WTC: Chacón denuncia cinco irregularidades; Alcaldía refuta

El gobierno edil dijo que de acuerdo con el convenio, Saavedra cederá 4.500 m2 a título gratuito para la futura “estación de transferencia” del PumaKatari.
jueves, 28 de marzo de 2019 · 00:04

Beatriz Layme  / La Paz

 La concejala Cecilia Chacón  denunció ayer al menos cinco  irregularidades  en la aprobación del convenio entre la Alcaldía de La Paz y el empresario Edwin Saavedra Toledo. Dijo que en el  trámite   intervino  la esposa de su colega   Fabián Siñani.   


Cecilia Chacón observa el convenio del  9 de agosto de 2017 para “el desarrollo integrado del proyecto ciudad empresarial World Trade Center (WTC)”  en la Curva de Holguín, que “tiene como objeto acordar la aprobación del denominado ‘Plan de Masas’ y demás autorizaciones administrativas durante la ejecución del proyecto”.

 El concejal Siñani aseguró que su esposa Maricruz Medrano Strelli “no hizo el trámite del convenio; la persona que hizo el trámite fue Boris Kusevic y prueba de ello en el mismo trámite donde se puede ver quienes actuaron y realizaron gestiones”.

La concejala Chacón explicó que el convenio fue remitido a la comisión de Gestión Institucional del municipio y el 29 de noviembre de 2017, la comisión   remitió un informe. Luego,  el pleno programó para el 7 de diciembre su tratamiento y posterior aprobación.

   No obstante, el debate se adelantó para el 6 de diciembre a solicitud de la concejala Beatriz Álvarez. En la sesión no participó Chacón, quien había identificado “varias irregularidades” en el convenio.

“Los hechos que denuncio están vinculadas al caso Curva de Holguín, tienen un elemento común: la apoderada de Edwin Saavedra (Toyosa) era Maricruz Medrano y en este caso el concejal Siñani participó directamente en la votación, sin alertar a sus colegas del claro conflicto de intereses que tenía, viciando la aprobación de ese convenio”, dijo la concejala Chacón.  

 Irregularidades detectadas

“Yo estaba con licencia. El 6 de diciembre tenía previsto reuniones vecinales y no pude oponerme ni plantear mis observaciones”, dijo Chacón, quien explicó que la primera irregularidad que identificó es que el convenio “no justifica ni explica por qué  se permitía a Saavedra Toledo construir hasta un máximo de 65 pisos, cuando en el área la altura máxima de construcción era de  seis  pisos”. 

Además  -agregó-,  con la Carta Acuerdo Bipartito,  de agosto de 2013,  la Alcaldía ya le permitió construir a Saavedra Toledo  hasta un máximo de 18 pisos.

 La segunda irregularidad -dijo- es que el convenio  no justifica por qué se permitía a Saavedra Toledo construir en una superficie de hasta 354.264 m2, cuando la Carta Acuerdo Bipartito, sólo le permitía edificar hasta un máximo de 146 mil  m2.

La tercera irregularidad, indicó Chacón, es que el trámite no tiene los estudios de impacto ambiental, soporte de redes de servicios, los criterios de planificación del área ni de los beneficios para la ciudad. 

Una cuarta observación, indicó, es que en el trámite “no se acredita el derecho propietario de Saavedra Toledo”.

La quinta anomalía es que “el trámite se aprobó sin preguntas ni debate en sus tres estaciones en menos de  cinco minutos”. Explicó que pese a su ausencia, se logró el quórum,  con presencia del concejal Siñani, quien no se excusó, sino que, además, votó para la aprobación del convenio.

En el caso  -dijo Chacón- estarían involucrados  el concejal Siñani y su esposa, debido a que ella era la representante legal del empresario Saavedra Toledo. 

“Siñani participó directamente en la votación, sin alertar a sus colegas del claro conflicto de intereses que tenía”, manifestó la concejala, quien se excusó de la Comisión de Ética del Concejo.  

 Alcaldía responde

Ante la exposición de Chacón, el gobierno municipal, mediante un  comunicado,  rechazó cada una de las irregularidades que identificó.

Sobre la supuesta intervención de Medrano, el ejecutivo municipal   aseguró -al igual que el concejal Siñani- que el trámite del  convenio para el proyecto WTC  lo realizó Boris Kuscevic, como gerente de  proyecto.

Sobre el derecho propietario de Saavedra Toledo, se indicó que en los archivos del   gobierno municipal “cursan documentos de propiedad del Registro de Derechos Reales de Edwin Saavedra que certifican que es propietario de 47.710 m2 en la Curva de Holguín”.

 En un tercer punto, el  ejecutivo edil  explica que Chacón no mencionó que el convenio firmado en 2017 establece que Saavedra debe pagar a su costo cuatro  obras viales valuadas en 30 millones de  bolivianos si llegara a hacer su proyecto, además que cederá al municipio una superficie de 4.500 m2 a título gratuito para la futura estación de transferencia del PumaKatari y el  teleférico. 

Sobre los estudios ambientales, el municipio  aclaró que deben ser elaborados con anterioridad a la presentación del proyecto por parte del promotor y ser aprobados por la Gobernación. 

“El proyecto ‘World Trade Center La Paz’ a la fecha no fue presentado a la Alcaldía; por tanto,  no se ha aprobado ninguna planta como señala Chacón; adicionalmente, el convenio dice que cada edificio por separado debe volver al Concejo Municipal para su aprobación individual cuando Saavedra presente el proyecto final, cosa que hasta ahora no ha hecho”, se lee en el comunicado de la Alcaldía.  

Sobre las diferencias de superficie en los acuerdos de 2013 y 2017, el ejecutivo edil dijo que se debe a que en el convenio se establece una superficie de Área Máxima a Edificar de acuerdo con  la norma vigente.

Frente a ello, la concejala Chacón afirmó que “las justificaciones del comunicado no son consistentes y parecen explicar lo inexplicable”, por lo que “la investigación debe continuar”. 
 

El inicio del  caso

  • Denuncia  El caso salió a luz en febrero, luego de que colapsó una celda del relleno sanitario que administra TERSA, firma en la que el accionista mayor es Edwin Saavedra T.  Entonces su representante legal era Maricruz Medrano, esposa del concejal Fabián Siñani.   
  • Ética  El MAS denunció a Fabián Siñani en la Comisión de Ética del Concejo de La Paz, por supuesto tráfico de influencias en el caso TERSA. También presentó una  denuncia ante el Ministerio Público.

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