Caso fraude: a un año no se inicia el juicio, hay 16 sindicados, ninguno del MAS

El hombre fuerte del MAS Juan Ramón Quintana fue identificado por el Gobierno como parte de los hechos irregulares durante el proceso electoral y la convulsión social del año pasado en el país.
domingo, 18 de octubre de 2020 · 00:04

Leny Chuquimia  /  La Paz 

Tras  un año de las fallidas elecciones generales del 20 de octubre de 2019 (20-O), el caso fraude electoral aún no ha llegado a   un  juicio. Hay 16 imputados e implicados y  ninguno  es del Movimiento Al Socialismo (MAS). Desde diferentes sectores se pide avanzar en los procesos y formalizar las acusaciones contra el expresidente Evo Morales y tres  autoridades de su gobierno.

A la fecha los sindicados son los exvocales Maria E. Choque, Antonio Costas, Lidia Iriarte, Lucy Cruz, Idelfonso Mamani y Bernardo Gonzales.   Además de los exfuncionarios del TSE,  Serecí y Agetic: Antonio Pardo, Windsor Saire, Wilson Rodríguez, Osvaldo Aspi, Alejandra Salinas, Natalia Antezana, Horacio López, Nicolás Laguna y Sergio Martínez. A la lista se suma  Marcel Guzmán de Rojas, gerente de Neotec (tercializador del sistema de conteo preliminar) que pasó de ser testigo a acusado.    

          “Los datos surgidos a raíz de la investigación que está en curso deben ser pruebas para una imputación formal en contra de las exautoridades. Debería concluirse de una vez el proceso investigativo y tener ya a los responsables detenidos”, señaló el diputado Hugo Sandoval, de UD.       

La semana pasada, a días de las nuevas elecciones, el Ministerio Público realizó la inspección técnica ocular que identificó los escenarios y momentos clave  del presunto fraude electoral.

 Salieron a la luz informes que dan cuenta de la llegada  de 20 extranjeros afines al MAS, flujos extraños de llamadas y movimientos económicos inusuales de una  autoridad del gobierno de Morales. Estos se suman al informe inicial de la OEA que advirtió el fraude.

“El fiscal a cargo ha establecido  que no se asumirá un caso de fraude electoral con un simple informe de la OEA, porque no es suficiente. Ese documento no va a establecer si hubo fraude o no. Habrá que esperar a las pericias propias”, sostuvo el diputado (MAS)  Remberto Calani.

La Procuraduría General del Estado (PGE) presentó un memorial con un anexo de 308 indicios para la imputación del expresidente Evo Morales , del exvicepresidente Álvaro García Linera y de los exministros  Juan Ramón Quintana y Héctor Arce Zaconeta.

El documento fue presentado en respaldo al caso fraude electoral II, que se desprende del primer proceso y busca a los responsables intelectuales  del hecho. Se asegura que hubo  “una compleja estructura de poder” -montada por los acusados- para actuar con  impunidad y por encima de los acusados en el primer proceso.

“Evo Morales llevó adelante un gigantesco fraude electoral con el objetivo de burlar la voluntad popular y evitar la segunda vuelta electoral, en beneficio de los candidatos del binomio del MAS”, indica el escrito presentado ante la Fiscalía.

Cruz y los 20 mexicanos 

“Corten el TREP”, fue la orden que   la noche del 20 de octubre de 2019, a las 19:40,   interrumpió la difusión pública de datos  preliminares. Con 83% de  las actas verificadas, la transmisión  fue detenida, inicialmente, para brindar  datos en  una conferencia durante la cual   el sistema debía dejar de actualizarse cada tres minutos. 

Sin embargo, luego de varias órdenes, contraórdenes, y un movimiento de las autoridades electorales entre distintos puntos, a las 20:10 se cortó internet y la electricidad del Serecí parando definitivamente  el TREP.    Hasta ese momento, la tendencia de los resultados mostraba una segunda vuelta entre Evo Morales  (MAS) y Carlos Mesa (CC).

“Fue la vocal Lucy Cruz quien dio la orden de parar el TREP”, manifestó el jefe de la división Anticorrupción de la Felcc  Luis Fernando Guarachi, al finalizar la  inspección   ocular. 

Álvaro Andrade, gerente de Ethical Hacking -auditora del TREP-, añadió que el corte se dio luego de que se advirtiera al TSE que un tercer operador ingresaba información  en el sistema de forma irregular.  Según las declaraciones, esa alerta fue el argumento de Cruz para parar el conteo. 


Las protestas  se extendieron por varios puntos del país. 
Foto:Archivo

“Nos están hackeando. ¡Corten el TREP!” decía Cruz, según testigos. La orden se repetía en boca de Iriarte y Choque.

Según el viceministro de Seguridad Ciudadana Wilson Santamaría, ese ataque informático vino de un grupo de 20 mexicanos, simpatizantes de AMLO, que habían llegado al país antes del 20-O.

   “Se ha verificado que se dio una instrucción para que el personal militar de la Casa Grande del Pueblo no registre la reunión de este grupo con autoridades de Gobierno para presentar un software para la alteración de los resultados electorales”, aseguró.

