Gary Prado Araúz: “No voy a rendirme, yo vivo cama adentro para este proceso”

El abogado que el caso terrorismo fue un montaje y que Eduardo Rosza fue traído por el Gobierno.
domingo, 19 de mayo de 2019 · 00:04

Página Siete / La Paz

Gary Prado Araúz presentó hace poco en La Paz su libro El indebido proceso, en el que recoge los primeros 20 días del caso terrorismo, ocurrido en 2009 en Santa Cruz, cuando  el Gobierno dijo haber desbaratado una banda de extranjeros y bolivianos que pretendían dividir Bolivia.

Prado Araúz planea escribir tres libros más para documentar los más de 10 años del proceso. En 2009, era un egresado de derecho, pero como él y su padre, Gary Prado Salmón, fueron involucrados, desempolvó la tesis para titularse y  convertirse en defensor de los acusados. Como él mismo era un acusado, tuvo que esperar a ser sobreseído para defender a seis acusados.

En esta entrevista con Página Siete, Prado Araúz revela al menos cuatro casos de involucrados que nada tienen que ver con el caso, pero que han sido involucrados, según él, como un acto de venganza de parte del presidente Evo Morales por hechos pasados.

¿Cuál es el objetivo del libro?

El caso terrorismo debe ser uno de los procesos en que  más violaciones se han cometido de la ley, de los derechos humanos, de las garantías constitucionales, de seguridad jurídica. Entonces, me impuse la tarea de dejar la descripción de estas violaciones múltiples porque es un caso absolutamente atípico, no tiene nada que ver con la práctica jurídica universal.  

¿Cuáles serían los principales ejes de este trabajo?

La lógica indica que cuando se produce un hecho criminal, la Policía accede al lugar del hecho, el fiscal toma conocimiento e inicia la investigación. Aquí ocurre algo anormal, 15 días antes de que ocurra el hecho, que es el atentado a la casa del cardenal (Julio) Terrazas, los abogados del Ministerio de Gobierno elaboran una denuncia sobre un hecho que no ha ocurrido, sin precisar cuál es el hecho. Simplemente dicen que en Santa Cruz hay grupos con aprestos terroristas que pueden afectar la seguridad del Estado. La hacen,  se la guardan y la presentan horas antes del atentado a la casa del Cardenal. Esa denuncia debió ser rechazada, pero la admiten en la Fiscalía de La Paz. Esto nos dice que el Ministerio de Gobierno tenía control sobre el hecho, sabía cuándo iba a ocurrir. El fiscal pasa el caso al juez cautelar. Estando esta formalidad cumplida no se entiende cómo, al día siguiente, el Ministerio de Gobierno ordena a la UTARC (Unidad Táctica de Apoyo y Resolución de Crisis) irrumpir en el hotel Las Américas en un horario prohibido para allanamientos, sin orden judicial para ejecutar a tres ciudadanos extranjeros, apresar a los otros dos y llevárselos a La Paz. Ya tenían fiscal, ya tenían juez, ¿por qué no pidieron una orden de allanamiento? Ahí hay violaciones múltiples de derechos humanos, como el derecho a la vida, el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Y luego ocurre otro allanamiento ilícito al estand de Cotas en la Feria Exposición, donde dicen encontrar armamento, explosivos, municiones, pero nadie vio si ellos metieron o si esas cosas ya estaban ahí. Y de ahí aparece un personaje llamado Ignacio Villa Vargas, a quien el Ministerio lo ofrece como testigo, mientras que el sereno de la cuadra de la casa del Cardenal, que era el único testigo ocular, nunca fue llamado por el fiscal para testificar. Ignacio Villa Vargas dice una cantidad de mentiras que prefiguran la investigación.

¿Cuál es la conclusión que saca sobre el origen del caso?

Esto es un montaje.

Si fue un montaje, ¿por qué esas personas estaban usando armas en el hotel?

¿Pero acaso hay certidumbre de que las estaban usando?

Pero había armas ahí.

Aparecen las armas cuando se hace un allanamiento.

Hay fotos previas de ellos posando con armas.

