CIDH califica hechos de Sacaba y Senakta de masacre, y pide investigación internacional

En sus observaciones preliminares tras su visita a Bolivia, señala que urge una investigación internacional para investigar lo que califica de "graves violaciones de derechos humanos".
martes, 10 de diciembre de 2019 · 23:57


Página Siete Digital / La Paz 


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó a través de un extenso informe sus observaciones preliminares tras su visita a Bolivia, en el que califica los hechos de Sacaba y Senakta de masacre, menciona detenciones arbitrarias, entre otros hechos que señala como "graves violaciones de derechos humanos" ocurridos en el conflicto electoral, por lo que estableció que urge una investigación internacional.


La visita de la misión de la CIDH se realizó en el marco de una invitación del Estado, a fin de recabar información en el contexto de la crisis política y social desatada luego de la realización de las elecciones del 20 de octubre pasado.


"La CIDH hace públicas en el presente comunicado sus observaciones preliminares sobre la situación de derechos humanos en Bolivia, y urge la realización de una investigación internacional independiente sobre los sucesos que se han registrado en el país a partir del mes de octubre de 2019", indicó, ya que, a su criterio, el Estado no está en condiciones de realizar una investigación imparcial.


En el informe el organismo dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), calificó los hechos de violencia ocurridos en Sacaba y Senkata, de masacre y recordó que el uso de la fuerza debió utilizarse de forma excepcional y bajo el principio de proporcionalidad. 


"La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena de manera enfática las masacres de Sacaba y de Senkata, en las que se habría incurrido en graves violaciones de los derechos humanos. En criterio de la Comisión, estos hechos pueden caracterizarse como masacres dado el número de personas que perdieron la vida en un mismo modo, tiempo y lugar, y a que se cometieron en contra de un grupo específico de personas. Además, los patrones de las lesiones que se han registrado ofrecen serios indicios de prácticas de ejecución extrajudicial", indica.


La Comisión agregó que "el derecho a la vida, protegido bajo la Convención Americana, es inviolable (...) el uso de la fuerza por el Estado debe ajustarse a los principios de excepcionalidad, legalidad, necesidad y proporcionalidad". 


Asimismo, recordaron al Estado boliviano que la fuerza letal no puede ser utilizada para "mantener o restituir el orden público"; sólo la protección de la vida y la integridad física ante amenazas inminentes.

"En ese sentido, la CIDH urge al Estado que implemente en forma inmediata y apremiante mecanismos para prohibir e impedir de manera efectiva el uso de la fuerza letal como recurso de control del orden público en casos de manifestaciones públicas", establece el informe.


 La Comisión además reiteró que las armas de fuego y las respectivas municiones deben estar excluidas de los operativos de control de las protestas sociales y que los funcionarios policiales o militares que pudieran entrar en contacto con la manifestación no deben portar armas de fuego o de otra manera letales. 

La CIDH también se refirió a los asesinatos de Beltrán Paulino Condori Aruni, de 21 años, y Percy Romel Conde Noguera, de 32 años, quienes habrían muerto por disparos de arma de fuego; y de Juan Marín Félix Taco, de 18 años, cuya causa de muerte no se ha determinado, todos ellos durante la contención de una protesta realizada por pobladores de las zonas de Ovejuyo, Pedregal, Rosales y Chasquipampa en La Paz, entre el 10 y 11 de noviembre. 

"Según la información presentada por la Defensoría del Pueblo, estas muertes, así como varias lesiones a personas, fueron producidas durante el ingreso de las fuerzas policiales y militares al lugar de la protesta, habiéndose identificado un uso desmedido y desproporcionado de la fuerza pública en este incidente, establece", manifiesta.


El mismo día, según la información recibida por la CIDH, se produjo la muerte de Miguel Ledezma González, de 24 años, al parecer por un impacto de perdigones metálicos no reglamentarios, en un enfrentamiento con fuerzas policiales y militares en Sacaba. Asimismo, la CIDH fue informada sobre la muerte de otras personas, incluyendo agentes de la fuerza pública, en sucesos ocurridos en distintas zonas del país.


Por otra parte, la comitiva delegada por la CIDH fue informada sobre la muerte de varias personas durante conflictos violentos entre diferentes grupos de particulares en el marco de las protestas, como la muerte, el 11 de noviembre, de Filemón Soria Díaz, de 45 años, cuyo cuerpo fue encontrado en Cochabamba atado de pies y manos, quien habría muerto por estrangulamiento con un lazo. El 12 de noviembre murió Juan José Mamani, de 35 años, en Cochabamba, tras ser golpeado a muerte por un grupo de personas; y Marcelino Jarata Estrada murió en Potosí por un impacto de arma de fuego. 

