«Es injusto lo que pasó con Franclin y es injusto lo que pasó con Quintana»

El titular de Justicia considera que su puesto es transitorio, pero este tiempo quiere reformar la justicia bajo tres ejes centrales: La institucionalización, evaluación de los jueces y una formación.
domingo, 15 de noviembre de 2020 · 00:30

Daniela Romero L.   / La Paz

Trabajar en medio de memoriales, denuncias, sentencias, proyectos y audiencias ha sido su vida durante más de 23 años. El ámbito judicial se ha constituido en su pasión, pues desde sus inicios como estudiante de Derecho hasta escalar a juez no ha dejado de  proyectar reformas   ni un solo día.

   Iván Lima Magne asumió esta semana el cargo de ministro de Justicia “con responsabilidad” y seguro de que se trata de un puesto transitorio. Pero, durante este periodo tiene claro que se debe poner en práctica una reforma de la justicia para que deje de ser una fantasía, por lo que plantea tres ejes clave.

   Durante su reciente desempeño como abogado y analista fue criticado por ser afín al Movimiento Al Socialismo (MAS). Lima conversó con Página Siete, aseguró que siempre fue apegado a las leyes, que jamás la política debe entremeterse en la justicia, como ocurrió hasta ahora. Por eso, se anima a decir que “fue injusto” lo que pasó con el dirigente cocalero Franclin Gutiérrez, pero también fue injusto lo que pasó con Juan Ramón Quintana, exministro del MAS.

¿Cómo recibe la designación, quién lo invitó a formar parte del gabinete de Luis Arce?

El presidente Arce me invitó, lo asumo con mucha responsabilidad, es una función en la que estoy desde 1997, no como ministro, sino dentro de la justicia. He tenido mis inicios con el doctor René Blatmann, cuando él asumió como el segundo ministro de Justicia; yo trabajaba en la comisión de reformas del orden jurídico penal en mi segundo año de Derecho, como parte de los mejores alumnos. De ese grupo, soy el segundo ministro de Justicia.

 Creo que esta es  una apuesta del Presidente, apostar por los jóvenes, en todos los puestos del Gobierno, comprometidos con su pueblo y que quieran hacer transformaciones. Lo he asumido como me han enseñado.

Usted es uno de los ministros jóvenes de este equipo, pero hay 23 años de experiencia, ¿cuáles fueron sus cargos anteriores?

Cuando comencé la carrera en 1992, Huáscar Cajías era mi maestro e hizo una pregunta en las clases: ‘¿Quiénes van a ser jueces?’, fui el único que levantó la mano, esa era mi vocación. Cuando me gradué  no había manera de entrar a la carrera judicial, porque no teníamos una escuela  en Bolivia. En esos años había que ir a pedir al ministro, al presidente del Senado que te nombre juez. En 2000 se abrió el Instituto de la Judicatura;  me gradué, tampoco pude ejercer como juez porque si no eras del MNR o ADN no tenías ninguna posibilidad.

Comencé a trabajar  en el plan Justicia para Todos, con Eduardo Rodríguez Veltzé. Lamentablemente vinieron los hechos de 2003 que terminaron con todo. Durante la gestión de Carlos Mesa fui director de Política Criminal del Ministerio de Justicia y director nacional de Defensa Pública. En 2006 comenzó la gestión del MAS y trabajé con René Martínez, Jorge Alvarado;  trabajé en los proyectos y en las comisiones con asesoramientos en la Asamblea Constituyente;  he sido abogado de Roberto Aguilar y de muchos asambleístas, cuando había persecución, de ahí que viene mi relación con el MAS. 

Después de la Constituyente  se definió que iba a haber elecciones por voto popular. En la primera elección de 2011 fui candidato al TSJ por La Paz,  cuando el vocal Alave renunció como magistrado y  yo asumí su lugar. Después me preparé para la siguiente elección para el TCP, la Asamblea Legislativa me eligió por dos tercios de votos. Y luego de eso me fui al Centro de Estudios de Justicia y participación (Sejip), una ONG en materia de justicia. Hasta el viernes (6 de noviembre) era el director ejecutivo del Sejip.

¿Fue uno de sus objetivos ser ministro de Justicia?

Yo quería volver al Poder Judicial. Estoy convencido de que el ministerio es un paso transitorio. Imagine un Ministerio de la Asamblea Legislativa, los parlamentarios dirían “¿qué le pasa al Ejecutivo?”. Hablar de un Ministerio de Justicia e independencia judicial es incompatible;  el Ministerio de Justicia tiene un rol que debe ser de construcción de políticas públicas en las áreas de Derechos Humanos, buscar que los más vulnerables tengan derechos acordes y una atención suficiente, pero la justicia tiene que ser independiente.

