Discapacitada denuncia a Contralor Ara por violar inamovilidad laboral

El procesocontra Lucas Ara está en la Asamblea Legislativa Plurinacional
domingo, 19 de enero de 2020 · 16:39

Erbol / La Paz

La señora Carmen Rosa O.C., auditora con 24 años de trayectoria en la institución y con 55% de discapacidad motora, denunció al Contralor General del Estado Henry  Lucas Ara Pérez y a su apoderada legal Catherine Nolasco Boyán, por violar la inamovilidad laboral amparada en la Constitución Política del Estado, leyes bolivianas y tratados internacionales.

La denuncia llegó el 11 de diciembre de 2018 a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y relata que en virtud a su experiencia y alto rendimiento fue designada en abril de 2009 como Gerente Departamental de Tarija por el excontralor Gabriel Herbas y mientras se encontraba de vacaciones fue destituida el 18 de diciembre de 2017 sin justificación alguna, indica la servidora afectada.

Ella interpuso un recurso jerárquico y otro de revocatoria donde el Contralor “se atribuyó” el cargo de Director de Servicio Civil y luego Superintendente de Servicio Civil y, en esa condición, rechazó todas las impugnaciones formuladas con el argumento de gozar de autonomía.

En su intento de reclamar justicia, el 5 de junio de 2018 presentó una acción de amparo en Tarija donde la Juez Público Civil y Comercial Séptimo, Betty Marlene Buitrago, le concedió la tutela y ordenó al Contralor restituirla en el mismo cargo, más el pago de sueldos devengados desde diciembre de 2017.

Ara dispuso la restitución en otro cargo pero en la ciudad de Potosí, incumpliendo así la resolución de amparo. La auditora rehusó atacar la disposición y el Contralor ordenó el inicio de un proceso administrativo que fue encargado al Juez Sumariante, quien declinó competencia argumentando que los procesos contra el personal dependiente del Contralor, deben ser resueltos por las comisiones de la Asamblea Legislativa y no de manera directa por la Máxima Autoridad Ejecutiva.

Explica a la Comisión de Derechos Humanos que el Contralor, a través de su apoderada Catherine Nolasco, coaccionó a la juez de garantías advirtiéndola para que exija el cumplimiento del fallo con la advertencia que ellos ejercen tuición y fiscalización a todas las entidades del sector público. 

Indica que en forma simultánea el Contralor desplegó otra estrategia de coacción hacia el Tribunal Constitucional de Sucre, donde a través de sus representantes legales Edino Clavijo y Katherine Guibarra, solicita “priorización del sorteo”, advirtiendo sobre un posible daño económico al Estado si acaso emiten un fallo en favor de la denunciante que obligaría a pagar sueldos devengados.

La auditora entiende que esa advertencia no tenía otro objetivo que eludir la responsabilidad del Contralor de pagar con sus propios recursos los sueldos devengados y de sacar de la Gerencia Departamental de Tarija a Daniel Lazarte, quien fue luego fue ascendido al cargo de Sub Contralor General, pese a tener un proceso penal por falsedad ideológica, contratos lesivos al Estado,  incumplimiento de deberes y otros en el municipio de Colcapirhua.

El 4 de julio de 2019 finalmente las magistradas Karen Gallardo Sejas y Georgina Amusquivar Moller se pronunciaron a favor del Contralor, sin tomar en cuenta  la condición de la señora Carmen Rosa, aclarando que el cargo de libre nombramiento (Gerente Departamental),  “es una excepción a la inamovilidad laboral de una persona con discapacidad”.

En su denuncia ante la Asamblea señala que las actuaciones del Contralor se adecúan a tipos penales de prevaricato, incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes 223, 977, 2027, refrendadas por tratados y convenios internacionales, por lo cual pide a  la Comisión actuar conforme a la ley que, de prosperar, puede derivar en la suspensión del Contralor Henry  Ara.

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