Ministros y presidentes de comisiones tienen patrimonio de 0 a Bs 1,2 millones

En el resumen de declaraciones juradas de la Contraloría, algunos ministros tienen hasta 10 bienes y deudas que superan Bs 1,5 millones, y entre los senadores hay quienes no tienen patrimonio ni renta.
jueves, 12 de noviembre de 2020 · 01:08

Cándido Tancara Castillo  / La Paz

En las declaraciones de bienes y rentas de los 16 ministros de Estado posesionados el lunes y de los 10 presidentes de las comisiones del Senado, conformados el martes, se puede observar que algunos tienen cero de patrimonio y otros hasta 1,2 millones de bolivianos. Algunos ministros tienen hasta 10 bienes y deudas que superan los 1,5 millones de bolivianos, y entre los senadores hay quienes no tienen patrimonio ni renta, pero sí deudas.

El resumen de las declaraciones juradas de bienes, activos, deudas y rentas (ingresos anuales) de ministros y senadores se puede conocer en la página web de la Contraloría General del Estado, pues todos los servidores públicos realizan sus declaraciones públicas antes de asumir el cargo, también al concluir, en cumplimiento del Decreto Supremo 1233 de 2012.

Entre los ministros, destaca el de Justicia, Iván Lima, que tiene una deuda  de  1.538.604 bolivianos, seguido por el de Economía, Marcelo Montenegro, con   980.875 bolivianos, luego está el de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, con  905.336. Los titulares de Hidrocarburos, Franklin Molina, y de Planificación del Desarrollo, Gabriela Mendoza, tienen deudas menores, 1.768 y 4.934 bolivianos, respectivamente. Además cinco ministros no tienen deudas. 

El canciller Rogelio Mayta destaca porque tiene uno de los patrimonios más altos, 1.007.369 bolivianos. El titular de Desarrollo Rural y Tierras, Wilson Cáceres, tiene el segundo  más alto, 557.960, y el tercero lo ocupa el de Justicia con 500 mil bolivianos. En el otro extremo se encuentra el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, con 57 bolivianos. (ver cuadros) 

El ministro de Minería, Félix Villavicencio, ingeniero metalúrgico y representante de la Empresa Metalúrgica Vinto (Oruro), tiene la renta más alta, 1.121.409 bolivianos, el ministro Cáceres tiene la segunda más elevada, 529.200, le sigue el titular de Salud, Édgar Pozo, médico cirujano de profesión, con 386.555, luego el ministro Lima con 327.691 bolivianos. Cinco de los nuevos ministros declararon que no tienen ingresos cuando asumieron el cargo: el de Gobierno, Eduardo del Castillo; el de Educación, Adrián Quelca; el titular de Defensa; la de la Presidencia, María Nela Prada; y el canciller Mayta. En cuanto a bienes, los ministros Lima y Cáceres también destacan porque el primero tiene 10 bienes y el segundo ninguno.

De los 10 presidentes de las comisiones de la Cámara Alta, el senador de Creemos Julio Romaña Galindo tiene el patrimonio más alto, 1.269.800 bolivianos, le siguen tres del Movimiento Al Socialismo (MAS), Isidoro Quispe Huanca con 974.400, María Patricia Arce Guzmán con 701.500 y Ana María Castillo Negrette con 370.500 bolivianos.  La senadora Cecilia Moyoviri Moye, una de las defensoras del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (Tipnis) y de Comunidad Ciudadana, no tiene patrimonio ni renta, pero sí una deuda de 30.000 bolivianos; Silvia Salame, de la misma organización política, reporta 40.633 de patrimonio; la senadora masista Virginia Velasco tiene 40.271 bolivianos. En este grupo de senadores, que dirigen las 10 comisiones, la legisladora Velasco aparece con la mayor deuda, 934.024 bolivianos, seguida por Daly Cristina Santa (CC) con 384.498 bolivianos, luego Roberto Padilla (MAS) con 70.000 bolivianos. Seis legisladores dicen que no tienen deudas.

Entre los que tiene  rentas altas se encuentra la senadora y exalcaldesa de Vinto Patricia Arce con 68.750 bolivianos, seguida por Silvia Salame con 44.772. Entre los 10 senadores, Arce Guzmán reporta cuatro bienes; Julio Romaña, tres, Ana María Castillo, Miguel Pérez y Daly Cristina Santa María, cada uno  dos; Virginia Velasco, Isidoro Quispe, Roberto Padilla y Cecilia Moyoviri, cada uno con un bien. Solo la senadora Salame reporta que no tiene ningún bien. 

El DS 1233 señala que la Contraloría, previo requerimiento  judicial y dentro de un proceso formal instaurado por  corrupción, verificará el contenido de la declaración jurada. Indica que se podrá rectificar la información del formulario  con la presentación de otro, pero la rectificación no invalida la presentación de la declaración jurada.

Punto de vista
Carlos Cordero,  analista político
 

“Declaraciones necesitan ajustes”

Si el Estado quiere conocer cuál es el patrimonio que tienen las autoridades electas, la declaración de patrimonio es muy genérica, es un mecanismo que requiere ajustes, el Estado debería investigar sobre la base de las declaración jurada para confirmar las afirmaciones que hacen las autoridades electas, desde el Presidente hasta el último de los diputados, para fiscalizar realmente, porque son autoridades electas y están muy cerca del poder y tienen influencia; debería haber un proceso de fiscalización, si de verdad se quiere conocer con qué patrimonio cuentan, con qué recursos han llegado hasta el puesto de autoridades. Entonces la información que proporcionan se acercará más a la realidad. La Contraloría tendría que hacer una investigación para encontrar la veracidad de las declaraciones de patrimonio, aunque sea al azar o selectivamente, porque hay personas que tienen un gran patrimonio, no les interesa la política, pero son hombres ricos. ¿Con qué propósito quieren hacer política? Una otra persona que no declara ningún patrimonio ¿con qué propósito? ¿Con qué recursos ha llegado a ser autoridad  electa?

 

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