Gobierno desmiente a afines al MAS en la CIDH, Copa pide sanción por muertes

Se convocaron a dos grupos de la sociedad civil (A y B), antagónicos, sobre los hechos violentos de 2019.
viernes, 9 de octubre de 2020 · 01:03

Carlos Quisbert  / La Paz

En la audiencia  “Situación de los derechos humanos en Bolivia”, realizada ayer por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), representantes del Gobierno desmintieron versiones de sectores afines al MAS basadas en fotografías “trucadas”. Por su lado, la presidenta del Senado, Eva Copa, pidió la investigación y sanción por las muertes sucedidas  en Senkata y Sacaba luego del fraude electoral de octubre de 2019.

“Quería aclarar un hecho curioso sobre las fotos que han proyectado parte de los invitados. Hay una que es claramente de la caída de Salvador Allende (expresidente de Chile) (…) y la foto de los ataúdes vacíos en la calle  es una foto que se ha demostrado que fue trucada, salió incluso (publicada) en El País de España, pero es absolutamente falsa. Es parte del  espectáculo que montan algunas ONG”, afirmó el embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Jaime Aparicio, en relación al material difundido por sectores afines al MAS ante la CIDH, con el cual pretendían graficar el relato sobre la violación de derechos humanos en Bolivia.

La audiencia comenzó con la intervención de “representantes de la sociedad civil” divididos en dos grupos, A y B, antagónicos, de acuerdo a la posición que asumieron sobre los hechos violentos que se vivieron a raíz de las protestas por el fraude electoral.

La primera en tomar la palabra fue la representante de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos en las dictaduras militares (Asofamd), Ruth Llanos, quien durante su intervención expuso fotos de la década de los 80 y otras imágenes que fueron observadas por Aparicio.

Llanos manifestó que las muertes, los procesos contra los manifestantes afines al MAS y otro tipo de vulneraciones  fueron cometidas por el gobierno de Jeanine Añez, como en “los tiempos de las dictaduras militares”, por lo que pidió la sanción de las autoridades. Acompañaron su postura representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG) de varias nacionalidades, familiares de las víctimas de la zona de El Alto, Senkata y del municipio cochabambino de Sacaba, quienes protestaron por la falta de atención hacia los heridos y las familias de los fallecidos.

En ese marco, la dirigente del MAS y presidenta del Senado, Eva Copa,  solicitó a los integrantes de la CIDH realizar una investigación transparente y correcta. “Lo que buscamos los bolivianos es justicia para las familias que perdieron a sus seres queridos, que dejaron huérfanos y viudas”, señaló la legisladora.

En contacto con Página Siete, la secretaria general de Luchadores Sociales y Sobrevivientes de las Dictaduras, Vitoria López, criticó la postura de Ruth Llanos sobre la defensa de grupos de masistas, debido a que  durante los conflictos de octubre de 2019, personas de los movimientos sociales afines al MAS golpearon y causaron la muerte de Julio Llanos, una de las víctimas de las dictaduras militares, pero que esos hechos son ignorados por la misma CIDH. “En esa audiencia estuvieron  grupos que vivieron de los beneficios que daba el anterior gobierno de Evo Morales. Esas personas nunca ayudaron a solucionar nuestras demandas”, sostuvo López.

Por el grupo B de la sociedad civil intervinieron la representante de Unitas, de Ríos de Pie, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia y de La Paz, Susana Aróstegui, quien si bien se solidarizó  con las víctimas, remarcó que los hechos violentos surgieron a raíz del fraude electoral de 2019. Sin embargo, exigió el esclarecimiento de los mismos, la sanción de los responsables y la imparcialidad de la CIDH en el análisis de lo ocurrido en el país.
 

 

 

 


   

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