Senadora del MAS enjuicia a Radio San Miguel y periodistas la repudian

El director de la radio anunció que no se someterá a ningún proceso penal porque rige la Ley de Imprenta. Organizaciones de periodistas denuncian que la “clase política gobernante intenta acallar” al medio.
viernes, 21 de junio de 2019 · 00:34

Cándido Tancara Castillo  / La Paz 

La senadora  María Argene Simone Cuéllar, del gobernante MAS, inició un juicio penal contra Radio San Miguel de Riberalta,  en el norte del departamento de Beni, por un supuesto “acoso político”. Las organizaciones de periodistas repudiaron la acción penal y denunciaron que la “clase política gobernante intenta acallar” a la emisora católica de  la Amazonia.

Página Siete accedió a la citación emitida por la fiscal Arkuji Ayaviri Omonte, de la Fiscalía Departamental de Beni, en la que se señala como presunto delito “acoso político contra mujeres” proferida por la jefa de prensa de la emisora riberalteña, Carmen Ruelas Pardos, en contra de la senadora Simone. La periodista fue convocada a declarar en la Fiscalía el lunes 24 de junio.

En respuesta, el director de Radio San Miguel, Carlos Arce Castedo, en contacto con Página Siete, identificó al menos algunos errores procedimentales de Simone: si se quiere procesar a la emisora, en aplicación de la vigente Ley de Imprenta, se debe hacer contra él y no así contra el personal; y, anunció que se acudirá a la citación, el lunes, pero no se someterá a ningún proceso judicial porque la demanda penal, si hubiere, está equivocada, pues en todo caso debe ser vía Tribunal de Imprenta.

Arce Castedo, un experimentado periodista y que trabajó en el diario Presencia, publicó ayer un comunicado que “denuncia ante la opinión pública nacional e internacional, que por su labor periodística y de defensa de los sectores menos favorecidos de la región amazónica de Bolivia, está siendo amenazada por la clase política gobernante, especialmente por los últimos acontecimientos registrados en municipios de Beni y Pando, que ponen en juego la transparencia de la democracia”.

El documento denuncia que el juicio penal instaurado por la senadora del MAS contra  Ruelas es “atentatorio contra la libertad de expresión y nuestro derecho a informar. Desde actos de terrorismo en contra de nuestras instalaciones de transmisión radial hasta la coerción publicitaria estatal y ahora la pretensión de llevar a estrados judiciales a periodistas de Radio San Miguel por presuntas infracciones que el Gobierno ha manejado políticamente desde hace tiempo: ‘acoso contra...’”.

El comunicado espera “que las esferas políticas sean coherentes con la moral y la ley para que los derechos a la información y la libertad de prensa  no sean perturbados por conductas antidemocráticas por mucho que se hayan ocultado en la región en reiteradas ocasiones”.

Repudio de las organizaciones

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), en un comunicado conjunto, rechazaron ayer las amenazas a los periodistas de Radio San Miguel que denunciaron que el “poder los amenaza debido a su tarea informativa relacionada con el acarreo de votantes de Beni a Pando, lo cual pone en juego la transparencia de la democracia”.

Recuerdan que están “en plena vigencia los mandatos constitucionales que garantizan los derechos fundamentales y humanos a la libre expresión y a la información y comunicación que son esenciales para la democracia”.

Ambos organismos  recuerdan que está vigente la Ley de Imprenta,  que ordena que si los funcionarios públicos se consideran atacados por la prensa, sólo podrán plantear su queja a un Tribunal o Jurado de Imprenta; por tanto,  no se puede procesar a un periodista por la vía penal, a “menos que se busque acallarlo o atentar contra la libertad de expresión”.

Denuncian que los periodistas de Radio San Miguel protestan contra “los actos de terrorismo” que han afectado sus instalaciones de transmisión, la coerción publicitaria estatal o asfixia financiera y la ilegal pretensión de procesar a su jefa de prensa y a sus periodistas en el ámbito penal. Señalan que la asfixia financiera y las amenazas contra los periodistas están prohibidas y vulneran la libertad de expresión. Llaman al poder político en Riberalta a abstenerse de limitar la tarea informativa de Radio San Miguel y que están atentas a evitar nuevas vulneraciones de los derechos fundamentales de los periodistas.

La Red Erbol expresó ayer “su respaldo y solidaridad a Radio San Miguel de Riberalta, asociada nuestra, frente a las amenazas del Gobierno”

Acciones gubernamentales contra periodistas

En lo que va del año, autoridades del gobernante MAS realizaron amenazas contra periodistas por su trabajo de informar a la población. En abril, el alcalde de Bermejo, Delfor Burgos (MAS), amenazó con iniciar un proceso penal contra el periodista Gonzalo Rodríguez, de Radio Bermejo de la Red Erbol, por haber revelado a la población un caso de corrupción por el cual la autoridad edil fue acusada formalmente por la Fiscalía y ahora será enjuiciado. Rodríguez brindó la información a través de su programa En Línea Abierta, con documentos.

Un periodista del diario El Deber, Guider Arancibia, denunció en mayo amedrentamiento por parte del ministro de Gobierno, Carlos Romero, en el marco de la investigación del caso que involucra a Gonzalo Medina, exjefe policial, y otros exaltos policías con el narco Pedro Montenegro Paz.

“Hicimos una publicación el día 6 de mayo, con las revelaciones del señor coronel Gonzalo Medina (...) accedimos al acta de audiencia, al expediente y revelamos el testimonio del señor Medina (...). (Después de ello) recibo una llamada (...) era el señor ministro Carlos Romero, donde lanza algunas amenazas”, denunció entonces Arancibia. La denuncia fue acompañada de un audio que revela que Romero  llamó  al periodista, en la que lo acusa de querer dañar su imagen y lo amenaza con hacer “caer todas las mentiras”.

También en mayo,  la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y la Asociación de Periodistas de La Paz  informaron que periodistas que cubren las áreas de Seguridad y Política denunciaron que fueron filmados o fotografiados cuando hacían preguntas en las conferencias de prensa.

 

 

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