Cambio de mando genera incertidumbre en los exiliados que se fueron o volvieron

Autoexiliados por los conflictos de 2019 tienen luz verde para volver al país. Los que retornaron con la salida de Evo Morales esperan las reacciones del nuevo gobierno de Arce para decidir su situación.
domingo, 1 de noviembre de 2020 · 00:20

Leny Chuquimia /  La Paz

El cambio de Gobierno generó incertidumbre entre los perseguidos políticos del MAS   y   sus detractores, que tras los conflictos poselectorales de 2019 se fueron del país o retornaron del exilio. Las autoridades electas preparan el arraigo de los titulares  transitorios salientes.

      El año pasado, el país se sumió en un conflicto poselectoral  que desembocó en la anulación de los comicios y la renuncia del entonces presidente Evo Morales. Antes y después de su dimisión todo su gabinete y las  autoridades departamentales y municipales de su entorno  presentaron sus renuncias. Algunos dejaron el país, como lo hizo el mandatario

Tras la salida de Morales, los denominados perseguidos políticos de Evo  vieron en su ausencia la oportunidad de retornar a Bolivia. Para quienes lo hicieron, la incertidumbre vuelve con el regreso del MAS al Gobierno.

Volvieron y tal vez se irán 
 
“Estamos en la incertidumbre, a la espera de lo que vaya a suceder con el nuevo mando. Nosotros fuimos perseguidos por el  MAS que ahora se va a posesionar. En función de su reacción habrá que decidir cuál será nuestro destino”, manifestó Ana Melena, expresidenta del Comité Cívico de Pando.

Ella es parte de los denominados perseguidos del caso Porvenir, que en noviembre y diciembre pasado regresaron desde Brasil a Bolivia, aún con los algunos procesos encima.

  “Teníamos la intención de retomar nuestra vida en nuestro amado país, pero si vuelve la  persecución no quedará otra opción que volver a irnos”, afirma.

 Para Ricardo Shimokawa, exvicepresidente cívico de Pando, la decisión está tomada. Pese a la sorpresa por los resultados de las elecciones afirma que no volverá a dejar el país.

     “Retornamos porque así se dio la coyuntura y así lo permitió la culminación del proceso contra  Leopoldo Fernández.   A pesar de todo lo  sucedido y el increíble resultado de las elecciones,  estamos en Bolivia y seguiremos aquí”, afirmó.

Para ambos, el retorno al país fue un tobogán de emociones del que aún no pueden descender. Primero estuvo el regreso, la crisis política y luego vino la pandemia que se vio empeorada por la situación critica del Estado. Todo fue rematado por las elecciones que sacarían al país de un  gobierno transitorio y en las que ganó el MAS.

 “Es algo que no esperábamos”, insistió Shimokawa. 

 Pero además de los exiliados del Porvenir, también retornaron Branko Marinkovic, Guido Nayar, Manfred Reyes Villa  y Mario Cossío.

Marinkovic regresó al país  en enero pasado, luego de 10 años de  asilo  en Brasil por el caso terrorismo, que fue cerrado por la transición. En menos de un año, el perseguido político por uno de los casos más polémicos e irregulares de la gestión de Morales, pasó de ser exiliado a ministro.

“No pienso retornar a Brasil. Me quedo aquí. Viajo a Brasil porque tengo empresas, no me queda más. El viernes pasado estuve a la carrera”, indicó en una entrevista dada a El Deber.

Afirmó que no teme a un eventual  hostigamiento  del MAS por el cargo que ahora dejará. Sostuvo que tiene todo documentado y en orden, conforme a ley.


Afines  al MAS en el exilio  tienen luz verde para retornar. 
Foto: @evoespueblo.

 Luz verde para su retorno 

Mientras unos retornaron otros se fueron. Entre los afines  al MAS que  salieron del país están: Evo Morales, Álvaro García Linera, Gabriela Montaño, César Navarro, Manuel Canelas y Damián Dorado. 

Intentaron salir pero quedaron albergados  en la Embajada de México: Wilma Alanoca, Juan Ramón Quintana, Héctor Arce, Javier Zavaleta, Hugo Moldiz, Víctor Hugo Vásquez y Nicolás Laguna. Aunque ya no hay orden de aprehensión para Arce,  este no definió si deja el resguardo  mexicano o no.

 “El volver al país es un tema personal. Nosotros vamos a garantizar que todos los bolivianos (no Evo en específico) puedan regresar a su país. Nadie tiene por qué trabarles el retorno”, señaló Luis Arce en una entrevista con Gigavisión.

Aunque se dio luz verde para su retorno al país, sólo Morales y García Linera  han manifestado que regresarán. Gabriela Montaño en una publicación anunció su alejamiento del Gobierno y Quintana afirmó que se encuentra “más libre que nunca”.

