Vinculan a cívico cruceño en Papeles de Panamá y él ve manipulación

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, afirmó que buscan amedrentarlo. “No me voy a callar, voy a seguir”, afirmó el dirigente.
jueves, 01 de agosto de 2019 · 01:05

Erika Segales / La Paz

La comisión especial mixta de investigación de los Papeles de Panamá de la Asamblea Legislativa presentó ayer un resumen del informe de conclusiones, en el que se vincula al presidente del Comité Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, como  un “intermediario que ayudó a esconder fortunas en entidades offshore”. 

El líder cívico rechazó la acusación y afirmó que hay una manipulación de la información respecto al informe general, presentado en 2017. 

“Luis Fernando Camacho Vaca apareció en la filtración del ICIJ con un doble rol: intermediario  y officer. Como intermediario, creo tres sociedades offshore, Medis Overseas Corp, Navi International Holding SA  y Positive Real Estates SA,  y como officer fue beneficiario de estas dos últimas sociedades”, se lee en  resumen del informe.

El caso del líder cívico cruceño se identifica como el número cinco   en el documento presentado ayer, en el que también se afirma: “Navi International Holding SA, creada por Luis Fernando Camacho Vaca, es la offshore que vincula la mayor cantidad de personas y empresas bolivianas: 29 personas y 67 empresas (…). Juega un rol central en la problemática offshore boliviana”.

Camacho fue elegido como presidente del Comité Pro Santa Cruz el 2 de febrero. Desde entonces, encaró diversas actividades en defensa del 21F. Entre ellas está la recolección de 500 mil  firmas. Las rúbricas fueron entregadas  al presidente de Colombia, Iván Duque, para que, como intermediario, pida un pronunciamiento de la Corte IDH  sobre si la reelección es un derecho humano.

“Esto es una movida del Gobierno, porque busca amedrentar, perseguir. No me voy a callar, voy a seguir, y si el costo es la persecución, el amedrentamiento, la privación de libertad o la detención ilegal, estoy dispuesto a asumirlo, si es por la democracia”, declaró a Página Siete. 

El dirigente sostuvo: “Si yo tuviera cola, estaría silenciado o tibio, pero estoy luchando por los principios de la democracia. Eso es lo que les preocupa y que permanentemente les recuerde lo que dijo el presidente Evo Morales, que ‘no respetar el voto sería dar un golpe de Estado’”.

Camacho afirmó que en el informe general de la comisión, presentado hace más de un año, apenas se mencionaba su nombre en los antecedentes del caso Marinkovic, y que le extraña que haya una ampliación de su caso en el documento resumen que se presentó la pasada jornada. El cívico informó que sus abogados analizan la situación.

Ayer, la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, informó  que el país perdió aproximadamente 1.134 millones de dólares por la evasión impositiva de los recursos que fueron  transferidos a paraísos fiscales, entre septiembre de 2015 y mayo de 2017.

El  reciente resumen estima que en 2016 se transfirieron  989 millones de dólares  desde Bolivia a paraísos fiscales, un importe que representó el 2,9% del Producto Interno Bruto.

Manuel Canelas, ministro de Comunicación e integrante de la comisión cuando fue diputado, anunció que se trabajará en una ley  contra el uso de paraísos fiscales. 
 

 Entel quedó sólo con una recomendación

 Entre los casos que se investigaron  por la comisión especial  de la Asamblea Legislativa  figura  el de la empresa offshore Entel Bolivia International Limited, constituida en 2008, en las Islas Vírgenes Británicas, con un costó 20.870 dólares.

 En el  informe se argumenta que en este caso “la vinculación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones  SA, Entel SA, con la empresa offshore Entel Bolivia Internacional Limited  fue necesaria para prevenir la interrupción de servicio brindado”.

 Por este hecho específicamente se recomendó  que “ninguna empresa pública debería hacer uso de empresas offshore constituidas en paraísos fiscales”.  

 En el caso Marinkovic se recomendó “remitir los estudios, anexos y respaldo al Ministerio Público y a la Procuraduría, para que se inicien acciones legales”.

 

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