Activan nuevas denuncias contra Franclin Gutiérrez y Marcel Rivas

Son cinco los dirigentes cocaleros de los Yungas sobre los que pesan las nuevas acusaciones, vinculadas a los enfrentamientos en La Asunta, en 2018.
martes, 24 de noviembre de 2020 · 01:40

Página Siete / La Paz

Cuando transcurrió poco más de un año de haber dejado el penal de San Pedro, luego de 15 meses de encierro por una denuncia que las autoridades del gobierno de Evo Morales no pudieron sustentar, la Fiscalía activó ahora otra acusación contra el ejecutivo de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Franclin Gutiérrez, y otros cuatro dirigentes.

A la vez, el Gobierno anunció el inicio de un segundo proceso contra el exdirector de Migración  Marcel Rivas, a quien acusa de haber utilizado su cargo para fines de persecución política.

Ambas acusaciones fueron rechazadas ayer por los afectados, en el primer caso porque el asunto ya había sido prácticamente esclarecido, lo que motivó la liberación de Gutiérrez en noviembre de 2019. En el segundo, porque se pretende atribuir a Rivas una responsabilidad que no sería de su plena competencia.

Gutiérrez lidera la Adepcoca contestataria al gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), que retornó al poder el 8 de noviembre, mientras que Rivas fue parte del gobierno de transición de Jeanine Añez, al que el oficialismo considera una administración de facto.

El dirigente cocalero había sido acusado por la muerte del policía Daynor Sandoval en un enfrentamiento en La Asunta, en agosto de 2018. El 14 de noviembre de 2019 un juez lo liberó porque no habían pruebas en su contra.

Hace dos semanas, en una entrevista con Página Siete, el ministro de Justicia, Iván Lima, opinó que “es injusto lo que ha pasado con Franclin” y “que haya tenido todos los problemas que ha tenido siendo inocente”.

Esta vez, según explicó  el abogado Eusebio Vera, quien representó a Gutiérrez en el primer caso y reveló la nueva acusación, el dirigente cocalero es sindicado por la Fiscalía por los delitos de atentado contra los medios de transporte, instigación pública a delinquir y atentado contra miembros de la seguridad nacional.

“(La acusación) es producto de la investigación que fue abierta hace dos años, producto de la muerte del teniente  Sandoval en La Asunta”, precisó. Hizo notar que los tipos penales por los que ahora se acusa a los dirigentes cocaleros son menores a los de inicio y que se sancionan con uno a cuatro años de prisión.

Explicó que la nueva acusación fue presentada el 29 de octubre contra Gutiérrez, Sergio Pampa, Wilmer Silva y otros dos dirigentes, que son Oswaldo Bautista Nina y Santos Luna Montevilla, según un documento revelado por la agencia APG.

Pampa, consultado sobre esta nueva acusación, dijo que hasta ayer en la tarde no le llegó oficialmente ninguna notificación oficial y se declaró sorprendido porque se insista con las denuncias. Vera aseguró que el documento es oficial y señaló que seguramente la notificación llegará en los próximos días.

“No entiendo de qué nos están acusando. Pero nunca vamos a tener miedo de enfrentar ningún proceso porque no hemos hecho nada malo, pero es muy raro esto (…) Ya hemos ido a las inspecciones e inclusive se ha presentado en dos oportunidades el sobreseimiento del caso”, dijo Pampa.

En el caso de Rivas, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, anunció ayer la presentación de una segunda denuncia contra esta exautoridad, esta vez por los delitos de  incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias. El exdirector de Migración ya enfrenta un proceso por uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes, por sospecha de haber encubierto la salida del país de los exministros de Gobierno y Defensa  Arturo Murillo y Fernando López, respectivamente.

Del Castillo acusó a Rivas de haber “utilizado la institución con fines políticos”, ya que de 1.061 alertas migratorias que se emitieron en su gestión, “el 42% fueron ilegales para perseguir a exfuncionarios (del MAS), políticos, periodistas, diplomáticos e incluso empresarios”.

El abogado defensor de Rivas, Carlo Brito, dijo que toda denuncia debe ser respaldada con pruebas, lo que no ocurrió en este caso. Respecto a la emisión de alertas migratorias, explicó que éstas son emitidas a requerimiento del Ministerio Público y no por capricho del director de Migración.

Dijo que incluso existe un convenio interinstitucional de interoperatividad que abre las puertas para que el Ministerio Público pueda aplicar directamente las alertas migratorias en el sistema nacional de Migración. “¿Cómo pueden acusar a Marcel Rivas de hacer las alertas migratorias? Las alertas migratorias solamente las hace el Ministerio Público dentro de un proceso”, cuestionó.

El fin de semana el Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal de La Paz dispuso cuatro meses de prisión preventiva para Rivas, pero éste fue trasladado a la Clínica del Sur por un cuadro de lumbalgia. Ayer, el especialista que lo atiende emitió un informe médico en el que señala que Rivas vive con un solo riñón y que éste funciona al 50%, por lo que recomienda mantenerlo en observación hasta este viernes 27.
 

 

 

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