Sobre la vigilancia al exprocurador, Defensoría pide que el gobierno respete normas y Derechos humanos

La Defensoría pidió investigar si en las acciones de inteligencia se cometió algún acto irregular "que pueda configurar como hecho delictivo".
jueves, 1 de octubre de 2020 · 16:19

Página Siete Digital

La Defensoría del Pueblo le recordó al Gobierno que los servicios de inteligencia deben respetar la norma y los derechos humanos. El anuncio se realizó luego de que el exprocurador del Estado José María Cabrera denunció que fue objeto de persecución y vigilancia durante su estadía en La Paz.

En comunicado,  la Defensoría indicó que “Los servicios de inteligencia deben respetar, de manera rigurosa, la norma y los derechos humanos, y (la Defensoría) le pide que cese el hostigamiento al ex Procurador General del Estado, José María Cabrera Dalence, por parte del  Ministerio de Gobierno, que habría dispuesto una vigilancia ilegal en contra de esa exautoridad”.

Al respecto, la defensora, Nadia Cruz, recalcó que el Estado debe garantizar  la seguridad  ciudadana y la del propio estado. “La Defensoría del Pueblo entiende la necesidad de servicios de inteligencia estatal para garantizar la seguridad ciudadana y la del propio Estado, especialmente ante la amenaza del crimen organizado; sin embargo, recuerda que esa labor debe respetar la norma”, señaló.

Pidió al Estado que cese del hostigamiento al ex Procurador General del Estado e instó al Ministerio Público a "investigar si en las acciones de inteligencia realizadas se hubiese cometido algún acto irregular, que pueda configurar un hecho delictivo”.

De acuerdo con la denuncia expuesta por el exprocurador, el Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, habría dispuesto una vigilancia ilegal hacia su persona, durante su estadía en La Paz.

El comunicado de la Defensoría hizo referencia a la posición de Bolivia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto a los servicios de inteligencia de los Estados, “manifestada en la sentencia de 25 de noviembre de 2003 por el caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala”.

La misma establece que “las medidas tendientes a controlar las labores de inteligencia deben ser especialmente rigurosas, puesto que, dadas las condiciones de reserva bajo las que se realizan esas actividades, pueden derivar hacia la comisión de violaciones de los derechos humanos y de ilícitos penales”.

 

 


   

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