Marchas con dinamita, riesgo en la calle y leyes que no se cumplen

Mineros hacen detonar explosivos en las movilizaciones ante la mirada pasiva de la Policía; ninguna autoridad ha abierto una investigación para impedirlo.
lunes, 04 de noviembre de 2019 · 00:04

 María Ortiz  / La Paz

Desde el lunes pasado, los mineros afines y contrarios al Gobierno marchan por la sede de Gobierno haciendo detonar cachorros de dinamita por doquier, vulnerando la Ley 400 y el Decreto Supremo 2888    que prohíbe el uso de explosivos en manifestaciones.  Todo esto ante la mirada pasiva de la Policía, el Ministerio de Gobierno y la Fiscalía, entes encargados de hacer cumplir la norma.

El secretario jurídico de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (Adhlp), Franco Albarracín sostuvo que el incumplimiento de la ley  atenta contra el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas, derechos protegidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y reafirmados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

“El Estado tiene varias responsabilidades internacionales y una de las principales es la protección de los derechos humanos de cada una de las personas que viven en su territorio”, explicó.

Consultada por los periodistas sobre el tema,   la presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, manifestó su desconocimiento sobre la vigencia del Decreto Supremo.

Mineros  armados en la sede de gobierno, la pasada semana.
 Foto:Freddy Barragán / Página Siete

Los integrantes del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) presentaron el jueves un recurso de acción de libertad contra comandantes de la Policía por permitir el uso de dinamita en las movilizaciones en la ciudad de La Paz.

“Estamos demandando a la Policía por su inacción y su complicidad con un régimen  que está operando violentamente y arremetiendo contra un pueblo desarmado”, argumentó Rolando Villena, integrante del Conade.

Una ley y un decreto 

El artículo 8 de la Ley 400 de Control de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos, promulgada  por Evo Morales en septiembre de 2013, establece la prohibición del porte y uso de dinamita en actividades diferentes a las autorizadas, “debiendo la Policía Boliviana incautar o secuestrar dichos explosivos sin perjuicio de las acciones legales que correspondan”.

El artículo 51 señala que está prohibida la tenencia y uso de explosivos -aún teniendo la licencia de autorización- en manifestaciones públicas, movilizaciones sociales, marchas, huelgas y mítines.

El Decreto Supremo (DS) 2888, vigente desde septiembre de 2016, ratifica la prohibición y dispone que las personas que la vulneren serán sancionadas con cárcel de uno a cuatro años, tal como establece el artículo 211 del Código Penal.

Este DS fue aprobado después  del conflicto de los cooperativistas mineros, que derivó en duros enfrentamientos con la Policía y terminó con el asesinato del entonces viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes. En ese momento el ministro de Gobierno, Carlos Romero, destacó que la norma permitiría generar seguridad y evitar atentados contra la vida.

Sin embargo, desde el lunes los mineros afines al partido de Gobierno marchan por el centro paceño haciendo detonar cachorros de dinamita para desbloquear y amedrentar a las personas   que protestan  contra un supuesto fraude electoral. Todo esto  sin que las autoridades correspondientes lo impidan.

Hasta antes de los actuales conflictos,  el Ministerio de Gobierno hizo cumplir con rigurosidad la normativa vigente, especialmente  cuando se trataba de  movilizaciones de universitarios y cocaleros que protestaban contra el Gobierno. Varios manifestantes fueron procesados y encarcelados por una presunta  tenencia de  explosivos. 

En los últimos acontecimientos, ningún minero que protestaba en favor del Gobierno  ha sido detenido  por detonar este tipo de artefactos.  La Fiscalía tampoco se  pronunció al respecto.

¿Carta blanca para usar dinamita?

Según Albarracín, los grupos afines al Gobierno tienen carta blanca por parte de la Policía y el Ministerio Público para “hostigar”, “amedrentar”, “herir” y “matar”.

“En una democracia normal el Ministerio Público ya tendría detenidos a algunos aliados del presidente Evo Morales, pero sabemos que eso no va a ocurrir hasta que se den los escenarios necesarios para que podamos tener una institucionalidad democrática que impute a aquellos criminales que se encuentran reprimiendo al pueblo y proteja a los ciudadanos que protestan por el cumplimiento de su legítimo derecho”, sostuvo.

El analista, Iván Lima, dijo -en referencia  a las palabras de Salvatierra- que ninguna declaración va a cambiar la naturaleza de los delitos. Asimismo, señaló que las fuerzas del orden, el Ministerio de Gobierno y la Fiscalía tienen que hacer “que se cumpla la ley”, aunque hasta ahora ninguna de estas instituciones ha pedido una investigación o una acción directa para evitar que se vulnere la normativa.