Sí, con armas cortas, y  (Eduardo) Rosza con una larga, es un M16 que nunca aparece.

Y también hay una declaración de Rosza que se conoce tras su muerte, donde habla de sus planes. ¿Cómo explica esa declaración?

Esa traducción no es oficial, nadie sabe lo que dice el húngaro que lo entrevista y el que contesta en húngaro.

¿Usted dice que afirma otra cosa?

No sabemos, yo no hablo húngaro. Tenían un perito del húngaro, pero nunca traducen oficialmente esa entrevista.

Entonces, ¿usted cree que todas las pruebas son montadas?

Claro. Las armas que se encuentran en el estand de Cotas nunca fueron sometidas a una pericia dactiloscópica, entonces ¿cómo se las pueden atribuir a Rozsa?

Entonces, según su hipótesis, ¿a qué vinieron a Bolivia?

La hipótesis que sostengo es que Rozsa fue traído por el Gobierno. Él era un agente provocador, quien se dedicó a contactar gente en Santa Cruz con distintas excusas para contaminarlos en la idea, para que después el Gobierno pueda cazarlos y él iba a ser una especie de James Bond que había dado con los conspiradores. Él tenía antecedentes comunistas, su padre era un comunista, se había formado en la Hungría comunista, estudió en la KGB, que es la agencia de inteligencia soviética, fue guardia de frontera del régimen comunista en su país.

 Pero fue mostrado como un reaccionario.

Lo muestran así, ¿pero quién lo certifica?

 Eso se puede decir de Rozsa, pero, ¿qué se puede decir de los líderes cruceños involucrados? ¿Hubo ingenuidad para caer en una trampa?

Nunca el fiscal Soza pudo demostrar una relación entre  Branco Marinkovic, líder cívico cruceño, y Rozsa, nunca; no hay nada. Lo fuerzan a decir a (Juan) Kudelka que Branco le dio una plata para la campaña por la autonomía, el responsable de la casa de campaña le dijo “llévasela a fulano” y ese fulano era Rozsa. Ahí ya se hace muy tenue la relación entre Branco y Rozsa, muy forzada, no hay nada que vincule a los líderes de la Cámara de Agropecuaria de Oriente, la Cámara de Industria de Comercio. Soza no acusa a ninguno porque no hay nada que los vincule, es una fábula.

Pero el grupo La Torre sí existía.

La Torre era una casa de campaña legítima para  la autonomía, eso no es prohibido por la ley, ahí no había actos ilícitos, la gente iba, el ex ministro de defensa, Reymi Ferreira, asistía y hacia análisis político ahí.

Si no hay nada, ¿por qué escaparon del país? y, los que se quedaron, ¿por qué se hicieron funcionales al Gobierno?

Los que salen del país no les queda alternativa porque la persecución judicial es sañuda. El abuso era tremendo. Además, hacen las cosas mal hechas, dicen que Rozsa combate contra la Policía y que por eso lo matan, pero es mentira, la pericia de autopsia del cadáver de Rozsa dice que muere de un disparo en la sien y el proyectil se aloja en el cuello, es el típico disparo de ejecución. Si era el líder de una célula separatista terrorista, ¿por qué matarlo así, si podían aprehenderlo? Nunca encontramos el proyectil de los cinco disparos que salen de las habitaciones de Rozsa y (Michael) Dwyer para empatarlo con el arma de él. Es más, en el video posterior al operativo, las paredes no tienen huecos, o sea que esos huecos se hicieron después. Le atribuyen a Elöd Tóásó una mochila que llega a La Paz, en la que hay una pistola, una granada y una flash memory, donde está el plan de atentado al Cardenal elaborado días antes. Cómo puede ir un preso con una granada de guerra y un arma en la mano. Al cadáver de Rozsa le disparan tres tiros. Lo mismo hacen con (Arpaad) Magyarosi, el chico está agonizando, de barriga, en el suelo y le meten tres tiros para rematarlo por la espalda. Entonces, no hacen bien el trabajo y eso es lo que yo trato de develar en este libro.

¿Cómo recoge usted las pruebas de sus afirmaciones?

