“La Ley de Imprenta, pese a ser del año 1925, está en vigencia”

El abogado dijo que los periodistas o medios de comunicación que realizan trabajos de investigación son “víctimas de represión en lugar de ser premiados”.
sábado, 19 de enero de 2019 · 00:33

Laura Maldonado  / La Paz

El rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, afirma que la  Ley de Imprenta está vigente. La autoridad universitaria agrega que “las víctimas de la violación de la libre expresión son periodistas, comunicadores o medios”. 
 
¿Cómo evalúa el estado de  la libertad de expresión en Bolivia?

Las víctimas de la violación de la libre expresión son periodistas, comunicadores o medios. Por eso, cualquier medio que intente hacer periodismo ético investigativo y transparente, en lugar de ser premiado, es víctima de represión. Tantos periodistas han perdido sus fuentes de trabajo solamente por ejercer su profesión de manera idónea.

¿Cuál es la  lectura que tiene  sobre el anuncio de juicio penal contra el periodista Raúl Peñaranda?

Lo que hace el Gobierno nunca está bajo los parámetros constitucionales. La Ley de Imprenta, pese a ser del año 1925, está en absoluta vigencia y prevé que si algún medio o periodista incurre en transgresiones, tienen que acudir al jurado de imprenta. 

Lo que tiene que hacer el Gobierno, si piensa que el señor Peñaranda ha transgredido las normas de la ética periodística, que se entiende como delito de imprenta, es acudir al jurado de imprenta.

El procedimiento es muy sencillo. Se presenta un memorial de denuncia ante un juez de partido y éste convoca al jurado de imprenta, que si bien son 40 en las capitales de departamento, 20 en las provincias. Ese jurado de imprenta se lo sortea y se quedan dos, quienes llevan adelante el proceso. Se lee la denuncia, se escucha a ambas partes y finalmente emiten un fallo.

Ese fallo será convalidado por el juez. Eso no está aconteciendo. 

Lo que quiere el Gobierno es llevar el caso directamente a los tribunales porque tiene controlado a los jueces y fiscales, porque el fiscal ya no va a estar como fiscal, el juez ya no va a estar como juez, sino van a estar como funcionarios gubernamentales, porque el Gobierno va a decir qué tienen que hacer los fiscales. Ahí está la violación de los derechos del señor Peñaranda.

Ahora,  lo anunciado (del proceso penal) no sabemos si lo va a cumplir, pero sería un gran antecedente, entre otros, que ya se han dado, de vulneración de la libertad de prensa, de la libertad de expresión.

¿El anunció de juicio penal debería frenarse para allanar la vía de la  Ley de Imprenta?

Se puede pedir, pero no lo van a hacer. Cuando ellos asumen una decisión política, nadie los convence, así estén conscientes  de que están violando la Constitución.

¿Cuál es el  punto de vista que tiene  respecto a la destitución de una funcionaria de ENTEL, después d el anuncio de proceso penal contra Peñaranda?

La destitución de personal de ENTEL es otra prueba de una mentalidad de accionar absolutamente represiva del Gobierno. En materia de periodismo en la Constitución y en la Ley de Imprenta está consagrado el secreto de la fuente, que quiere decir  que cuando sale la información valiosa que ponga en descubierto hechos irregulares en las que intervienen autoridades públicas, el periodista tiene la obligación de no revelar la fuente, y creo que Raúl Peñaranda ha cumplido con ese requisito.

Seguramente por otros lados, el Gobierno  presume o ha logrado la información respecto a quiénes habrían proporcionado datos al señor Peñaranda y sobre esa suposición está empezando ahora una “masacre blanca”, que ratifica el carácter dictatorial del Gobierno; o sea afectando la fuente laboral de personas que probablemente sean inocentes, por eso sobran motivos para  afirmar  que éste es un Gobierno de dictadura.

 

 

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