Desde hace 11 meses, Fernández pide al TSJ anular su sentencia

La exautoridad solicita que se anule el veredicto en su contra, mientras que quienes se querellaron en contra suya piden que la condena suba de 15 a 20 años.
martes, 17 de septiembre de 2019 · 00:04

Beatriz Layme  / La Paz

 En octubre de 2018, hace 11 meses, Leopoldo Fernández, el preso emblemático del caso Porvenir, solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), mediante un recurso de casación, anular la sentencia en su contra. Pero hasta  la fecha no sortearon ni al vocal relator, que debe resolver el caso.

“Nosotros buscamos anular la sentencia, una sentencia que se dictó sin pruebas, forzando la figura de homicidio”, afirmó el abogado de  Fernández,  Karlo Brito, quien agregó que la salud de su cliente se deteriora cada día que pasa, pues “todo el tiempo está encerrado”, porque su condición legal no le permite salir a la calle.

Similar dificultad atraviesa la parte querellante, que también planteó un recurso  con el objetivo de elevar de 15 a 20 años la condena contra Fernández.

 Ambos recursos  fueron presentados en septiembre de 2018, pero recién un mes después   fueron remitidos ante el TSJ.

Plantearon el recurso  luego de que la sala penal cuarta del Tribunal de Justicia de La Paz ratificara la sentencia de 15 años contra Fernández, pena que toma en cuenta los casi cinco años de detención domiciliaria que él cumplió. 

 Fernández fue condenado por el delito de homicidio en el grado de autor intelectual, y fue  absuelto de los delitos de terrorismo, asesinato, lesiones graves y gravísimas y de asociación delictuosa. 

Junto a Fernández, fueron sentenciados Edwin Ventura, exalcalde de Porvenir, Juan Marcelo Mejido y Hernán Justiniano.

Once meses, once años  

Tras once meses, el recurso de casación no fue resuelto y Fernández, la exautoridad de Pando de 67 años, continúa con detención domiciliaria. Está en esa condición desde febrero de 2013, luego de que la Justicia considerara su delicado estado de salud. Antes de esa medida, guardó detención preventiva -desde el 16 de septiembre de 2008 hasta febrero de 2013- en la cárcel de San Pedro, y durante un corto tiempo en Chonchocoro.
 


 Fernández cumple detención domiciliaria en su vivienda,  ubicada en Cota Cota, zona Sur de La Paz,  bajo una estricta vigilancia de cuatro efectivos policiales.  Dos custodian desde una vagoneta y  los otros dos en una patrulla, evidenció Página Siete.

“Hoy se cumplen 11 años de mi encarcelamiento. Le pido a Dios fuerzas para enfrentar lo que venga hacia delante”, tuiteó ayer el exprefecto de Pando.

El diputado del MAS Sebastian Texeira calificó de “reprochable” la retardación de justicia, y considera  que el proceso debería ser resuelto, tomando en cuenta que ya  pasaron 11 años de los hechos de violencia que  registraron  en septiembre de 2008 en Porvenir, que dejaron un saldo de 13 muertos.

“No debería  existir retardación de justicia. Para ratificar la sentencia o rectificar, el proceso debería cerrarse”, indicó Texeira, quien lamentó que los jueces  no impulsen la “refundación de la justicia”.

Brito insistió en que la sentencia de Fernández debe ser anulada porque -dijo- no existen pruebas en su contra.  “Todos saben que la sentencia fue emitida bajo presión política. Hasta el día de hoy (el fallo) no se puede revisar ni rectificar esos actos abusivos y arbitrarios que emitieron los tribunales de La Paz”, manifestó el jurista.

El caso Porvenir,  la violencia en  Pando

  • Pugna  En 2008 se registró la mayor tensión entre el Gobierno y la oposición, entonces aglutinada en cinco departamentos: Santa Cruz, Beni, Tarija, Pando y Chuquisaca, denominada la Media Luna. 
  • Tomas  Los primeros días de septiembre, cívicos y autoridades departamentales de la Media Luna tomaron las instituciones que dependían del Gobierno central.
  • Marcha  En Pando, campesinos de Riberalta y de otras regiones rurales marcharon hacia Cobija, para retomar el INRA de los cívicos. 
  • Zanjas  El 10 de septiembre, el entonces prefecto Leopoldo Fernández mandó a cavar zanjas para impedir el ingreso de los marchistas.
  • Violencia  El 11 de septiembre se registró un enfrentamiento armado. Pedro Oshiro, un funcionario del Servicio Departamental de Caminos Pando, murió por un disparo de bala.  También  13 campesinos que marchaban  hacia Cobija perdieron la vida.
     

Confidencial

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