Las pruebas de primera mano están en el cuaderno de investigación que genera el fiscal. Yo tengo copia legalizada de eso, me la dio Soza  porque es mi derecho como abogado de defensa.

¿Por qué sus reclamos sobre las irregularidades no han tenido acogida hasta ahora?

Porque el Gobierno cooptó a los jueces. La juez que ilegalmente asume la jurisdicción es la actual diputada Betty Yañíquez, a la que después premian con la Fiscalía de Distrito de La Paz. Es más, el gobierno crea una jurisdicción por decreto para que todos los casos de seguridad del estado se tramiten en La Paz.

¿Políticamente a quien señala como responsable del montaje?

Obviamente, al Ministerio de Gobierno, pero aquí hay una jugada bonita. Para el día del operativo, al Ministro de Gobierno (Alfredo Rada) lo mandan al Brasil y el pobre Walker San Miguel, como Ministro interino, no tiene idea de lo que pasa. Eso es para proteger a Rada, pero su despacho es el responsable y quien está al día del operativo en el Hotel Las Américas es Marcos Farfán, el viceministro, y también están (Luis) Clavijo, (Carlos) Núñez del Prado, quienes son los que después dirigen a Soza en la investigación.

Si hay tantas irregularidades, ¿por qué internacionalmente no se ha convertido en un caso?

Hay una primera petición que está en fase de admisión en la Comisión Interamericana (de Derchos Humanos), pero la mora procesal es tremenda. Además,  la presión del Gobierno boliviano y de los gobiernos castro-chavistas en la OEA para que esto no avance ha sido tremenda. Lograron que algunas peticiones se rechacen, como la de mi padre, pero en el caso de los otros, como (Mario) Tadic o Tóásó y la madre del ejecutado Dwyer, además de (Juan Carlos) Guedes y (Alcides) Mendoza, ya tienen su denuncia en etapa de admisión.

¿Eso quiere decir que no ha sido admitida aún?

Ya está prácticamente admitida. De aquí en adelante van a llamar a conciliar a las partes y, si no, el Estado va a ir a juicio en la Corte Interamericana. Como los dos (Guedes y Mendoza) siguen presos, el Ministerio de Gobierno los visita en la cárcel y les ofrece casas en condominios, les ofrece plata a cambio de que se declaren culpables  y que retiren su petición a la CIDH.

¿Los visitaron recientemente?

El mes pasado.

¿Cuál es su opinión sobre la gente que ha ido inculpándose, por ejemplo Kudelka, quienes dieron fe de que había un movimiento irregular en Santa Cruz?

Tadic y Tóásó son los primeros en declararse culpables para salir de la cárcel. Cinco años llevaban privados de libertad con detención preventiva. Los dos  se fueron del país y ahora declaran que no les quedaba de otra. Villa Vargas también se declara culpable. Él había reconocido que estuvo en el auto donde el capitán (Walter) Andrade, Luis Clavijo y la policía Karen fueron a la casa del Cardenal y pusieron la bomba. Pero, le dicen que si no declara que fueron Rozsa, Dwyer y Magyarosi, no iba  a salir; entonces le hacen cambiar su versión para poder darle juicio abreviado. La otra versión se corrobora con el testigo ocular que dice que eran tres hombres y una mujer, que se bajaron del auto y colocaron la bomba. Además, la noche del 15 ninguno sale del hotel, el auto de Rozsa entró y salió decomisado por la Policía, nunca lo utilizaron. Entonces, ¿quién dice la verdad?

Ahora Soza se dio la vuelta y dice que todo fue un montaje. ¿Qué opina al respecto?