En Santa Cruz, en la zona de Montero, el 30 de octubre murieron Mario Salvatierra y Marcelo Terrazas por impactos de bala, al igual que el joven Roberth C.S., abaleado el 13 de noviembre en la misma ciudad; las muertes ocurrieron durante enfrentamientos entre personas que realizaban bloqueos y partidarios de grupos de opositores al MAS, en los que aparentemente participaron francotiradores.

"Dada la gravedad de los sucesos violentos observados, la CIDH condena las pérdidas de vidas humanas ocurridas en el contexto de la violencia electoral. Al mismo tiempo, hace un firme llamado al Estado boliviano para que, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales, investigue y esclarezca cada uno de los hechos, con el fin de establecer los responsables, juzgarlos y sancionarlos, así como a que provea reparación integral a las víctimas y sus familiares", demanda.

La CIDH advirtió que se trata de hechos de violencia extremadamente graves, con aparente participación tanto de la fuerza pública como de distintos sectores sociales, en un contexto de zozobra y conmoción social, en el que han surgido distintas versiones de lo ocurrido. 
Para la Comisión el Estado no se encuentra en condiciones o en capacidad de llevar a cabo una investigación imparcial de los hechos. 


Asimismo la CIHD hizo mención a detenciones arbitrarias y posibles desapariciones. 


La delegación de la CIDH señaló que obtuvo información en el sentido de que el 22 de octubre, la Policía habría aprehendido al menos a 21 jóvenes entre los manifestantes que se enfrentaron a la fuerza pública y quemaron el Tribunal Electoral Departamental de Beni. Asimismo, la Defensoría del Pueblo documentó que el 12 de noviembre había realizado verificaciones en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen  (Felcc), donde encontró a 28 personas arrestadas, incluyendo a cuatro menores de 18 años, por los hechos ocurridos en las protestas de Ciudad Satélite de El Alto.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado informó a la CIDH que hasta el 26 de noviembre, 364 personas habían sido detenidas, de las cuales una alta proporción fue capturada sin orden judicial previa, y muchas de las cuales permanecen privadas de la libertad a la fecha, en todo el país. "Además, el equipo técnico de la CIDH pudo constatar, en su visita a las celdas judiciales del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que no se lleva un registro completo ni cuidadoso de las personas que han sido privadas de la libertad en este contexto", indica el documento.


La Comisión recibió repetidos reportes sobre actos de maltrato físico y verbal, tales como golpes, culatazos, insultos, amenazas o similares, infligidos a las personas al momento de su aprehensión por parte de los agentes de la fuerza pública. En ese sentido, la CIDH tomó nota del informe de la Defensoría del Pueblo del 22 de noviembre, que refiere que entre el grupo de detenidos que se habían visitado en las celdas de la FELCC, 18 presentaban heridas en distintas partes del cuerpo, 2 de ellas graves, y todas requiriendo atención médica que no se había provisto.


Ante la delegación de la CIDH, en la Cárcel de San Pedro en La Paz, algunas personas detenidas denunciaron haber sido golpeadas e insultadas por agentes de la Policía al momento de su detención, así como obligadas a arrodillarse y otros vejámenes físicos. El Servicio de la Prevención de la Tortura (SEPRET) de Bolivia denunció que las personas detenidas en las últimas semanas estarían siendo llevadas a lugares distintos de los centros penitenciarios y carcelarios para allí permanecer privadas de la libertad, donde se les habrían aplicado castigos físicos, gases, golpes y otros ataques a su integridad. El SEPRET también denunció ciertas limitaciones que habían sido impuestas a sus funcionarios para acceder a los sitios de reclusión en todo el país. La Comisión toma nota de la renuncia, el 18 de noviembre, del Director de SEPRET, quien según lo informado, habría sido instado verbalmente a presentar su dimisión.


La Comisión también recibió información sobre amenazas y agresiones contra personas privadas de la libertad, así como sobre la carencia de un registro detallado, al momento del ingreso, de las personas llevadas a los centros de detención, exponiéndolas en consecuencia a situaciones de alta vulnerabilidad, así como a un alto riesgo de ser víctimas de tortura o desaparición forzada.


La CIDH recordó que el Estado está en la obligación internacional de prestar una especial protección a los derechos de las personas privadas de la libertad, por su especial estado de vulnerabilidad.

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