La Casa Rosada, el jurista Garzón y sectores sociales blindan a Morales

El expresidente dijo que aún es Jefe de Estado porque la Ley 651 del 20 de enero de 2015 lo proclama como Presidente Constitucional hasta el 22 de enero de 2020. “Esta norma no fue abrogada”, afirmó.
viernes, 20 de diciembre de 2019 · 01:56

Página Siete  / La Paz

Luego de que se emitiera el mandamiento de aprehensión en contra de Evo Morales, la Casa Rosada cerró filas en torno al exmandatario, quien ayer dijo que aún es Presidente  y que el jurista español Baltasar Garzón liderará un equipo que luchará contra esa orden de detención.

“Después de revisar legalmente, Evo sigue Presidente hasta este momento”, dijo   el exmandatario en rueda de prensa. 

Según Morales, la Ley 651 del 20 de enero de 2015, lo  proclama como Presidente Constitucional hasta el 22 de enero de 2020. “Esta norma no fue abrogada, anulada y menos declarada inconstitucional, por lo que cualquier acto del Gobierno de facto de Añez, Camacho y Mesa es ilegal”, aseguró desde Argentina.  

El miércoles, la Fiscalía  emitió una orden de aprehensión en su contra por los delitos de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo. La investigación se  abrió de oficio  por una llamada  telefónica en la que  una voz -que se atribuye al exmandatario-  instruye  al dirigente Faustino Yucra  “cercar y dejar sin alimento a las ciudades”. 

Por otro lado, Morales  señaló que un equipo, integrado por el  jurista  Baltasar Garzón,  luchará contra la orden de detención emitida en su contra.   “Constituimos un equipo internacional, con el doctor Baltasar  en Europa... Vamos a actuar jurídicamente contra esta orden de aprehensión que no es constitucional ni legal”, manifestó. 
 
Medios de Argentina informaron que el Gobierno de  Alberto Fernández   “no entregará por ningún motivo” a Morales. “Vamos a proteger a Evo  porque corresponde hacerlo en su calidad de refugiado político y porque todo el pedido de detención es una farsa”,  explicó un  funcionario de Casa Rosada a Infobae. 

Según ese medio, Fernández se  comunicó en las últimas horas con Morales para darle su pleno apoyo y asegurarle que el Estado argentino protegerá su integridad física e impedirá que se lo entregue a las autoridades judiciales de Bolivia.

 Segundina Flores, ejecutiva de las  Bartolinas,   afirmó: “Nos quieren acallar y nosotros rechazamos este tipo de acciones”.  La dirigenta indicó que rechazan esa orden de aprehensión y que  defenderán a Morales. 

Segundina Orellana, dirigenta de la Federación Especial de Trabajadores Campesinos del Trópico de Cochabamba, aseguró que el Gobierno de Jeanine Añez “se asustó” y “tiene miedo”. “Por ese miedo sacaron la orden”, aseguró la ejecutiva. 

La líder cochabambina indicó que los sectores del MAS están en emergencia y se declaran  en “permanente movilización”. Agregó que hoy los sectores de ese partido están “más organizados y consolidados” que nunca.

Andrónico Rodríguez, dirigente cocalero, expresó:   “Si quieren detener a nuestro presidente Evo Morales, les pedimos que hagan miles de cárceles porque aquí estamos los sectores sociales”.

Albarracín :  “Esa orden  tiene una base legal”

ABI  /  La Paz

El representante del Comité  Nacional de la Democracia (Conade), Waldo Albarracín, aseguró que la orden de aprehensión dictada por la Fiscalía en contra  de Evo Morales  se ampara en el ordenamiento jurídico vigente en Bolivia. 

“Esa orden de aprehensión tiene una base legal y está justamente respaldada por el ordenamiento jurídico boliviano, pero también fundamentalmente por las propias acciones punitivas en las que incurrió e incurre Evo Morales en contra (de) la sociedad boliviana”, dijo a  ABI. 

El miércoles, la Fiscalía emitió  una orden de aprehensión en contra del expresidente, por el caso de terrorismo y sedición.  

Albarracín explicó que el Estado  tiene toda la potestad de seguir la acción penal en contra de toda persona que incurra en algún delito dentro o fuera del país “y así lo hizo la Fiscalía” en el caso del exmandatario. 

Manifestó que Morales, antes de dejar el Gobierno y días después, incurrió en “actos delictivos” que afectaron la paz y tranquilidad de los bolivianos, además atentó en contra la democracia “orquestando” un fraude.

 

 

 
 

 

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