Obvio que el va a tratar de justificar con la persecución judicial su condición de refugiado en Brasil. Lo mínimo, que en honor a la verdad ha dicho, es que lo del Hotel Las Américas fue una masacre, es verdad, lo corrobora la autopsia y la pericia balística. Él no era el que dirigía el caso, la acusación la redactó con Sacha Llorenti. Es una acusación tirada de los pelos. El exdirigente cívico de Beni no tiene ningún vinculo con el caso, pero como él había impedido que Evo aterrice en Trinidad porque tomó el aeropuerto, Juan Ramón ordena que lo metan y lo meten. Hay algo que mucha gente no ha notado y es el ensañamiento con que se actúa por temas que no tienen nada que ver con el caso. Numero uno, el general Lucio Áñez fue el primer jefe de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, lo metieron en este proceso político porque Rozsa fue a buscarlo como una persona a la que tenían que contaminar. Otro caso, del general Ángel Santisteban, quien está en el exilio desde hace 10 años, era el comandante de la novena división asentada en el Chapare cuando Evo era dirigente sindical y diputado. Hubo un derrumbe, el general puso tropas para que los pasajeros transborden, Evo subía por ahí y casi cae porque el terreno era irregular y un soldado lo quiso ayudar, pero Evo le golpeó la mano al soldado. Ante eso, el general bajó de la cima del derrumbe y le tiró un cogotazo a Evo, lo hizo rodar hasta abajo y, cuando ya estaba abajo, el general le tiró un puntazo en las nalgas, y le dijo “desgraciado, el soldado te estaba queriendo ayudar, porque sos así con él”. El general fue al exilio y el hijo estuvo preso siete años sin tener nada que ver.

¿Usted entonces cree que este caso fue además un acto de venganza, no solamente político?

Obvio, el hijo estuvo siete años preso sin haber estado en el país cuando ocurrió (el hecho). Tuvo que salir por abreviado. Otro caso es el Zvonko Matkovic. Su padre era presidente de la CAINCO cuando Evo hacía sus huelgas de meses y prohibía el paso de gente por los bloqueos. Evo aparece en el cóctel de la feria y Matkovic pregunta quién lo invitó y dice “afuera”. El hijo estuvo ocho años preso y el padre acusado de terrorismo. Mi padre captura al Che Guevara, Rozsa va y lo entrevista sobre la guerrilla del Che. Lo involucran como asesor militar y yo voy preso. A mí Soza me sobresee y a mi padre lo acusa. Es un nivel de ensañamiento particular con gente por temas que no tenían nada que ver con el caso.

 ¿Dónde va a ir a parar el caso? Después de 10 años, los dos únicos presos son los más desvalidos, los más pobres.

Hemos intentado cesaciones (para Mendoza y Guedes) y los jueces no se las dan por nada del mundo.

¿Usted es abogado de los dos?

Soy abogado de los dos, abogado pro bono, de favor, porque ellos no tienen plata para pagarse un abogado, pero no hay forma, no los quieren soltar porque como ellos pueden llevar a juicio al Estado boliviano, entonces los quieren ahí de rehenes a cambio de que retiren su acusación.

 ¿Cómo ve usted el futuro del caso?

Legalmente antes de empezar el juicio ya debió haberse extinguido porque el Código dice que la máxima duración debe ser 36 meses o tres años. Desde hace dos años estamos leyendo extractos de llamadas telefónicas de números que tuvieron algún contacto con Rozsa. Es una pérdida soberana de tiempo. La estrategia es desgastar a la defensa, cansarte por vivir la mitad de tu vida en una sala de audiencia y rendirte.

¿Usted no se va a rendir o sí?

Yo estoy ahí por mi padre y por los seis que patrocino. Entonces, no voy a rendirme, yo vivo cama adentro en este proceso, pero además es un acto de justicia.

 ¿Qué ha significado para usted y para su familia este caso?

Esto ocurrió cuando yo era candidato a Alcalde de la ciudad (por el MNR) y Soza dijo que yo estaba vinculado porque la guardia municipal iba a ser parte del ejército separatista. Me negué a venir aquí a La Paz, me aprehendieron, la jueza me mandó con detención domiciliaria y permiso de trabajo. Un día como hoy (7 de mayo) hace nueve años muere mi hermano, yo fui cautelado un mes atrás y a los 10 días lo cautelan a mi padre. Eso fue muy duro para nosotros, además de estar prohibidos de hablar entre padre e hijo.

¿Quiénes son los patrocinados por usted?