  Mediante un comunicado, la embajada del país azteca  en Bolivia respondió  que -en apego a sus principios constitucionales de política exterior- “hace un atento llamado a los actores políticos de abstenerse de involucrar a México en las actuales campañas políticas”.

Quintana, el factor común  en el fraude electoral 

Al término de la inspección técnica ocular,  el viceministro Wilson Santamaría informó que antes, durante y después de la paralización del TREP  hubo un cruce de llamadas entre Lucy Cruz (quien dio la orden), una vocal del TED La Paz y el ahora exministro Juan Ramón  Quintana.

“Se verificó la intromisión de exautoridades del Órgano Ejecutivo en el Órgano Electoral. Esto es tremendamente grave y aunque era un secreto a voces, no había forma de probarlo. Ahora, gracias a un trabajo técnico y científico, se obtuvo evidencias a través de un cruce de llamadas”, manifestó  Santamaría.

Sostuvo que Cruz, designada por Morales como vocal del TSE en su representación, mantuvo   comunicación telefónica con Quintana. Sin embargo no presentó pruebas del contenido de esta.

 A esta denuncia se suma la del procurador  general del Estado Alberto Morales, que asegura que  el grupo de ciudadanos mexicanos -implicados en el presunto  fraude electoral- estaban en contacto directo con el entonces titular de la Presidencia. Las reuniones con la autoridad se realizaban en el piso 17 de la Casa Grande del Pueblo, sin que nadie registre el ingreso de estas personas, dijo.  

    Según Morales, la delegación estaba hospedada en el ex-Hotel Radison de la plaza Bolivia. Ahí tenían instalados  sus equipos informáticos con acceso a información del TSE.

“El jefe de gabinete del despacho de Quintana  acompañaba todo el trabajo en el fraude. Inclusive, los días previos a las elecciones se alojaron en el mismo piso que los mexicanos”, afirmó Morales.

Sumando las acusaciones, el viernes, el jefe de la división Corrupción Pública de la Felcc Fernando Guarachi denunció que -durante los conflictos sociales-  estando en funciones de ministro transfirió de sus cuentas bancarias   1.320.000  bolivianos  a cuentas de terceros.

  “Hemos  recibido documentación del Banco Unión que esta siendo analizada. Nos llamó la atención  y se pudo establecer que durante los días 11 y 24 de noviembre de 2019, durante los  hechos violentos de los conflictos poselectorales,  el señor Juan Ramón Quintana hizo movimientos inusuales en su cuenta”, aseveró.

Detalló que la exautoridad  retiró dinero de tres cuentas diferentes burlando los parámetros de seguridad en transferencias por encima de los  10.000 dólares. Este dinero fue depositado, dijo, en diferentes cuentas bancarias de distintas entidades financieras.

  “Estamos en condiciones de demostrar que el operador político designado en el gobierno del MAS, para manejar el tema electoral era Quintana”, aseveró Santamaría.

 

 Fiscal desestima informe de la OEA y un nuevo estudio confirma el fraude 

El 4  de diciembre de 2019, la OEA entregó al Gobierno    el informe final sobre las elecciones del 21-O. Este halló  “irregularidades graves”  en el proceso electoral del año pasado.

Sin embargo,  Luis Fernando Atanasio, miembro de la Comisión de Fiscales que investiga el caso, afirmó que este documento no es conclusivo para la justicia. Por este motivo señaló que  es necesario contar con pericias más precisas para no caer en un resultado apresurado.

Asimismo, un  estudio realizado por expertos de las universidades de Texas y Oklahoma en Estados Unidos afirma que el fraude electoral se dio antes de la paralización inexplicable del TREP. 

La investigación, denominada “Evo Morales y el fraude electoral en Bolivia: Evidencia de un experimento natural y discontinuidad” señala que ya en la llegada de las actas del voto en Argentina se tenía más electores de los registrados.

Un año  de proceso

El 20 de octubre de 2019, el corte del TREP sembró la duda sobre la transparencia de los comicios generales. El hecho generó una crisis política aún irresuelta.

Delitos  Los exvocales son investigados por falsificación de documentos y uso de instrumento falso, manipulación informática, alteración y ocultación de resultados, y resoluciones contrarias a la Constitución.

Fiscalía Las investigaciones contemplaron:  inconsistencias o demasías en las boletas de sufragio, inconsistencias o demasías en las actas de cómputo oficial e inconsistencias o alteraciones digitales o manuales.

OEA La auditoría del organismo internacional es uno de los insumos de los investigadores pero no es  tomada como conclusiva. Se anunció que se realizarán pericias propias.

TSE En principio, se encargó la impresión de 7.392.180 papeletas de sufragio, pero luego el contrato fue modificado y se instruyó incrementar la cantidad de papeletas  a 7.550.711

Neotec  La empresa encargada del TREP señala en su informe que  recibió la orden de no continuar con la publicación de resultados del TREP y luego se cortó    internet en el Serecí.

Motivos Hubo tres argumentos para cortar el TREP: el uso de un servidor no monitoreado, el aumento inesperado de tráfico de  actas y el cambio  de  tendencia de los votos.

 

 


   

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