¿Cómo se ve de aquí a 5 años?

Me veo de vuelta en la justicia. Los jueces son jueces en Achacachi, en el pueblo más alejado de Pando o en el Tribunal Supremo como presidente;  juez es juez, no tenemos rangos en la justicia. En la justicia no hay grados como en las Fuerzas Armadas. Este es un paso transitorio para volver a la justicia;  quiero ser juez, estaría feliz de ser  juez en el pueblo más alejado o en el tribunal supremo.

 ¿Y en esta etapa transitoria, cómo pretende reformar la justicia?

Esta es una justicia para ricos, no tenemos una justicia para el ciudadano. Hemos normalizado una injusticia estructural y cuando se plantean los escenarios de solución, pasan por el factor humano. Que los jueces  estén tranquilos, que su independencia está protegida, que no habrá más llamadas, tuits o interferencias del Órgano Ejecutivo hacia el trabajo del Poder Judicial.

La primera meta es la institucionalización del Poder Judicial. Hoy todos los jueces son transitorios y eso no puede ser, los jueces tienen que tener una carrera indefinida. El Consejo de la Magistratura, desde que se ha creado, no ha establecido una carrera judicial, pero también la Asamblea Legislativa puede emitir una ley de carrera judicial. Ya pedí a la Magistratura  que la carrera se implemente totalmente en esta gestión; si no hay esa voluntad del Consejo, vamos a promover una ley.

El segundo objetivo es la evaluación del desempeño. Cuando un juez piensa que su juzgado es el trono y él es el rey, pierde su carácter democrático;  el juez es el personaje más democrático que debe tener un país, entonces tiene que estar sujeto a la visión de todos, de todo el pueblo. Eso se llama evaluación de desempeño. 

Analizar todo el mapa de la justicia y ver cómo la volvemos eficiente, cómo identificamos a la manzana podrida antes de que cometa un delito. No podemos esperar un caso como el de Patricia Pacajes. Tenemos que identificarlos de entrada, ver qué jueces hacen buen trabajo,  quiénes no y ver la calidad de decisiones, si son independientes, pero si un juez falla no puede quedarse. El juez no es un pequeño rey en su trono, es un funcionario que ha sido elegido democráticamente.

El tercer elemento fundamental es el Instituto de la Judicatura, es decir la formación. No le puedo pedir excelencia a un juez institucionalizado si no tiene  herramientas. Tengo que darle las herramientas, ya no hay ningún país del mundo sin inteligencia artificial para ver la jurisprudencia actual. Entonces, el instituto no solamente formará a los jueces y mantendrá capacitados. El reto es unificar a los institutos que tenemos.  Con esos tres factores deberíamos tener a esos 1.100 jueces motivados para administrar justicia en el país. Ese es mi rol, no es decirle al juez que libere a alguien o que detenga  a otro.

 Si bien en los 90 había que pedir a la ADN o al MNR para ser jueces, ¿no cree que en estos 14 últimos años  ha pasado lo mismo con el MAS?

Lamentablemente hemos confiado en la Magistratura. En otros países los jueces pasan por evaluaciones y procesos para ser jueces, no interviene el poder político. Eso no pasó en Bolivia.  

El Consejo de la Magistratura es el que elige a los jueces, dos pueden elegir a todos y destituirlos. Eso hubiese sido un ejercicio de democracia importante si estas personas hubieran sido lo más proactivas, intachables y consecuentes en el proceso de reforma judicial.

Hay jueces como Roger Valverde, Marcela Siles y otros  que han sido separados por ser  independientes, eso no es correcto.

 Jamás la designación debe ser al calor político o que sea ahijado o compadre de alguien. La carrera judicial es la base de todo.

 ¿Para algunas reformas, se pretende modificar la Constitución?

No,   sólo es normativo, la ley 025 y reglamentos. Sí necesitamos reforma constitucional para la elección de voto popular, que es un compromiso del presidente Arce, ratificado por Fernando Camacho y Carlos Mesa. Las tres fuerzas políticas han planteado que se necesita cambiar y evaluar la elección de magistrados por voto popular. En ese caso hay que hacer un análisis de dos vías: reformar parcialmente la Constitución;  ello implica  que la Asamblea debe votar por dos tercios y aprobar una ley, va al control del TCP y se va a un referendo. La otra es una Asamblea Constituyente, no veo que sea posible por  la coyuntura.

¿Abrimos sólo para ese tema? Pienso que no, los estatutos autonómicos y cartas orgánicas aprobadas por referendo se pueden ajustar en la CPE.

 Estoy pensando que este trabajo debe ser plural. Si de algo me arrepiento es de no haber hecho la socialización adecuada del Código de Sistema Penal.