La Ley  de Arraigo 

  • Norma  El 14 de octubre la presidenta del Senado Eva Copa promulgó la ley de permanencia obligatoria en territorio nacional de autoridades del nivel central del Estado y de entidades autónomas.
  • Objetivo La ley de arraigo establece  que ninguna autoridad puede abandonar el país por un lapso de tres meses a partir de  haber concluido su mandato. En ese tiempo deben presentar todos los informes y ayudar en las investigaciones si estas correspondieran. Según los legisladores del MAS, así se garantizará que quienes  hayan cometido algún hecho de corrupción no huyan. 
  • Trámite La  Procuraduría  General del Estado será la responsable de tramitar ante la autoridad competente el arraigo judicial de las autoridades electas nacionales, así como  de los y las designadas en cargos del Órgano Ejecutivo nacional.
  • Niveles  Para las autoridades electas a nivel departamental y municipal, será el delegado o subprocurador regional  el responsable del trámite.
  • Responsabilidad Los encargados de gestionar el arraigo deberán dar celeridad al trámite bajo responsabilidad penal por su incumplimiento.
  • Espontáneo  Las autoridades comprendidas en la norma podrán solicitar el arraigo judicial  de forma voluntaria, con antelación a la conclusión   de sus funciones públicas.
  • Liberación En su disposición final, la ley señala que una vez que la investigación preliminar determine la inexistencia de la comisión de un delito penal o que el arraigado en cuestión  no haya participado en el mismo, se emitirá la respectiva resolución para el levantamiento del arraigo judicial.
  •  Vigencia   La norma fue promulgada en la Asamblea Legislativa debido a que la presidenta transitoria Jeanine Añez  la rechazó. Hasta ahora la normativa no fue publicada en la gaceta nacional. Se intentó crear la Gaceta Legislativa.   
  • Constitucional  Antes de la promulgación,  la presidenta Jeanine Añez presentó ante el Tribunal Constitucional Plurinacional  una consulta contra la ley por -a su parecer-  vulnerar la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano.

Llaman a una vigilia en el aeropuerto de El Alto

Desde la nueva bancada  electa del MAS, se convocó a las organizaciones sociales a realizar una vigilia en el Aeropuerto Internacional de El Alto, para así evitar la salida de las actuales   autoridades. Se argumenta que hay procesos pendientes  por las masacres de Senkata y Sacaba y varios  casos de corrupción por los que el Gobierno de transición “debe responder”.

 “El Ministerio Público tiene que estar en alerta roja para evitar  que  los culpables (el gabinete de Jeanine Añez) no se escapen del país. Convocamos a los movimientos sociales  a  que inmediatamente  después de la posesión del Gobierno electo  instalen una  vigilia en el aeropuerto de El Alto, para que no se vaya ninguno   y respondan por todos los actos de corrupción”, manifestó  el  diputado acreditado del MAS Rolando Cuéllar.


 César Navarro  y Damián Dorado salieron a México por medio de un salvoconducto.  
Foto:@maximilianoreyz

 El jueves, la Asamblea Legislativa aprobó  el informe de la comisión especial que investigó el caso Sacaba-Senkata. Con ello se avaló un juicio de responsabilidades contra de la presidenta Jeanine Añez por 12  delitos. Además se autorizó la instauración de procesos penales en contra de la autoridad y   11 de sus  ministros de su primer gabinete. 

 “Como parlamentarios vamos a dar continuidad a estos procesos en nuestra primera sesión. Tiene que hacerse responsable de los 35 casos de corrupción y devolver centavo a centavo”, manifestó Cuéllar.

Mediante su cuenta en Twitter, Añez afirmó que es inocente. “Sólo pido una investigación imparcial, voy a defenderme y lo haré desde Bolivia”, publicó    

Cabe recordar que el juicio de responsabilidades debe ser aprobado por dos tercios y este queda en manos de la nueva Asamblea Legislativa.

 

Autoridades  afirman que no dejarán el país

Tras el triunfo del MAS en las urnas y los anuncios de procesos judiciales, varios  ministros en funciones afirmaron que no dejarán el país. Aseguran que no   tienen nada que temer porque su gestión fue transparente.

“Si viera sólo su situación personal hubiera aprovechado los días que fue censurado y cesado de mi cargo  para salir del país. Pero preferí acompañar a la Presidenta y estar acá. No hay por qué temer; los que tienen cosas que ocultar, apenas suenan las campanas huyen del país o se refugian en embajadas”, dijo el ministro de Gobierno Arturo Murillo.

La autoridad es uno  de los miembros más estables el gabinete de Añez y también el que más procesos  enfrenta. Pese a ello afirma que no abandonará el país.


Ministros  de primer  gabinete de Añez serán enjuiciados. 
Foto:ABI

 Con él coincidió el viceministro de Descolonización Rafael Quispe, quien afirma que no saldrá del país  y enfrentará a la justicia por un caso que le fue reactivado, “aunque deba ir a Chonchocoro”.  

La autoridad tiene una demanda por acoso político iniciado en su contra por la exdirigente Felipa Huanca, a quien Quispe denunció por el caso Fondo Indígena.    

 El viceministro de Seguridad Ciudadana Wilson Santamaría afirmó: “El que nada debe, nada teme”. La autoridad fue la única en presentarse a la solicitud de la Asamblea Legislativa de una declaración sobre las masacres de Sacaba y Senkata.

“Tengo la conciencia tranquila y las manos limpias. Sólo esperamos que las investigaciones sean transparentes”, indicó.

Omar Aguilar, senador del MAS, afirmó que días antes de la posesión de Luis Arce,  Añez,   Murillo y  Luis Fernando López  huirán del país en las aeronaves   001 y 002. Pidió a las autoridades pertinentes no permitir que  salgan del país.

Su par Víctor Borda afirmó que quien no cumpla la ley  o que ayude a que cualquier autoridad fugue del país “es responsable también penalmente y se le podrá  procesar”.  

  Ante esta amenaza el director de la División de las Américas de Human Rights Watch  José Miguel Vivanco  indicó:  “Todos quedan bajo sospecha y se viola el debido proceso. No se puede seguir usando a la justicia políticamente, como pasó en los gobiernos de Evo Morales y Jeanine Añez”.

 

 

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