Lima hace  distinción entre la prevención -que tiene entre sus acciones  la  confiscación- y la persecución de un delito, con sanciones estipuladas en el Código Penal. Achaca la inacción de las fuerzas del orden a “una situación social compleja”.

“La Policía tiene que cumplir su rol, que es el de hacer implementar la ley. En este caso la norma dice que se debe  confiscar el explosivo. Si no,  se está haciendo mal, pero no es por un tema de aplicación de la norma, es por una situación social que en este momento es muy complicada y la Policía debe actuar con prudencia”, argumentó Lima.

Explicó que la Policía tiene que ser preventiva haciendo una ponderación de su intervención. “Cuando la Policía, con sus acciones, va a generar un resultado más violento no debe intervenir. Eso es lo que recomienda  Naciones Unidas y todos los protocolos del uso de la fuerza”.

 
Para Albarracín,  además de  vulnerar la ley, el no decomiso de este tipo de explosivos está fomentando su uso y un mayor empleo de la violencia. Dijo que el uso de la dinamita, fuera de un contexto de trabajo, constituye un arma letal que puede provocar no solo heridos, sino, también muertos.

 “Al no ser sancionado por el Estado, el sector aliado del Gobierno -además de las dinamitas- puede comenzar a optar por diferentes armas y eso es fomentar la violencia. El Estado debería restringir el porte de estas armas a ambos bandos por igual. Y si le permite a uno, el otro va a comenzar a tener los mismos insumos para defenderse”, declaró.

 

Marchas, dinamitas y heridos

 En mayo de 2016, días después de que el Gobierno levantara la prohibición al uso de dinamita en las protestas,  un fuerte enfrentamiento generado  entre los fabriles de la empresa estatal Enatex y la Policía dejó a varias personas heridas por explosiones.

    En esa ocasión, un fabril  se voló la mano y parte del brazo producto de la mala manipulación de un cartucho. El segundo herido fue un camarógrafo de Televisión Universitaria que vio afectada su visión por el impacto de una esquirla.

El pasado jueves un joven del municipio de Vinto, en Cochabamba, perdió tres dedos cuando mineros afines al MAS hicieron estallar dinamita durante una  jornada de tensión. Mientras que en La Paz, un camarógrafo de Gigavisión sufrió daños en una de sus piernas.  

Un pueblo indefenso y desarmado

Luego de las elecciones generales del 20 de octubre el país empezó a vivir una ola de manifestaciones. Tras conocerse los resultados que daban como ganador a Evo Morales, las protestas se intensificaron y los ciudadanos salieron a las calles. Hubo quema de instituciones, enfrentamientos, decenas de heridos y dos fallecidos por impacto de bala en Santa Cruz.

En este contexto, la Policía ha estado empleando el uso de agentes químicos para dispersar y reprimir a los manifestantes, entre ellos niños y mujeres embarazadas, que defienden legítimamente su voto y la democracia. Mientras tanto, los mineros parecen tener vía libre para seguir detonando cartuchos de dinamita sin que nadie se lo impida.

“Ante los hechos de violencia hay instancias específicas que se supone que deberían defender los intereses del pueblo. Una es el Ministerio Público y otra la Defensoría del Pueblo, esta última   debería estar registrando las violaciones de derechos humanos y denunciando a la Policía por la represión, a los entes casi paramilitares del Gobierno boliviano que están hostigando las protestas pacíficas. Pero  en lugar de eso asumió un rol afín al partido de gobierno”, criticó Albarracín.

Tras los violentos enfrentamientos registrados la noche del jueves en L   a Paz entre universitarios y uniformados, la defensora del Pueblo, Nadia Cruz emitió un comunicado en el que condena los hechos. Instó a la Policía a ajustar su actuación a los principios de legalidad, proporcionalidad y a  las disposiciones internacionales.

Recordó que existe una ley y un decreto que prohíben el uso de explosivos durante movilizaciones de protestas, y llamó  a los mineros a cumplir la normativa.

La Asamblea Permanente de Derechos Humanos  condena el actuar de la Defensoría del Pueblo y exige la renuncia de su autoridad. “Queremos que   presente su renuncia de manera inmediata porque ya tenemos dos fallecidos y la situación ya no puede tolerarse más tiempo. En esta crisis necesitamos un defensor que proteja los derechos”, añadió  Albarracín.

 


 

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