Defensora llama al cese inmediato de la violencia para dar paso a la auditoria

Pide a la Gobernación de Santa Cruz que asuma las competencias que corresponden al Estado.
miércoles, 30 de octubre de 2019 · 15:40

Página Siete Digital / La Paz

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, llamó al inmediato cese de enfrentamientos  e ingresar a un espacio de reencuentro que posibilite una pacificación con el fin de viabilizar la auditoria electoral vinculante de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Cruz lamentó la afectación a la integridad física de las personas durante las movilizaciones sociales y ciudadanas que sólo este martes dejó 64 personas heridas, sumando en total 139, la mayoría en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, como resultado, principalmente, de confrontaciones entre civiles, según una nota de prensa de la institución.

La Defensora recordó a los gobiernos central, departamental y municipal que tienen la obligación de preservar la paz y también a la Policía boliviana que el uso de la fuerza siempre tiene que ajustarse a lo que dispone su Ley Orgánica y normativas disciplinarias; a los principios de proporcionalidad y necesidad, además de disposiciones internacionales como los principios básicos  sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

 Dijo la auditoria electoral, que comenzará este jueves, de la OEA es una salida pacífica y democrática al conflicto que se vive y lastima al pueblo boliviano, y convocó a la ciudadanía movilizada a deponer acciones de violencia y no arrogarse potestades estatales como el Comité Pro Santa Cruz para requisar movilidades o exigir credenciales a periodistas; y a que se considere la situación de los heridos, tres de ellos en estado de gravedad, cuyo restablecimiento de salud resulta más dificultoso.

“Se invoca a la Gobernación y el municipio de Santa Cruz para que puedan asumir las competencias que les corresponden al Estado y no generar que civiles estén detentando el poder, porque más allá de que este Comité Cívico considere que sus demandas son legítimas, se tienen que enmarcar en el orden constitucional y en el respeto de los derechos humanos”, manifestó.

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