Esos proyectos para reformarse en la CPE, si fuera el caso, primero deben pasar por un tamiz de  abogados destacables. Ojalá que me acepten ser parte de este primer equipo que decida plantear la propuesta de ajuste a la Constitución o  sólo un ajuste legal. Después de hablar con ellos pasaremos a todos los niveles.
 

¿Cómo recibe las resoluciones de la Fiscalía y jueces en favor de los exministros de Evo Morales? 

Hay que analizar caso por caso, podríamos hacerlo, conozco todos los casos;  a lo largo de este año me preocupó la persecución política porque no se aplicaba el debido proceso. No se puede imputar a alguien si no se lo escucha, es un principio básico. Un fiscal sólo puede iniciar un caso si le ha comunicado el inicio del caso a la persona.

 El argumento de defensa  que han usado es básico, o sea si quiero notificar en México, debo usar  el conducto diplomático: Cancillería, Cancillería mexicana y de regreso la notificación aquí. La residencia mexicana  es territorio mexicano, no puedo notificarlo por edicto, no puedo notificar en un aviso de prensa, pegarlo en la pared o sacar un mandamiento de aprehensión.

Los fiscales no cumplieron con un mecanismo básico. Esos fiscales que han permitido  tanto tiempo ese abuso, deberían dejar el cargo, si hubiera una evaluación.

Se ha  corregido en un momento político inoportuno, sí, pero era un error y los errores no se pueden tolerar. 

 Una justicia que tarda tanto, por qué lo sacó en este momento. Tenía miedo esta justicia, me pregunto. ¿Había miedo a (Arturo) Murillo? Los primeros meses que me digan quién no le tenía miedo a Murillo y quién no le tenía miedo a la arbitrariedad del anterior gobierno. Creo que hay que darle contexto a lo que ha pasado.

¿Y el mismo criterio tiene para los casos de Evo Morales?

La notificación tenía que ser en Argentina, fuera del país.  Un expresidente debe tener juicio de responsabilidades aprobado por la Asamblea, no puede  ser sometido a juicio si no tiene autorización. Eso va para Jeanie Añez, fue para Luis García Meza y tiene que ser para Morales. Tiene que estar clara la situación, si actuó como expresidente o actuó como un ciudadano.

Otra cosa ocurre cuando él actúa como ciudadano particular, por ejemplo por el caso de estupro. Este delito es de acción pública a instancia de parte; por lo tanto, si la víctima no  inicia el caso, no puede proseguir.  

Creo que el único caso en el que se le concedió la acción de libertad es por terrorismo y sedición. Como abogado he promovido una acción de inconstitucionalidad contra esos dos delitos. Porque la forma de sedición como está escrita actualmente viola la liberta de expresión.

 ¿Si para usted los exministros de Morales sufrieron persecución, no cree que pasó lo mismo en otros casos, como en el de Franclin Gutiérrez?

Es lo que le digo de la independencia de la justicia. ¿Vio la situación de Franclin cuando cambió el Gobierno? Me pareció conmovedor que salga con ese castillo para su hija y que haya tenido todos los problemas que ha tenido siendo inocente. La regla debe ser defenderse en libertad, la detención preventiva debe ser mínima. 

Les pido que nos den la oportunidad de discutir otra vez el Código de Sistema Penal. La reforma para los exministros, para Franclin y para todos está en ese Código. Es injusto lo que ha pasado con Franclin y es injusto lo que pasó con Juan Ramón Quintana.

¿Cómo encarará el Gobierno el juicio de responsabilidades contra la expresidenta Añez?

Si hay algo que ha señalado el Presidente es que tiene que haber independencia de poderes, y también el Ministerio Público tiene que cumplir su función. Lo que ha hecho la Asamblea Legislativa es presentar informes que ha derivado a la Fiscalía y es el Fiscal General  el que tiene que construir esa acusación. Lo que tiene que hacer el Gobierno es garantizar que se den las condiciones de un debido proceso para Añez y para cualquier persona.

 La justicia a través del fiscal y del Poder Judicial tiene que desarrollar un procedimiento previo; el caso tiene que pasar a la Asamblea y esta debe autorizar el juicio por dos tercios de votos. Salvo en caso de que haya habido violación de derechos y garantías, con lo cual no hay ningún fuero ni privilegio. Eso podría darse, la Comisión Interamericana de DDHH ha elegido un grupo de cinco expertos del más alto nivel que tienen que venir para generar un informe sobre el caso Senkata y Sacaba.
 

HOJA DE VIDA

  • Inicios  Se graduó como abogado de la Universidad Católica. 
  • Carrera   Trabajó en proyectos con abogados como René Blattmann. Fue asesor en la Constituyente.
  •  Cargos  Fue vocal en el Tribunal Supremo de Justicia y magistrado en el Tribunal Constitucional.

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