Tóásó demanda que la ilegalidad del caso «terrorismo» sea conocida en el exterior

Indica que pese que los representantes del Estado (ministros, etc.) aceptaron y declararon que el caso contra él era ilegal, eso no se ve reconocido a nivel internacional.
viernes, 9 de octubre de 2020 · 22:05

Página Siete Digital

“Internamente aceptaron que hubo violaciones de derechos humanos, pero internacionalmente todavía no”, estas son las palabras del húngaro Előd Tóásó, quien sobrevivió y fue encarcelado  seis años por el caso Rózsa- también denominado terrorismo. En declaraciones realizadas a la Procuraduría General del Estado, explica que por estas razones sigue un proceso internacional, para realizar una investigación y que sus derechos sean restituidos.

En el testimonio, se indica que pese que los representantes del Estado (ministros, etc.) aceptaron y declararon que el caso contra él era ilegal, “la Procuraduría todavía mantiene la misma estrategia de defensa en frente de CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) desde 2009, hasta ahora”.

“Tengo una denuncia contra el Estado por violaciones a los DDHH. No queremos que estos delitos queden impunes. La Justicia boliviana nunca me dio posibilidad de obtener justica, por eso acudimos a instituciones internacionales”, explicó a la Procuraduría.

Tóásó indica que, “internamente (el Estado boliviano) aceptaron que hubo violaciones de derechos humanos e internacionalmente todavía no”, y acota que  el gobierno Boliviano debe cumplir con sus obligaciones como miembro de la OEA e iniciar una investigación internacional contra los que ayudaron estos años a que los hechos “queden impunes”.

Explica también que la única institución en la que confía es la CIDH y que para la investigación se debe analizar desde la perspectiva de la víctima, a sus familiares y personas cercanas, pues “también fueron víctimas de este violaciones de derechos humanos y afectados”.

Tóásó, quien estuvo casi seis años en la cárcel, por el caso de terrorismo, lleva adelante un proceso contra el Estado boliviano ante la CIDH, por violaciones a los derechos humanos.

 

 


   

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