Ecuador enviará pruebas a Bolivia para evitar asilo de exautoridades

La oposición cree que el Ejecutivo dará refugio a los exfuncionarios del gobierno de Correa.
sábado, 02 de febrero de 2019 · 07:43

Beatriz Layme  / La Paz

El Gobierno de Ecuador comunicó que hará llegar a las autoridades de Bolivia toda la documentación que prueba que la exasambleísta Sofía Espín y el exsuperintendente de Comunicación Carlos Ochoa no son víctimas de persecución política.

El jueves, la ministra del Interior, María Paula Romo, reveló ante la Asamblea Nacional de Ecuador que Ochoa y Espín están en Bolivia  y que   tramitan su asilo.

 Ante ese reporte,    el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador envió una nota  a la Embajada de Bolivia en Quito, en la que se detallan  los procesos judiciales que pesan en contra Espín y Ochoa, partidarios del expresidente ecuatoriano Rafael Correa.

Sobre Espín Reyes,  exmiembro de la Asamblea Nacional del Ecuador, en la misiva se lee que fue  destituida  de su cargo   mediante resolución que fue votada por la mayoría del Parlamento ecuatoriano el 13 de octubre de 2018, debido a “tráfico de influencias”.

Asimismo, se informa que el 23 de enero de 2019, las autoridades judiciales competentes dictaron orden de detención preventiva en contra de Espín.

En tanto que Ochoa Fernández -se lee en la carta- fue destituido por el Consejo de Participación Cuidadana y Control Social  por “abuso de autoridad”, responsabilidad culposa en la suscripción de contratos y presunto delito de falsificación y uso de documento falso.

   Con esos antecedentes, la Cancillería ecuatoriana anunció que enviará  documentación  a Bolivia que desvirtuará los argumentos de Espín y Ochoa.
 
   
“Hará llegar toda la documentación de respaldo que da cuenta de los procesos y decisiones judiciales antes referidos, los que desvirtúan con argumentos sólidos cualquier alegato que puedan formular dichos ciudadanos de ser víctimas de una supuesta ‘persecución política’”, se lee en la carta que fue entregada a la delegación diplomática de Bolivia en   Ecuador, documento al  que accedió Página Siete.

Este medio consultó a la Secretaría  Técnica de la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) sobre si cursa un  trámite de las  exautoridades de Ecuador. No obstante, desde esa oficina se informó   que toda solicitud  “es confidencial”. 

El artículo 30 de la Ley de Protecciones establece que “las autoridades locales o de frontera que tuvieran conocimiento de solicitudes de personas extranjeras, para obtener la condición de refugiadas, autorizarán su ingreso y deberán derivar al solicitante a la Secretaría Técnica de la Conare, respetando los principios de confidencialidad y no devolución, previstos en la presente ley”.

Consultados al respecto,  legisladores del MAS  indicaron que desconocen el caso y que el trámite de solicitud de refugio y asilo lo realiza Cancillería.  

En criterio de la oposición, el Gobierno  otorgará refugio a Ochoa y Espín, porque formaron parte del equipo de Correa, aliado ideológico del presidente Evo Morales.

   “Lo que corresponde es que  Bolivia no otorgue refugio a los exfuncionarios de Ecuador porque tienen deudas pendientes con la justicia. Pero sabemos que el MAS no se mueve a intereses de países sino a intereses político-partidarios”, dijo el jefe de bancada de UD, el senador Yerko Núñez.

   Espín ocupó altos cargos en el gobierno de Correa   

Sofía Espín asumió altos cargos durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. En 2009 fue asesora en el fondo de solidaridad del exvicepresidente  de Ecuador Jorge Glas, detenido por asociación delictuosa.

 Luego,  asumió los siguientes cargos:  directora en el Ministerio de Telecomunicaciones (2009-2010), asesora en Sectores Estratégicos (2010-2013) y asesora en la Vicepresidencia (2013-2017). Después  fue electa  asambleísta por el  frente político de  Correa.  

La Fiscalía de Ecuador investiga a Espín por visitar en la cárcel a Jéssica Falcón, detenida por secuestro. Durante su visita,  Espín  supuestamente presionó y ofreció a Falcón  protección de las Naciones Unidas y su traslado a Europa, a cambio de que se retracte de su declaración contra Correa.

El Ministerio Público  la convocó para que presente su declaración, pero no lo hizo porque estaba fuera de Ecuador,  desde octubre de 2018, según reportes de las autoridades judiciales de ese país.  

El 13 de noviembre de 2018, la Asamblea Nacional de Ecuador,  con 89 votos,  destituyó a Espín por supuesta “incompatibilidad de funciones”. El informe legislativo establece que Espín incurrió en una grave infracción que “lesiona la independencia de poderes del Estado, pues hay indicios de una obstrucción a la función judicial, dentro de un proceso penal de connotación nacional y que involucra al expresidente Correa”. 

En diciembre de 2018, la Corte de Justicia de Guayaquil le prohibió a Espín   salir de su  país, y debía  presentarse  cada ocho días ante las autoridades judiciales.    El 23 de enero de este año, un juez ordenó su detención preventiva. El 17 de enero ya había una orden contra de Espín por no  presentarse cada ocho días.

 Ochoa, un “hombre fuerte”  del expresidente  

En octubre de 2013, Carlos Ochoa Hernández  fue designado como el primer Superintendente de la Información y Comunicación (Supercom).

En marzo de 2018, Ochoa, considerado en Ecuador uno de los “hombres fuertes” del expresidente Rafael Correa, fue censurado y destituido del cargo por la Asamblea Nacional de Ecuador.

 Es acusado de una presunta falsificación de la Ley de Comunicación para sancionar a medios. En su gestión, la Supercom imprimió 300.000 textos de bolsillo de la Ley, en los que se observa la corrección del segundo inciso de la disposición transitoria sexta de la norma, con la cual se emitieron resoluciones en contra de 11 radios, informó El Comercio de Ecuador.

  El Colegio de Abogados de Pichincha y la organización Fudamedios fueron los que presentaron la denuncia contra Ochoa. Desde 2016,  el caso estaba en fase de investigación previa.

El 23 de febrero de 2018, Ochoa presentó las pruebas de descargo  ante  un posible juicio político en su contra, que se analiza en la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional de Ecuador.

 La Fiscalía solicitó en 2018 que se notifique a la Policía Internacional (Interpol) para que se detenga a Ochoa. En esa diligencia, el Ministerio Público  prohibió la venta de bienes por un valor de 86.240 dólares y  su detención  preventiva.  

   El exfiscal general Galo Chiriboga pidió que el caso se archive, pero en 2017 un conjuez  rechazó esa solicitud, porque el  pedido fue planteado   cuando ya no ejercía el cargo.

  Ochoa, durante su gestión, impulsó 429 multas contra medios de comunicación; además de  centenares de pedidos de  rectificaciones y aclaraciones.

 

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