Abogado de Héctor Arce: Fiscales actuaron sin objetividad en una persecución política

La defensa del exministro de Justicia de Evo Morales analiza iniciar un proceso disciplinario en contra de los funcionarios. Entre tanto no pesa ninguna orden de aprehensión contra la exatutoridad.
domingo, 25 de octubre de 2020 · 12:58

Carlos Quisbert / La Paz

El abogado del exministro de Justicia Héctor Arce, Aimore Álvarez, aseguró que la orden de aprehensión emitida por una comisión de fiscales en contra de la exautoridad carecía  de “fundamento”, “motivación legal”, por lo cual anoche quedó sin efecto por orden del Juez Román Castro en una audiencia de acción de libertad.

El jurista sostuvo que el trabajo de los representantes del Ministerio Público  fue “sin objetividad, en una persecución política”.

“El Ministerio Público ha actuado sin objetividad, en una persecución política (…) porque no se han desarrollado actos investigativos, se han usado pruebas de otro proceso, no se ha notificado a ninguno de los denunciados, no se les ha informado sobre los hechos por los cuales se los procesaba para que asuman defensa”, informó Álvarez a Página Siete Digital.

Explicó que la Ley 260 del Ministerio Público señala que los fiscales tienen la obligación de emitir resoluciones de manera fundamentada y que al incumplirse ese requisito “se pude iniciar un proceso disciplinario”. Álvarez señalo que avalúan la posibilidad de iniciar una denuncia disciplinaria contra la comisión de fiscales que actuaron en contra de Arce.

La acción de libertad fue presentada contra los fiscales Luis Fernando Atanacio Fuentes, Alexis Vilela Dorado, Gregorio Blanco Torrez, Ingrid Rocio Feraudi Guerra y Cesar Choquehuanca. La audiencia de acción de libertad se desarrolló ayer por la noche de manera virtual y la Fiscalía aún no ha emitido ningún pronunciamiento.

“Una vez se argumentó los motivos por los cuales debía dejarse sin efecto el mandamiento de aprehensión, (anoche) el juez primero de instrucción en lo cautelar (Román Castro) de La Paz, constituido en tribunal de garantías, dispuso que la resolución carecía de fundamento, no tenía una motivación legal, no cumplía establecidos en la ley, ni en la jurisprudencia constitucional y que adicionalmente se habían utilizado pruebas que habían sido obtenidos en otro proceso, para querer fundamentar la resolución de aprehensión y no se habría individualizado el tipo de conducta que supuestamente habría cometido el señor Héctor Arce, para que se emita el mandamiento de aprehensión”, sostuvo Álvarez.

Con la resolución emitida por el juez Castro, aseguró Álvarez, a la fecha no existe ninguna orden de captura o arresto contra el exministro de Justicia. La resolución emitida anoche es de inmediato cumplimiento y se debe remitir, en 24 horas, una copia al Tribunal Constitucional.

Álvarez aclaró que la acción de libertada que él presento ante el juzgado fue “sin mandato”, debido a que no lograron que se emita un poder notarial. Dijo que la ley permite que cualquier persona presente ese tipo de recursos ante la “persecución política” de la que afirma fue víctima Arce. “Hemos visto que los notarios han sido perseguidos y no les han permitido expedir poderes”, sostuvo el jurista.

Antecedentes

 

Arce tiene dos procesos abiertos en su contra, uno por el fraude electoral y otro por uso indebido de bienes del Estado, en relación a que habría permitido que funcionarios modifiquen actas de votación de las elecciones de octubre de 2019.

El 6 de octubre, la Procuraduría General del Estado (PGE) solicitó al Fiscal General, Juan Lanchipa, la imputación del expresidente Evo Morales, del exvicepresidente Álvaro García Linera y de los exministros Juan Ramón Quintana y Héctor Arce por las presuntas operaciones delictivas que llevaron a la comisión del fraude electoral durante las elecciones generales del 20 de octubre de 2019.

El gobierno de Evo Morales llevó adelante un “gigantesco fraude electoral con el objetivo de burlar la voluntad popular, evitar la segunda vuelta electoral, en beneficio de los candidatos del binomio del Movimiento al Socialismo y en perjuicio del resto de candidatos de los demás partidos y alianzas”, indica el escrito presentado ante la Fiscalía, según una nota de prensa de la PGE.

Explica que “estas acciones criminales lesionaron bienes jurídicos trascendentales para la democracia, tales como la integridad, legitimidad y transparencia de los procesos eleccionarios, fuentes esenciales de cualquier Estado Constitucional de Derecho”. Uno de los elementos centrales de prueba –según la PGE– es el “Análisis de Integridad Electoral Elecciones Generales en el Estado Plurinacional de Bolivia” realizado por la misión especial de la OEA.

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