Informe policial: El MAS orquestó el fraude con actas y manipulación informática

El viceministro Santamaría indicó que cuando el partido de Evo se dio cuenta que no ganaría en primera vuelta, "bombardeó" el sistema desde otro servidor.
jueves, 8 de octubre de 2020 · 12:00

Página Siete Digital 

ACTUALIZACIÓN

En conferencia de prensa, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, informó este jueves que un informe policial revela que el fraude electoral de 2019 fue perpetrado con la alteración de actas electorales y a través de la manipulación informática, un delito que fue orquestado por los ministros del Movimiento Al Socialismo (MAS), que cuando se dieron cuenta que no iban a ganar los comicios, interrumpieron la transmisión de datos para "bombardear" información desde un servidor externo e ilegal.

Desde ese servidor, Santamaría detalló que empezaron a llegar 30.000 peticiones de validación de actas por minuto. Cuando los vocales se dieron cuenta de que al MAS no le alcanzaban los votos para ganar en primera vuelta, se activó un ataque al sistema para manipular los resultados.

Según el informe el Tribunal Supremo Electoral (TSE), a través de la Dirección Nacional de Tecnologías de Información y Comunicación, cuenta con un sistema; pero el día de las elecciones el personal se enteró que había otro servidor, que tenía la posibilidad de ingresar de forma remota datos, a través de esa forma remota empiezan a llegar hasta sumar 30.000 peticiones de validación de actas, explicó la autoridad.

“Cuando los vocales masistas evidencian que el resultado que les instruyeron no se materializaba ocurren curiosamente estas peticiones que es un ataque en realidad a través de otro servidor a la fuente principal del TSE, se habría encontrado otro servidor no registrado dentro de la infraestructura de sistemas. El IP desde donde se realizaban estas validaciones le pertenecen al señor Marcel Guzmán de Rojas”, detalló el Viceministro.

La autoridad precisó que se verificó que el padrón entregado a la empresa Neotec tuvo una grave falencia respecto a las listas habilitadas para la votación. Según el informe, el gerente de esa compañía informática, Guzmán de Rojas, habría incorporado de manera dolosa a fallecidos.

“El testigo que se tiene refiere que el señor Marcel Guzmán de Rojas tenía conocimiento de esta irregularidad y que pese a esto exigió que se siga con la utilización para el TREP y el cómputo oficial”, agregó Santamaría, quien agrega que ese porcentaje de incorporación de inhabilitados curiosamente es el mismo con el que TSE proclama al ganador de los comicios.

El servidor BO20

Según el informe de la policía el servidor BO20 fue creado el 21 de octubre de 2019 a sugerencia Sergio Martínez Beltrán, jefe de tecnologías para el Servicio de Registro Cívico (Serecí) de La Paz, declarado en comisión para trabajar en el TSE.

El servidor no tenía agentes de control, fue configurado por Guzmán de Rojas y era ajeno a la infraestructura informática de las elecciones del 2019 y estaba fuera de los protocolos.

Recordó que el TSE se comprometió a presentar datos preliminares a las 18:00, pero eso no ocurrió. Según la inspección técnica ocular se evidenció que se realizó el corte de la señal de internet, a instrucción de la vocal Lucy Cruz y que la dicha orden fue consensuada por todos los vocales a excepción de Antonio Costas.

Santamaría detalló que los datos preliminares transmitidos por el TREP fueron pasados directamente al cómputo oficial sin verificarlos o validar la información de las actas, acción que no condice con el protocolo del proceso electoral. Esto se hizo también con el conocimiento de los vocales exceptuando a Costas.

Caso fraude II

El Viceministro manifestó que los vocales que pertenecían al MAS “eran una célula del partido gobernante”. Según el informe, se realizó una reunión en el piso 17 de Casa Grande del Pueblo de la que se dio instrucción de no hacer un registro sobre el ingreso. En ella participan informáticos de entidades públicas; Sergio Martínez; el jefe de gabinete del Ministerio de la Presidencia, Max Eguivar; los exministros Wilma Alanoca y Javier Zabaleta; entre otros.  

En la reunión, se socializa el software “Territorial Visor” que accedía a toda la información del INE, TSE, el padrón, entre otros de forma irrestricta para facilitársela a los 20 mexicanos y un venezolano-argentino, destacó Santamaría.  

En la investigación figura el señor Ramón Díaz Ávila, que ingreso al país el 30 de agosto de 2019, y comisionado del partido del Trabajo, junto a otros altos funcionarios y un funcionario de la empresa In Praxis. El resto de los extranjeros ingresaron el 27 de septiembre, en su mayoría todos funcionarios y autoridades del partido del Trabajo, frente que hace coalición con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Según se detalló se alojaron en tres 3 pisos de un hotel junto a funcionarios del Ministerio de la Presidencia que viven en La Paz.  

“Estos señores una vez que se evidencia que era inoculable el fraude el día 23 de octubre en la madrugada huyen del país (…). Esta vinculación política ha demostrado y demuestra que Evo Morales, Álvaro García Linera, Héctor Arce, Carlos Romero, Juan Ramón Quintana, ministros de ese gabinete, funcionarios de alta jerarquía y la complicidad y sumisión de los vocales intentaron robarle la democracia este país”, remarcó el Viceministro.  

La autoridad, remarcó que la auditoría la Organización de Estados Americanos (OEA) no incluye esta información porque no tuvo acceso a toda la información. “No conocían que había otro servidor paralelo, que a través del servidor que cambiaban la información de las actas”, acotó.

Santamaría denunció que la Fiscalía General del Estado no coadyuba ante semejante evidencia con citar a otros involucrados y pareciera que se intenta dilatar un tema importante para Bolivia.

 

 

 

 


   

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