Mi padre, Zvonko Matkovic, Hugo Paz, Marco Antonio Monasterios, Guedes y Mendoza. Mi padre está separado del proceso, pero si mejora lo van a llamar a juicio. Hace nueve años que mi padre tiene detención domiciliaria, va a dar cátedra dos horas y vuelve a su casa. Son vidas marcadas por esta ignominia.

 Pero, la estrategia ha sido efectiva. ¿No cree?

Ellos han logrado su objetivo. La oposición regional cruceña se murió con este caso. Cundió el pánico, la persecución de sol a sol, las extorsiones fueron tremendas, se habla de más de cuatro millones y medio de dólares para excluir a la gente del proceso.

¿Y donde están esos cuatro millones y medio de dólares?

Los tendrá la esposa de Soza, de la que se ha divorciado. Lo cierto es que sólo uno se animó a denunciarlo, quien fue Zvonko Matkovic, al que le sonsacó 90.000 dólares. A raíz de eso, luego de tres años de peregrinar, logramos que a Soza se lo condene a 12 años de cárcel. Soza llega acá y va a ir a la cárcel a cumplir 12 años.

¿Qué opina de esta aparente alianza entre la élite cruceña y el Gobierno?

Para empezar, los dirigentes siempre son oficialistas. En un país como Bolivia, donde el Estado es fuerte, no puedes soslayar eso. Yo no les voy a echar culpa de lo que nosotros vivimos a los empresarios actuales. La pena fue que no tuvieron fortaleza para resistir este embate y que algunos cayeron en la trampa que les tendió Rozsa cuando se ofrecía a comandar la defensa de Santa Cruz y alguien le creyó, yo no voy a decir quién sí y quién no, pero alguien le creyó.

 Al principio, usted dijo que nadie está involucrado.

Nadie de los acusados, pero en dirigencia alguien le creyó porque se habla de que las logias lo apoyaron.

Usted dice que La Torre promovía la autonomía, pero ¿no hubo una intención aunque sea mínima de derrocar al gobierno de Evo Morales?

Yo nunca dije que la gente de La Torre le creyó a Rozsa, alguien de la dirigencia puede haberle creído, eso es otra cosa, ninguno de los acusados. Ahora bien, el movimiento autonómico no disputaba el poder del Estado central, quería generar un poder regional compatible con el poder central, pero con competencias delimitadas. Nunca hubo ni plan magnicida, ni plan de derrocamiento, ni plan separatista.

Usted dice que ninguno de los acusados hubiera creído el discurso de Rozsa, pero probablemente la dirigencia sí. ¿Por qué esas personas están acusadas en el caso?

Que lo diga Marcelo Soza, quien era el que investigaba, ¿por qué no acusó a los que él señala documentalmente como líderes de la trama separatista?

¿Quiénes son?

Se los ha nombrado al prefecto Costas, el líder de la Cámara Agropecuaria del Oriente, el señor Roca; el líder de la Cámara de Industria y Comercio, Eduardo Paz Velasco; don Pedro Yovhío, quien era presidente de empresarios de Santa Cruz. Ninguno de esos fue acusado, pero los extorsionaron, les sacaron plata a cambio de no mancharlos. Se habla de 200 mil dólares, 300 mil dólares. Yo conozco gente que me lo ha dicho en mi cara pelada, que han dado 50.000, 80.000, 30.000 dólares para excluirse de este caso. Eso ya no me corresponde, pero lo que hago en este trabajo es lo que tiene escrito Marcelo Soza, yo lo analizo y lo que encuentro chueco lo denuncio.

¿Cómo ve ahora el movimiento político de la oposición?

En general, la oposición en Bolivia no tiene norte. Evo Morales se va a asegurar el 40% del voto y que el segundo tenga menos 10% para ser reelegido en la primera vuelta. A mí me apena de que no haya en los líderes políticos el desprendimiento, la claridad de que nos estamos enfrentando a un modelo chavista, donde se van a perpetuar en el poder y nada ni nadie los va a sacar por la vía democrática. Si hubiera habido sólo un frente opositor tal vez hubiésemos tenido alguna posibilidad, pero como se han fraccionado no hay opción alguna por la vía de esta elección, porque además controlan el Órgano Electoral. Vamos a convalidar la elección ilegal de Evo Morales.

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