Gobierno indemniza a víctimas y MAS avanza con Ley de Garantías

Por decreto se indemnizará con Bs 50.000 a las familias de 29 personas que fallecieron en los conflictos. El Ejecutivo rechaza el denominado proyecto masista de “impunidad”.
viernes, 06 de diciembre de 2019 · 01:20

Página Siete / La Paz

El Gobierno promulgó ayer el  Decreto Supremo  4100 para  indemnizar con  50.000 bolivianos a cada una de las 29 familias de personas que perdieron la vida en los enfrentamientos  que se registraron en el país en octubre y noviembre.  Con el DS, el Ejecutivo rechazó el proyecto de Ley de Garantías que anoche, con sus dos tercios, el  MAS aprobó en grande en la Cámara de Diputados. 

En el DS 4100 también beneficia a  33 heridos registrados en los recientes conflictos, a quienes se les brindará apoyo  hasta su recuperación. Además,  el Ejecutivo descartó aprobar  la Ley de Garantías Constitucionales. Ministros argumentan  que los beneficios que  plantean ya están estipulados en otras normas.

“El DS autoriza otorgar asistencia humanitaria e indemnización a los familiares de los fallecidos y heridos de los hechos de violencia surgidos en el país, después del fraude que se cometió el 20 de octubre”, dijo la presidenta Jeanine Añez. 

El  ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, explicó que el Gobierno estará a cargo de  hacer los trámites necesarios,   como la declaratoria de herederos de los familiares, y hacer el pago del monto de dinero. Asimismo, reiteró que de acuerdo al informe de la Fiscalía  no hubo ningún fallecido producto de un proyectil de uso militar o policial.

 Sobre la norma promovida por el MAS, que desde ayer se trata en la Cámara de Diputados, Coimbra señaló: “No corresponde jurídicamente una ley de garantías que ratifica las garantías constitucionales que ya están en la Constitución Política del Estado (CPE) y en  otras leyes”.

El ministro de la   Presidencia, Yerko Núñez, afirmó que algunos parlamentarios del MAS  pretenden que se apruebe esa ley sólo porque “reciben instrucciones (...)  El pueblo quiere que todas las autoridades puedan rendir cuentas de lo que han hecho”, sostuvo la autoridad.

Legisladores del MAS y representantes de sectores sociales denunciaron que la propuesta pretende otorgar “impunidad” a exautoridades y dirigentes sindicales que tuvieron participación en los hechos violentos de noviembre, después de la renuncia de Evo Morales a la Presidencia. Núñez afirmó que el proyecto del MAS no fue consensuado ni con la Unión Europea (UE) ni con la Iglesia.

Presidenta  Jeanine Añez firma el decreto de indemnización. 
Foto: ABI

El tratamiento del proyecto

A las 17:50 de ayer se instaló el tratamiento del proyecto de la ley de garantías en el pleno de la Cámara de Diputados, en presencia de los delegados de la Unión Europea y de la Iglesia. Los mismos se retiraron  luego de escuchar algunos alegatos, tanto del oficialismo como del MAS.

 Uno de los artículo más polémicos es el 7,  que reafirma el parágrafo I del primer artículo de la Ley 044 (de juzgamientos a altas autoridades de Estado) que señala: “Regula la sustanciación y formas de resolución de los juicios por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones contra el Presidente/a, Vicepresidente/a y los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia, Magistratura (...)”.

 El diputado del MAS Aniceto Arce se pronunció en favor de la propuesta y dijo que seguramente se someterán a juicios por aprobar la norma. “Nunca nos vamos a arrodillar, es mejor morir, pero morir de pie”.

A su turno, la asambleísta Sonia Brito manifestó que con la aprobación de este proyecto se reconocerán los derechos constitucionales que están  en la CPE y la Comisión de Derechos Constitucionales. A la medianoche, aprovechando su mayoría con dos tercios de los diputados, el MAS aprobó la norma, en su estación en grande, y hoy seguirá su tratamiento en detalle, para luego pasarla al Senado.

 Recuento  de  daños 

  • Fiscalía Después de las elecciones del 20 de octubre, la Fiscalía abrió 368 casos por hechos violentos concentrados, en su mayoría, en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
  •   Víctimas Según ese registro oficial, se  reportaron 29 muertos. 12 están La Paz; 12 en Cochabamba; uno en Potosí y cuatro en Santa Cruz. También se informó de 33 heridos: 15 en La Paz; cinco en Oruro; nueve en Cochabamba y cuatro en Santa Cruz.
  •  Defensoría Por otro lado, la Defensoría del Pueblo contabilizó 34 muertos.

Hay división y amenazas en asambleístas del MAS

Por no apoyar la aprobación de la Ley de Garantías en la Comisión de Constitución, la diputada del MAS Clery Vargas denunció que su colega  Sonia Brito la amenazó mediante un mensaje de texto. Vargas sostuvo que la amedrentaron  con quemar su casa.  

 “He sido amedrentada, he sido amenazada, incluso algunas compañeras han dicho que van a ir a quemar  mi casa   porque no  aprobé   esta ley”, declaró ayer la legisladora que  representa a El Alto.

 La aludida dijo que Vargas es su amiga, pero que pueden haber  diferencias dentro del partido. Aseguró que nunca la amenazó.

Sonia Brito (MAS) acusada por  amenazar a sus colegas.
Foto: Archivo
  

La diputada Vargas contó que no puede caminar tranquila por la Asamblea porque sus compañeros la tildan de seguidora de la derecha. La denuncia por el mensaje de amenaza que recibió fue presentada ante la Cámara de Diputados y además la asambleísta llegó al Ministerio de Gobierno para pedir garantías para ella y toda su familia.

El diputado de Unidad Nacional  Enrique Siles  contó que otras dos diputadas del MAS  recibieron llamadas de gente de su partido a través de las cuales las presionaron para que le den el visto bueno al proyecto de Ley de Garantías. La misma  fue aprobada en la Comisión de Derechos Humanos la noche del miércoles y remitida de inmediato a la Cámara Baja para su tratamiento.

El diputado Miguel Ojopi Sosa del MNR, representante de  Pando, sostuvo que el tratamiento del PL  pretende aprobar el salvoconducto para el exministro de la Presidencia  Juan Ramón Quintana. Aseguró que de ser aprobada “una ley de impunidad”, los diputados del MAS afrontarán procesos penales.

 

 

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