enajenación de las empresas y bienes del Estado”.

En la lista figuran los candidatos a la presidencia Carlos Mesa,  de Comunidad Ciudadana; Víctor Hugo Cárdenas,  de UCS, y  Jaime Paz Zamora,  del PDC. Además, en la nómina está  el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y  el líder de Unidad Nacional,  Samuel Doria Medina.

 Consultado al respecto, Cárdenas sostuvo que el informe de la comisión “es para atacar a la oposición en plena campaña electoral”,  debido a que “es un informe parcializado y su  objetivo es beneficiar políticamente a Evo Morales y Álvaro García Linera,  porque son candidatos del MAS”. El postulante agregó que todo funcionario debe rendir cuentas, pero ante tribunales imparciales, no en comisiones político-partidarias.

   Mesa no emitió ningún criterio. Sus allegados pidieron disculpas y comunicaron que el candidato  estaba en una reunión.

Entre otros presuntos miembros de la red, de acuerdo al reporte, también están  los extintos mandatarios Víctor Paz Estenssoro, Hugo Banzer Suárez y  Luis Ossio Sanjinéz.   (Ver detalles en la infografía) 

  De acuerdo al documento al que accedió Página Siete, los “55 individuos” estaban articulados entre sí por vínculos políticos, relaciones empresariales y lazos de parentesco. De esa forma -refiere el reporte- conformaron la “red de enajenación”, la cual  estaba compuesta por tres subredes.

 “La primera subred tiene como actor central a Gonzalo Sánchez de Lozada, presidente de la República (1993-1997 y 2002-2003) y accionista mayoritario de la Compañía Minera del Sur (Comsur). La segunda subred identificada está articulada en torno a Samuel Doria Medina Auza (MIR), ministro de Planeamiento y Coordinación (1991-1993) y accionista mayoritario de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce)”, se lee en el informe.

  Al respecto, Doria Medina afirmó que no tiene nada que ver con la capitalización de las empresas estatales estratégicas y que en su momento se opuso. 

El político agregó que con su acción,  “en los años 90, cumplimos el propósito de la Corporación Boliviana de Fomento, que era industrializar el país creando empresas desde el Estado para luego pasarlas al sector privado. Lo hicimos amparados en una ley específica y para salvar la débil recuperación económica que se vivía entonces”.

 La tercera subred -según el informe- “se articula en torno (al extinto) Raúl Garáfulic Gutiérrez (ADN), embajador de Bolivia en España (1989-1992), propietario de varios medios de comunicación y presidente del directorio de la AFP Previsión”.

  El presidente de la comisión investigadora, el senador Rubén Medinaceli (MAS), señaló que de acuerdo a las pesquisas se identificó  un daño económico al Estado superior a los 21.000 millones de dólares en los gobiernos que detentaron el poder entre 1985 y  2005.

El legislador explicó que  hoy en la sesión del Legislativo  se definirá qué se hará en cada caso, con la posibilidad de que podría remitirse cada cual al Ministerio Público,  bajo la presunción de que incurrieron en varios delitos, como incumplimiento de deberes o daño económico. 

 

     

74   colaboradores 

La comisión mixta legislativa que investigó los procesos de privatización y capitalización desde   1985 hasta 2005 contó con la ayuda de 74 personas, según el informe.

De acuerdo al documento al que accedió Página Siete, 35 personas conformaron el equipo multidisciplinario de investigación; 14 integraron el equipo de auxiliares de investigación.

Cinco eran del equipo de comunicación, seis los archivistas, cinco del equipo  de apoyo administrativo y nueve, los del equipo de edición y diagramación.

   El jefe de bancada de Unidad Demócrata, Arturo Murillo, afirmó que el “único daño  al Estado es el gasto que realizó la comisión, debido a que gastó aproximadamente ocho millones, dos millones por año, pues la comisión sólo se encargó de inculpar a exautoridades y otras personas”.

       El senador Murillo señaló que “lo peor” del informe  es que ni los legisladores de oficialismo y oposición realizaron las pesquisas. “Fueron gente externa porque son informes voluminosos, que están en tres tomos, que no dicen nada, lo único que hacen es dejar mareado”, indicó.

 

 

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